Lo que se refiere a continuación, es lo mas parecido a lo que acontecería si España estuviera regida por el Régimen K. En efecto, el atropello a la Justicia es notorio, sacarse de encima compromisos internacionales, es usual, imputar a la Justicia, por los errores propios, está de moda, sacarse de encima las responsabilidades propias de cada gobernante, es la lógica marxista. Impedir a la Armada, que cumpla con sus obligaciones, está dentro de la lógica de quienes piensan que las FF.AA. de un país, sirven solamente para una guerra internacional y nada mas.
"Las nuevas revelaciones en torno al secuestro del Alakrana exigen una rectificación en toda regla de lo que aquí mismo se dijo la pasada semana a propósito de la intervención en el caso del juez Garzón y de la orden de prisión dictada contra los dos piratas apresados por la Armada, una iniciativa descabellada que sigue complicando la liberación de los 36 tripulantes del atunero.
Ni es a Garzón a quien hay que culpar de “meter palos en las ruedas del proceso” ni es él quien ha jugado a la ruleta rusa con la vida de los secuestrados. Tal y como ha confirmado este jueves la presidencia de la Audiencia Nacional en una inusual nota pública, el juez no actuó de oficio sino que fue la abogacía del Estado, o sea el Gobierno, quien presentó la denuncia, y fue la fiscalía, es decir, de nuevo el Gobierno, quien apremió el traslado a España de los detenidos descartando otras opciones. En definitiva, que es el Gobierno y no Garzón el único responsable de este colosal desatino que puede hacer jirones del Estado de Derecho.
Lo que más llama la atención de lo conocido en estos días es que todas las decisiones adoptadas tras el abordaje del atunero partieron directamente de Moncloa, aun cuando algunas de ellas contradecían abiertamente las sugerencias del Ministerio de Defensa y de la propia inteligencia militar.
Así, la captura de los dos piratas fue vivamente desaconsejada en uno de sus informes varias horas antes de que fuese consumada, al considerar que una acción semejante podría acarrear represalias contra los marineros del Alakrana o, cuando menos, elevar la tensión en el barco. La recomendación fue ignorada, y desde la Presidencia del Gobierno partió la orden de apresar a los dos filibusteros, en la desafortunada convicción de que su detención coadyuvaría a la resolución del secuestro.
De lo anterior cabe deducir como primera conclusión que la confianza que la ministra Carme Chacón despierta en el entorno de Zapatero tiende a cero, una desafección que, posiblemente, proceda de la manera que tuvo de gestionar el anuncio de la retirada unilateral de las tropas españolas de Kosovo, asunto que provocó un embarazoso conflicto diplomático con Estados Unidos y con los aliados de la OTAN. Con Chacón convertida en un florero, la responsabilidad de los graves errores cometidos recae directamente en el presidente del Gobierno que, como apuntaba recientemente Carlos Solchaga, no se resiste a tratar a sus ministros como vulgares secretarios.
A la torpeza de interceptar al ya famoso Abdú Willy y a su colega de pendencias se sumó la propia denuncia ante los tribunales, con la que se iniciaba un camino -el del traslado de los detenidos a España- que no tenía marcha atrás ya que la ley obligaba a legalizar su situación en un plazo no superior a las 72 horas. Al mismo tiempo se cerraba la puerta a la cesión de jurisdicción a Kenia, país con el que la UE tiene suscrito un convenio para este tipo de casos, ya que, al haberse producido el secuestro fuera de los límites establecidos por la Operación Atalanta, dicho convenio no era de aplicación. En consecuencia, el fiscal reclamó la competencia para la Audiencia Nacional y solicitó el ingreso en prisión de los detenidos, el origen de todos los problemas.
El resultado es que el mismo Gobierno que provocó el encarcelamiento en España de los piratas se devana ahora los sesos para devolverlos a Somalia, requisito sin el que la liberación del Alakrana se antoja imposible, aun habiendo abonado la factura y la propia correspondiente. La complicación, lógicamente, estriba en hacerlo sin pulverizar la legalidad y el Estado de Derecho, ese mismo que se alega como bien supremo en circunstancias similares y que corre el riesgo de terminar hecho añicos.
Para desfacer el entuerto en tiempo récord, las luminarias de Moncloa han explorado todas las vías, descabelladas mayormente, porque una cosa es retorcer la ley como una bayeta y otra darle materile a garrote vil. Así, se valoró primero la extradición sin juicio, pero se reparó rápidamente en que no existía convenio en tal sentido con Somalia, que en su condición de Estado fallido tiene tanta preocupación por el derecho internacional como un beduino por las inundaciones. Moratinos trabaja en ello, por si acaso.
No es la única opción sobre la mesa. Se ha estudiado la llamada cesión de jurisdicción, que es como la extradición y requiere también de un tratado o de un papelito similar; que sean juzgados aquí y cumplan allí la pena, que es como esperar que se cumpla la profecía y el mundo se acabe en 2012; o el denominado acuerdo de conformidad, que es lo que ha propuesto el nuevo abogado de Abdú Willy, a sueldo de los bufetes británicos que trabajan para los piratas. Esta última vía, consistiría en aceptar que los detenidos no participaron en el secuestro sino que su papel fue el de cooperadores, lo que permitiría expulsarles con la ley de Extranjería en la mano al corresponderles una pena inferior a seis años. Ocurre, sin embargo, que la doctrina establece penas por cada uno de los 36 secuestrados y que el juez Pedraz no está por la labor.
La última vía explorada ha sido la del indulto, que al menos tendría la ventaja de que el oprobio de poner en la calle a los somalíes recaería exclusivamente sobre el Ejecutivo, que, a la postre, ha sido quien ha provocado este vodevil. Ello exigiría cumplir el requisito de un juicio y la existencia de una condena en firme, algo que lleva su tiempo aunque la lenta Justicia española se disfrace de Usain Bolt.
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