"Las violencias y desbarajustes de la etapa republicano-socialista motivaron la amplia victoria electoral del centro derecha en noviembre de 1933. Y entonces se produjo la quiebra --aunque todavía oculta-- de la república, al rechazar las izquierdas la votación popular. Azaña y sus correligionarios intentaron golpes de estado para impedir gobernar a los ganadores de las elecciones; los líderes del PSOE, el partido más masivo, apartaron al moderado Besteiro y se volcaron en la preparación de una insurrección, concebida como guerra civil, para liquidar la república e imponer un régimen de tipo soviético; los nacionalistas catalanes y vascos emprendieron movimientos de rebeldía. Estas acciones llevaron a la insurrección de octubre del 34, que en Asturias, durante dos semanas, cuajó en guerra civil como había planificado el PSOE; pero en el resto del país la población no siguió a los revolucionarios ni a los nacionalistas catalanes. Ante la derrota, los jefes rebeldes pretendieron que el levantamiento había sido espontáneo, pero hoy sabemos con certeza que mentían. Y tampoco rectificaron sus actitudes. Lejos de ello, lanzaron una enorme campaña nacional e internacional contra la represión gubernamental en Asturias. Esa campaña utilizó la mentira de forma masiva y envenenó el ambiente popular, como había advertido Besteiro.
Podemos considerar aquella insurrección el comienzo de la guerra civil justamente por eso, porque sus promotores no cambiaron nada esencial de las ideas que les habían llevado a sublevarse, y siguieron fomentando el clima de odio necesario para un enfrentamiento definitivo. Si entonces subsistió la república se debió solo a que las derechas, Franco incluido, no replicaron con un contragolpe y defendieron la legalidad.
De todas formas la derrota izquierdista pudo haber estabilizado una democracia liberal, según el sentido inicial del régimen, pero los derrotados formaron pronto el llamado luego Frente Popular, irreconciliable con las derechas. En cuanto a estas, tras su victoria sufrieron divisiones y los manejos del presidente conservador Alcalá-Zamora, el cual terminó expulsando a la derecha del poder de modo a duras penas legal. La crisis abocó a las elecciones de febrero del 36, que no pueden llamarse democráticas, tanto por las violencias, la huida de las autoridades y las irregularidades en los recuentos, también mencionadas por Azaña, como porque las votaciones reales nunca se publicaron. Durante años, los cálculos de los historiadores variaban en más de un millón de votos, hasta que las investigaciones de Javier Tusell, ya en 1971, proporcionaron cifras más fiables, con un empate aproximado entre derechas e izquierdas.
Así, el triunfo del Frente Popular no procedió de unas elecciones normales y no puede considerarse legítimo. Y su ilegitimidad de origen empeoró al momento con un doble proceso revolucionario. Desde la calle, las masas y partidos izquierdistas imponían su ley en una serie de liberaciones de presos, asesinatos, incendios, ocupaciones de tierras y mil desmanes más, no perseguidos por el gobierno, que en cambio se cebaba contra las débiles réplicas de los grupúsculos falangistas. Y desde el poder, el gobierno mismo procedió a demoler la legalidad republicana para sustituirla por un sistema al estilo del PRI mejicano, reduciendo a la derecha a una oposición impotente, pero que mantuviese una fachada de pluralismo democrático bajo el dominio real e irreversible de las izquierdas. A ese fin despojó arbitrariamente de escaños a las derechas, destituyó ilegalmente a Alcalá-Zamora y suprimió los restos de independencia judicial, sometiendo a los jueces al control de sindicatos y partidos revolucionarios; entre otros atentados a la legalidad. Las reiteradas peticiones de los líderes derechistas en las Cortes para que se cumpliera e hiciera cumplir la ley, una obligación sin la cual todo gobierno se vuelve una tiranía, fueron contestadas con burlas y amenazas de muerte. El asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo, realizado por fuerzas combinadas de seguridad del estado y milicianos socialistas, culminó el proceso y constituyó un diagnóstico preciso de la situación. De hecho, el proyecto de democracia liberal había dejado de existir tras las elecciones de febrero.
Podemos observar, en resumen, tres fases en la demolición de la república: una primera fase de desbordamiento del régimen durante el bienio republicano-socialista; una segunda fase de asalto armado de las izquierdas al poder durante el bienio de centro derecha; y una tercera de proceso revolucionario abierto y eliminación de la legalidad desde un gobierno salido de unas elecciones no democráticas. El Frente Popular, por tanto, no era ya la república, aunque por motivos propagandísticos usurpara su nombre durante la guerra civil y así se le siga identificando comunmente. Era, de manera precisa, lo contrario de la república, el embrión de un nuevo régimen. Solo una persistente propaganda, el “Himalaya de embustes” denunciado por Besteiro, impide aún a mucha gente percibir estos hechos, hoy perfectamente documentados.
Pero reitero que ni siquiera hace falta saber mucha historia para percatarse de la realidad, basta recurrir a un elemental sentido de la lógica. Figúrense, insisto, a los stalinistas, marxistas del PSOE, racistas del PNV, anarquistas, golpistas de Companys y de Azaña… ¡defendiendo la democracia todos juntos (y matándose de paso entre ellos)! La falsedad es tan chocante, tan estridente como si se pretendiera hacer de Hitler un protector de los judíos. Y sin embargo este formidable engaño se ha impuesto en gran parte de nuestra sociedad, generando a su vez falsedades en cadena, desenfocando de raíz la visión de nuestro pasado y orientando peligrosamente el porvenir.
