Nicaragua se Opone al Tratado de Roma y a la Corte Penal Internacional

La Justicia Argentina, sostiene empecinadamente y erróneamente, que solamente puede imputárseles delitos de Lesa Humanidad, y Crímenes de Guerra a los que son funcionarios estatales o a quienes sean paramilitares. De lo que surge, forzoso es concluir, que quienes no ostentan funciones en el Estado Argentino, no podrían ser imputados de tales delitos penales. No es cierto ni se ajusta a las normas internacionales que rigen la materia, tal postura, ideologizada por cierto. El Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo estuvo en Colombia en agosto de este año. Allí realizó una conferencia de prensa, ocasión en la que expresó que la C.P.I. (Corte Penal Internacional) investigará a los guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia), un grupo de terroristas subversivos, cuyas criminales andanzas son de público y notorio. Añadió que la C.P.I. investigará, oportunamente, a quienes en otros países ayudan a tales elementos criminales internacionales. Esa Fiscalía intentará averiguar si existen redes de apoyo a las FARC, en tales países. Afirmó el Fiscal, que ese tribunal tiene un gran objetivo en Colombia: asegurar un ejemplarizador castigo a los autores de los delitos de Lesa Humanidad, cometidos desde 2002, para los paramilitares de derecha, quienes cooperaron con los estamentos estatales y por los integrantes de la banda guerrillera subversiva terrorista de las FARC.

Si fuera ajustado a derecho, lo sostenido por nuestros jueces, en el sentido de que para serle imputado a alguien la comisión de aquellos delitos, el autor debe ser funcionario estatal, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, estaría cometiendo un delito al promover, supuestamente arbitraria e ilícitamente, la investigación internacional de ellos. No creemos que los integrantes de las FARC sean funcionarios del Estado Colombiano o que adhieran a los principios del gobierno de ese país. Al contrario, lo combaten. Desean derribarlo. Y siendo guerrilleros subversivos, no tendría que Intervenir la C.P.I., conforme lo sostenido por nuestra Corte Suprema. Como el Fiscal sostiene lo contrario de lo que sostiene nuestra Justicia, es de preguntarse: ¿A quien asiste razón en este caso? ¿A la Argentina, único país, en solitario, que sostiene tal peregrina tesitura ,o a la Corte Penal Internacional, organismo rector en esa materia tan delicada?

Consultado sobre el tema, el coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Edwin Castro, mantuvo que la CPI no tiene facultades para investigar, ni jurisdicción sobre Nicaragua.

En uno de los mas prestigiosos diarios de Nicaragua, se hace mencióna a la negativa del Estado de Nicaragua, de adherir al Tratado de Roma y/o autorizar investigaciones de ese Tribunal, en jurisdicción de ese país. Reseña ese diario: "El Poder Ejecutivo podría oponerse aún más a la adhesión de Nicaragua al Tratado de Roma y a la Corte Penal Internacional (CPI), luego que ese tribunal anunciara una investigación en este país para descubrir si existen “redes de apoyo” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), consideró ayer el diputado liberal José Pallais.
Pallais, también presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que el Ejecutivo ya ha expresado su reticencia a la CPI, debido a la guerra que cobijó a Nicaragua durante los años ochenta.
“Es posible”, dijo Pallais al referirse a que la negativa del Gobierno a la CPI podría aumentar, debido a la investigación que el alto tribunal anunció para Nicaragua, Venezuela, Ecuador, México, Holanda, Dinamarca y Suiza, por los posibles nexos que existirían con las FARC.
La CPI es un tribunal mundial independiente, que tiene jurisdicción sobre actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, a partir del año 2002, expresó ayer Francesca Varda, coordinadora regional de América Latina y el Caribe por la coalición por la CPI, que aglutina a 2 mil 500 organizaciones civiles.
El diputado Pallais afirmó ayer que en anteriores ocasiones el presidente Ortega ya se ha opuesto a la CPI.
“La principal objeción que he encontrado, y lo ha expresado públicamente el Presidente de la República después de una reunión con los presidentes centroamericanos, es que ratificar el Tratado de Roma podría poner en riesgo los procesos de paz y reconciliación que se vivieron en Centroamérica a finales de los años ochenta y principios de los noventa”, añadió Pallais.
Hay personas que promueven acusaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por el primer gobierno de Ortega durante la guerra civil de los ochenta.
“La jurisdicción de la Corte no es retroactiva y esa preocupación que al Gobierno causa los delitos ocurridos en la década de los ochenta, no tiene ninguna validez”, señaló Pallais. ". Tales procesos de paz y reconciliación, que se llevaron a cabo en diversos países de América Latina, que habían sufrido el azote de la guerrilla, en la Argentina no se concretaron integralmente ya que, con diversos pretextos, se hizo lo necesario como para anular las normas legales que los sustentaban, a fin de mantener vigentes, los odios y la estéril lucha entre las facciones de argentinos. (Seleccionado de la web del diario de nicaragua La Prensa del 30-08-08)