Los secuestradores del Alakrana cobraron los más de 2,5 millones de euros del rescate, liberaron a los 36 tripulantes del atunero y, a continuación, huyeron de forma escalonada rumbo a la costa somalí a bordo de sus esquifes. Pero las fragatas de la Armada desplegadas en la zona dejaron escapar a los piratas por orden expresa del Gobierno, a pesar de que, al darse a la fuga con el botín del secuestro, estaban cometiendo un flagrante delito. Pese a ello, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó ayer que "hemos hecho lo que había que hacer". Y María Teresa Fernández de la Vega aseguró que el Ejecutivo "ha cumplido la ley en todo momento".
Fuentes militares aseguraron anoche a El Confidencial que un helicóptero de la Armada que sobrevolaba la zona ametralló la embarcación en la que huían los cinco últimos piratas que quedaban a bordo del Alakrana -de los 68 que llegaron a reunirse ayer en el pesquero vasco para repartirse el botín-, aunque el ataque, siempre según esas fuentes, no pudo evitar que el esquife alcanzara la costa y sus tripulantes pisaran tierra firme, logrando confundirse a continuación entre la población civil.
Los otros 63 secuestradores llegaron a tierra sin el menor contratiempo, ya que sus embarcaciones sólo tuvieron que recorrer las 1,7 millas que separaban el Alakrana de la costa somalí. Mientras tanto, las fragatas de la Armada Canarias y Méndez Núñez permanecieron a más de 15 millas de distancia del atunero, siguiendo las instrucciones que llegaban desde el gabinete de crisis reunido en La Moncloa, según las mismas fuentes militares. Y ello a pesar de que el Gobierno supo desde muchas horas antes que el desenlace del secuestro era inminente.
La vicepresidenta primera del Gobierno, que compareció a media tarde de ayer ante los medios de comunicación, no quiso explicar por qué la Armada dejó escapar a los piratas una vez que la tripulación del Alakrana estaba a salvo y las vidas de los pescadores ya no corrían peligro. Salvo los disparos al esquife que transportaba a los cinco últimos secuestradores, las fragatas -que llevan a bordo helicópteros, lanchas rápidas y una unidad de operaciones especiales de Infantería de Marina- renunciaron a perseguir en caliente a los somalíes mientras huían del atunero a toda velocidad, cumpliendo las órdenes del gabinete de crisis dirigido por la propia De la Vega.
La vicepresidenta, ante la insistencia de los periodistas por averiguar las razones de que no se hubiese intentado capturar a los piratas y si el Gobierno conoce el paradero actual de éstos, se limitó a señalar: "Si supiéramos dónde están, en estos momentos ya estarían detenidos, bien por parte de España o por cualquiera de los países que participan en la Operación Atalanta" de lucha contra la piratería en el océano Índico. De ser ciertas las palabras de De la Vega, lo sorprendente no sólo sería que la Armada hubiese evitado interceptar a los 68 fugitivos -que se repartieron el botín antes de huir del Alakrana-, sino que ni siquiera tratara de seguir su rastro, pese a disponer de los medios necesarios, entre ellos un avión P-3 Orión de patrulla marítima.
El general José Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Defensa y número uno de la cúpula militar, aseguró ayer a El Confidencial, por dos veces, que si la Armada no intervino para capturar a los piratas fue porque "la prioridad era garantizar la seguridad de la tripulación". Pero, ¿por qué no fueron interceptados los secuestradores mientras navegaban en sus esquifes o cuando alcanzaron la costa, una vez que los 68 somalíes que llegaron a estar a bordo del Alakrana habían abandonado el pesquero vasco y la tripulación estaba a salvo? ¿Por qué el Gobierno no ordenó que se les diera caza en tierra firme -como hicieron otros países que han sufrido secuestros similares-, teniendo en cuenta que conoció con mucha antelación que los piratas estaban a punto de liberar el atunero y, por tanto, pudo haber preparado con margen suficiente el dispositivo militar necesario?
Ningún miembro del Gobierno quiso aclarar ayer esas interrogantes: ni Rodríguez Zapatero -que ofreció una rueda de prensa a mediodía, poco después de la liberación del pesquero- ni De la Vega, pero tampoco Carme Chacón, Miguel Ángel Moratinos o Elena Espinosa -que acompañaron a la vicepresidenta en su cita con los informadores- acertaron a explicar las razones de la pasividad de la Armada.
En lugar de ello, la ministra de Defensa incurrió en manifiestas contradicciones, como cuando aseguró anoche, durante una entrevista en directo en el Telediario de TVE, que la captura de Raageggesey Adji Haman y Abdu Willy, los dos piratas detenidos por la Armada que siguen presos en España, se produjo "cuando la vida de la tripulación no corría peligro". ¿Acaso no hubo más riesgo entonces, ya que los secuestradores podrían haber tomado represalias contra la tripulación por la detención de sus compañeros?
En esa misma entrevista, la ministra de Defensa argumentó que si la Armada no capturó ayer a los piratas se debió al riesgo de que éstos o los miembros de algún otro clan somalí "hubiesen tratado de recapturar al Alakrana". Pero, de ser como dijo Chacón, ¿no hubiera bastado la presencia de las fragatas y helicópteros de la Armada para disuadir a los secuestradores de intentar un nuevo abordaje del atunero?
Ni la ministra de Defensa ni la vicepresidenta primera, que han mantenido posturas enfrentadas durante los casi 50 días de secuestro, hicieron ayer la menor autocrítica sobre la forma en que el Gobierno ha gestionado la crisis. De la Vega llegó a asegurar que todas las decisiones que ha tomado el gabinete de crisis sobre la suerte del Alakrana, incluida la captura y traslado a España de los dos piratas, "se han adoptado por unanimidad y sin fisuras", lo cual choca abiertamente con las manifiestas discrepancias que ella misma ha mantenido con Chacón. Y tras afirmar que "el Gobierno siempre está dispuesto a hacer autocrítica", aunque no formuló ninguna, añadió: "Pero en este caso hay unos responsables, que son los piratas".
(Seleccionado de la web española del diario El Confidencial, del 19-11-09)
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