Muchos creen esas fábulas por ignorancia pero, en mi opinión, sus promotores conocen bastante bien la realidad. No puede ser de otro modo, por cuanto algunos historiadores nos hemos aplicado en los últimos años a poner en claro los datos, su lógica y los documentos que demuestran inapelablemente el fraude histórico. Puesto que nuestras tesis contradicen de frente las más divulgadas hasta hace poco, debiera haberse suscitado un debate intelectual, pero, por cuanto a mí respecta, he topado con una cerrazón tal que ha llevado a Stanley Payne a preguntarse si realmente la democracia ha calado en la universidad española."
Podemos considerar aquella insurrección el comienzo de la guerra civil justamente por eso, porque sus promotores no cambiaron nada esencial de las ideas que les habían llevado a sublevarse, y siguieron fomentando el clima de odio necesario para un enfrentamiento definitivo. Si entonces subsistió la república se debió solo a que las derechas, Franco incluido, no replicaron con un contragolpe y defendieron la legalidad.
De todas formas la derrota izquierdista pudo haber estabilizado una democracia liberal, según el sentido inicial del régimen, pero los derrotados formaron pronto el llamado luego Frente Popular, irreconciliable con las derechas. En cuanto a estas, tras su victoria sufrieron divisiones y los manejos del presidente conservador Alcalá-Zamora, el cual terminó expulsando a la derecha del poder de modo a duras penas legal. La crisis abocó a las elecciones de febrero del 36, que no pueden llamarse democráticas, tanto por las violencias, la huida de las autoridades y las irregularidades en los recuentos, también mencionadas por Azaña, como porque las votaciones reales nunca se publicaron. Durante años, los cálculos de los historiadores variaban en más de un millón de votos, hasta que las investigaciones de Javier Tusell, ya en 1971, proporcionaron cifras más fiables, con un empate aproximado entre derechas e izquierdas.
Así, el triunfo del Frente Popular no procedió de unas elecciones normales y no puede considerarse legítimo. Y su ilegitimidad de origen empeoró al momento con un doble proceso revolucionario. Desde la calle, las masas y partidos izquierdistas imponían su ley en una serie de liberaciones de presos, asesinatos, incendios, ocupaciones de tierras y mil desmanes más, no perseguidos por el gobierno, que en cambio se cebaba contra las débiles réplicas de los grupúsculos falangistas. Y desde el poder, el gobierno mismo procedió a demoler la legalidad republicana para sustituirla por un sistema al estilo del PRI mejicano, reduciendo a la derecha a una oposición impotente, pero que mantuviese una fachada de pluralismo democrático bajo el dominio real e irreversible de las izquierdas. A ese fin despojó arbitrariamente de escaños a las derechas, destituyó ilegalmente a Alcalá-Zamora y suprimió los restos de independencia judicial, sometiendo a los jueces al control de sindicatos y partidos revolucionarios; entre otros atentados a la legalidad. Las reiteradas peticiones de los líderes derechistas en las Cortes para que se cumpliera e hiciera cumplir la ley, una obligación sin la cual todo gobierno se vuelve una tiranía, fueron contestadas con burlas y amenazas de muerte. El asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo, realizado por fuerzas combinadas de seguridad del estado y milicianos socialistas, culminó el proceso y constituyó un diagnóstico preciso de la situación. De hecho, el proyecto de democracia liberal había dejado de existir tras las elecciones de febrero.
Podemos observar, en resumen, tres fases en la demolición de la república: una primera fase de desbordamiento del régimen durante el bienio republicano-socialista; una segunda fase de asalto armado de las izquierdas al poder durante el bienio de centro derecha; y una tercera de proceso revolucionario abierto y eliminación de la legalidad desde un gobierno salido de unas elecciones no democráticas. El Frente Popular, por tanto, no era ya la república, aunque por motivos propagandísticos usurpara su nombre durante la guerra civil y así se le siga identificando comunmente. Era, de manera precisa, lo contrario de la república, el embrión de un nuevo régimen. Solo una persistente propaganda, el “Himalaya de embustes” denunciado por Besteiro, impide aún a mucha gente percibir estos hechos, hoy perfectamente documentados.
Pero reitero que ni siquiera hace falta saber mucha historia para percatarse de la realidad, basta recurrir a un elemental sentido de la lógica. Figúrense, insisto, a los stalinistas, marxistas del PSOE, racistas del PNV, anarquistas, golpistas de Companys y de Azaña… ¡defendiendo la democracia todos juntos (y matándose de paso entre ellos)! La falsedad es tan chocante, tan estridente como si se pretendiera hacer de Hitler un protector de los judíos. Y sin embargo este formidable engaño se ha impuesto en gran parte de nuestra sociedad, generando a su vez falsedades en cadena, desenfocando de raíz la visión de nuestro pasado y orientando peligrosamente el porvenir.
Muchos creen esas fábulas por ignorancia pero, en mi opinión, sus promotores conocen bastante bien la realidad. No puede ser de otro modo, por cuanto algunos historiadores nos hemos aplicado en los últimos años a poner en claro los datos, su lógica y los documentos que demuestran inapelablemente el fraude histórico. Puesto que nuestras tesis contradicen de frente las más divulgadas hasta hace poco, debiera haberse suscitado un debate intelectual, pero, por cuanto a mí respecta, he topado con una cerrazón tal que ha llevado a Stanley Payne a preguntarse si realmente la democracia ha calado en la universidad española."
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