Durante mucho tiempo hemos sido como los leprosos que afean el baile, los secuestrados no somos un tema ‘políticamente correcto’, suena mejor decir que hay que ser fuertes frente a la guerrilla aun sin sacrificar algunas vidas humanas. Ante eso, el silencio. Sólo el tiempo puede abrir las conciencias y elevar los espíritus”, le escribió Íngrid Betancourt a su mamá en una desgarradora carta el pasado 24 de octubre que, sumada a una silente imagen de ella, cabizbaja, casi resignada, contenida en un video que le dio la vuelta al mundo, sacudió el letargo general de los colombianos, rectificó la parálisis de las conciencias sobre el atroz delito del secuestro y generó una cruzada sin fronteras por la liberación de los plagiados en poder de las Farc, que el jueves pasado tuvo un inédito capítulo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Tras los continuos y espeluznantes relatos que van y vienen sobre el precario estado de salud de la ex candidata presidencial en los últimos días —quizá la frase más escalofriante la lanzó el Defensor del Pueblo: “Alguien me dijo que sus características físicas no distan mucho de la de los niños de Somalia”—, el Gobierno Nacional, invocando el interés superior de la paz, expidió el 27 de marzo el Decreto 880, que busca acelerar un acuerdo humanitario con las Farc bajo dos premisas fundamentales: si esa guerrilla libera a los rehenes políticos que tiene en su poder, el Ejecutivo, amparado en un artículo de la Ley de Justicia y Paz, suspendería las condenas vigentes contra subversivos detenidos, incluso aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y les otorgaría la libertad con la obligación de que no vuelvan a delinquir. La novedosa propuesta del Gobierno, explicada en detalle por el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, franqueó uno de los inamovibles del Ejecutivo: la liberación de guerrilleros presos involucrados en masacres, secuestros, lavado de activos o terrorismo. A mediados del año pasado, y por solicitud del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, Álvaro Uribe ‘indultó’ a cerca de 200 subversivos, entre ellos Rodrigo Granda, procesados sólo por el delito de rebelión. El gesto fue recibido con desdén por las Farc. Sin embargo, se supo después que la maniobra política del gobierno francés urgía acercar los contactos con la guerrilla para la liberación de Íngrid Betancourt.Por eso, esta nueva oferta del Gobierno colombiano, más allá de si es aceptada por el secretariado de las Farc, constituye un avance significativo dentro del pulso infecundo que han sostenido la guerrilla y el Gobierno durante los 67 meses que lleva el presidente Uribe despachando desde la Casa de Nariño. “Tenemos afán de acabar con el terrorismo”, dijo ayer Uribe Vélez, y agregó: “Y tenemos afán de que los secuestrados vuelvan a sus hogares”. Y explicó seguidamente que la política de recompensas para los subversivos que entreguen información sigue dando resultados, que existe un fondo de US$100 millones para los subversivos que liberen secuestrados y que se logró resquebrajar la confianza entre las filas guerrilleras. Y, como era obvio, terminó invitando a las Farc para que acojan esta iniciativa.(...) (Extraído de la web de ElEspectador.com, de Colombia, del 29 de marzo de 2008)
Tras los continuos y espeluznantes relatos que van y vienen sobre el precario estado de salud de la ex candidata presidencial en los últimos días —quizá la frase más escalofriante la lanzó el Defensor del Pueblo: “Alguien me dijo que sus características físicas no distan mucho de la de los niños de Somalia”—, el Gobierno Nacional, invocando el interés superior de la paz, expidió el 27 de marzo el Decreto 880, que busca acelerar un acuerdo humanitario con las Farc bajo dos premisas fundamentales: si esa guerrilla libera a los rehenes políticos que tiene en su poder, el Ejecutivo, amparado en un artículo de la Ley de Justicia y Paz, suspendería las condenas vigentes contra subversivos detenidos, incluso aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y les otorgaría la libertad con la obligación de que no vuelvan a delinquir. La novedosa propuesta del Gobierno, explicada en detalle por el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, franqueó uno de los inamovibles del Ejecutivo: la liberación de guerrilleros presos involucrados en masacres, secuestros, lavado de activos o terrorismo. A mediados del año pasado, y por solicitud del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, Álvaro Uribe ‘indultó’ a cerca de 200 subversivos, entre ellos Rodrigo Granda, procesados sólo por el delito de rebelión. El gesto fue recibido con desdén por las Farc. Sin embargo, se supo después que la maniobra política del gobierno francés urgía acercar los contactos con la guerrilla para la liberación de Íngrid Betancourt.Por eso, esta nueva oferta del Gobierno colombiano, más allá de si es aceptada por el secretariado de las Farc, constituye un avance significativo dentro del pulso infecundo que han sostenido la guerrilla y el Gobierno durante los 67 meses que lleva el presidente Uribe despachando desde la Casa de Nariño. “Tenemos afán de acabar con el terrorismo”, dijo ayer Uribe Vélez, y agregó: “Y tenemos afán de que los secuestrados vuelvan a sus hogares”. Y explicó seguidamente que la política de recompensas para los subversivos que entreguen información sigue dando resultados, que existe un fondo de US$100 millones para los subversivos que liberen secuestrados y que se logró resquebrajar la confianza entre las filas guerrilleras. Y, como era obvio, terminó invitando a las Farc para que acojan esta iniciativa.(...) (Extraído de la web de ElEspectador.com, de Colombia, del 29 de marzo de 2008)
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