Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de casas Viejas, el Partido Socialista Obrero Español, realizó actos conmemorativos de lo sucedido. Con cinismo singular, confundiendo a la ciudadanía, toma la bandera del recuerdo y de la indignación de lo sucedido, dejando de lado que las autoridades del Partido, en esa época, eran aliados del presidente Azaña, a quien no criticaron, al menos en forma pública, por haber desconociendo la ocurrencia de los asesinatos, de la masacre en la que se emplearon balas y fuego.
Para la época en que sucedieron tales eventos criminosos, no se hizo oir la voz de este partido político, manifestando su repulsa a la conducta inhumana seguida por funcionarios estatales, siguiendo ordenes de las mas altas jerarquías, del gobierno republicano español.
"La masacre injustificada de Casas Viejas trascendió muy pronto a la opinión pública, causando un enorme impacto tanto en el movimiento obrero como entre las fuerzas políticas de izquierda que habían prestado hasta entonces su apoyo al gobierno de Azaña. Desde el 12 de enero, las noticias aparecidas en el Diario de Cádiz dieron la señal de alarma sobre la gravedad de los hechos. A Madrid llegaba un continuo goteo de informaciones que, en los días siguientes, fue aumentando el escándalo político. El día 13, los órganos de información del movimiento obrero (La Tierra, Mundo Obrero, La Libertad) ofrecieron una primera versión detallada de los acontecimientos que causó estupor. Sin embargo, todavía no se conocía lo peor: el fusilamiento sumario de los catorce jóvenes detenidos. (N.de R.: conforme la interpretación dada por la Corte Penal internacional, ese evento podría calificarse como Delito de Lesa Humanidad. De acuerdo a lo que sostiene muestra Justicia sería "Terrorismo de Estado" ya que las fuerzas de seguridad dependían del Estado español y cumplían ordenes emanadas directamente de la cúspide del gobierno del señor Azaña)
El periódico anarquista CNT describió así los acontecimientos de Casas Viejas:"Fue una razzia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño". La prensa de derechas, como el diario monárquico ABC, aprobó en principio con entusiasmo esta muestra de contundencia contra el movimiento anarquista. Pero pronto el escándalo fue tal que el episodio de Casas Viejas se convirtió en un arma propagandística que la derecha supo aprovechar convenientemente, uniéndose a las voces de protesta contra la actuación del gobierno de Azaña.
Los portavoces del gobierno intentaron capear el temporal mediante una actitud complaciente con la derecha, haciendo pasar lo ocurrido en Casas Viejas como un episodio sin trascendencia de la lucha contra la "sinrazón del comunismo libertario". Al mismo tiempo, ofrecieron versiones contradictorias de los acontecimientos. Pero éstos eran demasiado graves para mantenerlos ocultos; una masacre de tal gratuidad no podía pasar inadvertida en un clima político de acoso y derribo a un gobierno que había decepcionado a la izquierda y aparecía ahora como un aliado de la derecha en la represión del movimiento obrero y campesino. La oposición parlamentaria exigió la apertura de una investigación, en tanto que Azaña trataba de convencer a los socialistas de la coalición de gobierno para que mantuvieran su apoyo al gabinete. Pero el escándalo crecía día a día, aireado sensacionalmente por la prensa. Particularmente dañinas para el gobierno fueron las declaraciones que el capitán Rojas hizo a los periodistas, asegurando que había recibido, a través de la Dirección General de Seguridad, órdenes directas del ministro de Gobernación, Casares Quiroga, y que estas órdenes procedían de "arriba".
Según Rojas, las instrucciones del jefe del gobierno habían sido claras: "ni heridos ni prisioneros: los tiros a la barriga".
Estas noticias causaron una honda impresión en la opinión pública. El hecho de que la guardia de asalto, recientemente creada para la defensa de la República, masacrara arbitrariamente a un grupo de campesinos iletrados, produjo la indignación de los sectores progresistas de la sociedad española, lo que agravó la falta de apoyos del gobierno de Azaña. El 2 de febrero de 1933, los hechos de Casas Viejas fueron expuestos ante el Congreso en toda su crudeza por el prestigioso diputado radicalsocialista Eduardo Ortega y Gasset, que conminó a Azaña a dar una explicación. En su comparecencia, Azaña, asesorado apresuradamente por Casares Quiroga, pronunció una de las frases más desafortunadas de su carrera política: "En Casas Viejas no ha ocurrido nada, que sepamos, excepto lo que tenía que ocurrir". (Sobre si la ignorancia de Azaña acerca de lo ocurrido en Casas Viejas era real o ficticia existen opiniones encontradas. En sus diarios, el jefe del gobierno se muestra alarmado y, posteriormente, avergonzado, por la constatación de la barbarie practicada contra los campesinos rebeldes. Sin embargo, su actitud política hacia el movimiento anarquista fue en todo momento de extrema dureza, al considerarlo una amenaza contra el modelo de progreso social de la socialdemocracia.) Azaña explicó que la actuación de las fuerzas de seguridad había sido necesaria, a pesar de que los rebeldes eran apenas "unas docenas de hombres enarbolando esta bandera del comunismo libertario", porque había que atajar cualquier posibilidad de que la insurrección se extendiera a otras localidades gaditanas, como estaba previsto.
