La Confiscación de los Fondos de las AFJP

Todo apunta a que el nuevo proyecto de estatización del sistema previsional promovido por el Ejecutivo sea un nuevo saqueo de fondos cuyos titulares son los presentes y futuros jubilados. La medida genera mucha desconfianza entre la población. Desde el gobierno se dice que la misma pretende defender los ahorros de los aportantes. La oposición la define como una violación a los derechos de propiedad. Y en el medio, como siempre, la gente, el ciudadano común que mira casi atónito los cambios criticados desde distintas partes del globo. Pero hay una realidad que es incuestionable. Para que un sistema de reparto estatal funciones debe existir una relación estable y definida entre el aportante y el beneficiario. El ideal en esta relación es 4 aportantes por cada jubilado. En los países en desarrollo -que tanto mencionó en estos últimos días la presidenta- esa relación es 3 a 1. En la Argentina, luego de la demagógica e inequitativa jubilación masiva otorgada, esa relación se ubica en 1,4 a 1. En otras palabras, la nueva propuesta oficial, a simple vista y sólo aplicando el sentido común, es económicamente inviable. Un proyecto como éste no se puede presentar al Congreso para su debate sin tener una proyección de ingresos y gastos del sistema para los próximos 20 años y así llevar tranquilidad a la población sobre su factibilidad financiera. Las promesas del gobierno de CFK, en este sentido, son totalmente voluntarista. Hasta hace días, los contribuyentes podían optar por una de las tres partes que componen el sistema: un parte pública de reparto (administrada por la Anses), una parte pública de capitalización (la AFJP del Banco Nación) y una parte privada de capitalización (las 9 restantes AFJP). El nuevo proyecto oficial apunta a concentrar todo en la parte pública de reparto. Históricamente este sistema ha sido deficitario a medida que la estructura demográfica maduraba y la relación entre activos y pasivos caía. … Como se mencionó párrafos arriba, la baja tasa de sostenimiento que viene registrando el sistema hace que su autofinanciamiento a través de los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales no sea posible, de modo tal que la administración K apuntaló con fuerza a fuentes alternativas de financiamiento, como lo es la tributaria. Si se analizan los ingresos totales del Sistema de Seguridad Social según su fuente, se ve un importante cambio de composición a través del tiempo, en favor de los recursos tributarios y en detrimento de los aportes y contribuciones. En 1993, los aportes y contribuciones constituían el 67% de los ingresos, mientras sólo 32% provenía de la recaudación tributaria. En el 2007, los recursos tributarios pasaron a constituir el 52% de los ingresos, mientras que los aportes y contribuciones se redujeron al 48%. El financiamiento tributario del sistema de Seguridad Social, destaca en otra parte el estudio, recibe recursos tributarios por dos vías: * Directas de los impuestos nacionales, que asigna una porción de la recaudación de varios impuestos coparticipables. * A través de la masa coparticipable bruta. Debido a este financiamiento tributario la Nación como las provincias resignan ingresos, que en su mayoría son producto de la disminución de la masa coparticipable neta y la distribución primaria. En cuanto a la distribución del financiamiento entre ambas, en el 2007 Nación participó resignando $ 14.300 millones, que representaron el 40% de los recursos tributarios que se ceden para la Seguridad Social, y las provincias dejaron de recibir $ 20.360 millones, que fueron un 58% del total (el resto estuvo constituido por fondos que, de no ir al Sistema de Seguridad Social, hubieran sido destinados a los ATN o a otros conceptos como el Fonavi). En definitiva, ¿para qué quiere el gobierno tomar por la fuerza los fondos de los afiliados de la AFJP si tanto éste como el sistema estatal estaban funcionando en un tranquilo equilibrio? * Primero, para el gobierno es la apropiación del flujo de ingresos adicionales por algo más de $ 1.000 millones mensuales que pasan a la Anses, generando en este organismo un mayor superávit al actual. * Segundo, esta mayor liquidez puede ser colocada en bonos del Estado (préstamos a la caja del gobierno) como inversión. En el 2008 la Anses adquirió títulos públicos por más de $ 4.000 millones para poder sortear las urgencias presupuestarias del Ejecutivo. * Tercero, porque la administración K ingresa en un año electoral con una imagen muy devaluada de la presidenta y necesitará “invertir” mucho dinero para revertir esta compleja situación de cara a las legislativas del próximo año. * Y cuarto porque el Ejecutivo, a través de la Anses, pasa a manejar un nuevo stock de activos superior a los $ 93.000 millones que sirven como garantía para los compromisos de deuda del período 2009-2011. En definitiva, la discusión sobre cuál es mejor, si la jubilación privada o la del Estado, está planteada en términos equivocados. En un país como la Argentina, donde se han saqueado sistemáticamente los fondos de los jubilados, lo mejor que puede existir es un componente de ahorro y capitalización. ¿Qué pasará cuando el presupuesto estatal no pueda devolver los fondos que gastó de los futuros jubilados? Sin dudas, existen posibilidades ciertas de que se repita la historia. Las mayores perjudicadas en este negativo escenario serán las personas de más bajos recursos, que tendrán que sobrevivir con una jubilación mínima. La clase media y más aún la de altos recursos tendrán herramientas alternativas para subsistir y poder compensar los desequilibrios generados por los históricos desmanejos del Estado. (Seleccionado por Notiar el 26-10-08), de un artículo de Javier Lojo,aparecido en Río Negro.com.ar )