Las declaraciones de Azaña causaron indignación en el Congreso. La polémica se prolongó durante los meses siguientes, mientras seguían llegando los datos del sumario abierto por el juez de Medina Sidonia, supervisado por el Tribunal Supremo, y de la investigación que instruían dos comisiones parlamentarias, una oficial y otra oficiosa. Las noticias eran tan espeluznantes que Azaña se vio obligado a rectificar y declaró haberse equivocado en su primera interpretación, alegando el desconocimiento de los hechos. Siguió negando, sin embargo, que desde el ministerio de la Gobernación se hubiera dado orden de proceder sumariamente contra los rebeldes, pese a las pruebas y testimonios en contra. La investigación se saldó con la suspensión y procesamiento de cinco capitanes de guardias de asalto, quienes declararon haber procedido bajo las órdenes directas de la Dirección General de Seguridad. En marzo de 1933, Azaña tuvo que rectificar de nuevo para reconocer, ante el escándalo general, que en efecto se habían producido fusilamientos en Casa Viejas. El director general de Seguridad, Arturo Menéndez, presentó su dimisión al demostrarse su responsabilidad y abrírsele un proceso judicial (que luego fue sobreseído por orden de Azaña)."
(Seleccionado de la web española http://www.iesmontilivi.net/arees/Ciencies%20Socials/Web/2Bat/HistoriaComuna/apunts/10%20SegonaRepublica/Casas%20Viejas.pdf)
Los portavoces del gobierno intentaron capear el temporal mediante una actitud complaciente con la derecha, haciendo pasar lo ocurrido en Casas Viejas como un episodio sin trascendencia de la lucha contra la "sinrazón del comunismo libertario". Al mismo tiempo, ofrecieron versiones contradictorias de los acontecimientos. Pero éstos eran demasiado graves para mantenerlos ocultos; una masacre de tal gratuidad no podía pasar inadvertida en un clima político de acoso y derribo a un gobierno que había decepcionado a la izquierda y aparecía ahora como un aliado de la derecha en la represión del movimiento obrero y campesino. La oposición parlamentaria exigió la apertura de una investigación, en tanto que Azaña trataba de convencer a los socialistas de la coalición de gobierno para que mantuvieran su apoyo al gabinete. Pero el escándalo crecía día a día, aireado sensacionalmente por la prensa. Particularmente dañinas para el gobierno fueron las declaraciones que el capitán Rojas hizo a los periodistas, asegurando que había recibido, a través de la Dirección General de Seguridad, órdenes directas del ministro de Gobernación, Casares Quiroga, y que estas órdenes procedían de "arriba".
Según Rojas, las instrucciones del jefe del gobierno habían sido claras: "ni heridos ni prisioneros: los tiros a la barriga".
Estas noticias causaron una honda impresión en la opinión pública. El hecho de que la guardia de asalto, recientemente creada para la defensa de la República, masacrara arbitrariamente a un grupo de campesinos iletrados, produjo la indignación de los sectores progresistas de la sociedad española, lo que agravó la falta de apoyos del gobierno de Azaña. El 2 de febrero de 1933, los hechos de Casas Viejas fueron expuestos ante el Congreso en toda su crudeza por el prestigioso diputado radicalsocialista Eduardo Ortega y Gasset, que conminó a Azaña a dar una explicación. En su comparecencia, Azaña, asesorado apresuradamente por Casares Quiroga, pronunció una de las frases más desafortunadas de su carrera política: "En Casas Viejas no ha ocurrido nada, que sepamos, excepto lo que tenía que ocurrir". (Sobre si la ignorancia de Azaña acerca de lo ocurrido en Casas Viejas era real o ficticia existen opiniones encontradas. En sus diarios, el jefe del gobierno se muestra alarmado y, posteriormente, avergonzado, por la constatación de la barbarie practicada contra los campesinos rebeldes. Sin embargo, su actitud política hacia el movimiento anarquista fue en todo momento de extrema dureza, al considerarlo una amenaza contra el modelo de progreso social de la socialdemocracia.) Azaña explicó que la actuación de las fuerzas de seguridad había sido necesaria, a pesar de que los rebeldes eran apenas "unas docenas de hombres enarbolando esta bandera del comunismo libertario", porque había que atajar cualquier posibilidad de que la insurrección se extendiera a otras localidades gaditanas, como estaba previsto.
Las declaraciones de Azaña causaron indignación en el Congreso. La polémica se prolongó durante los meses siguientes, mientras seguían llegando los datos del sumario abierto por el juez de Medina Sidonia, supervisado por el Tribunal Supremo, y de la investigación que instruían dos comisiones parlamentarias, una oficial y otra oficiosa. Las noticias eran tan espeluznantes que Azaña se vio obligado a rectificar y declaró haberse equivocado en su primera interpretación, alegando el desconocimiento de los hechos. Siguió negando, sin embargo, que desde el ministerio de la Gobernación se hubiera dado orden de proceder sumariamente contra los rebeldes, pese a las pruebas y testimonios en contra. La investigación se saldó con la suspensión y procesamiento de cinco capitanes de guardias de asalto, quienes declararon haber procedido bajo las órdenes directas de la Dirección General de Seguridad. En marzo de 1933, Azaña tuvo que rectificar de nuevo para reconocer, ante el escándalo general, que en efecto se habían producido fusilamientos en Casa Viejas. El director general de Seguridad, Arturo Menéndez, presentó su dimisión al demostrarse su responsabilidad y abrírsele un proceso judicial (que luego fue sobreseído por orden de Azaña)."
(Seleccionado de la web española http://www.iesmontilivi.net/arees/Ciencies%20Socials/Web/2Bat/HistoriaComuna/apunts/10%20SegonaRepublica/Casas%20Viejas.pdf)
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