El gobierno tratará de democratizar la justicia.

Si mezclando los mismos elementos siempre el resultado es una explosión, no pretendamos que haciendo la misma mezcla en jurisdicción extraña, los resultados no sean los mismos. Creo que el Poder Ejecutivo está jugando con fuego al pretender alterar la equivalencia de las potestades tripartitas del Poder. Sin quererlo hemos virado hacia una monarquía o hacia el totalitarismo. Nuestra soberbia nos hace olvidar que es mejor inclinarse ante la Justicia que arrastrarse ante los tiranos. Una muestra del peligro que entraña tamaña actitud es lo sucedido en Chile: "Hacia 1973, el Poder Judicial era uno de los baluartes en las acusaciones sobre las ilegalidades en que incurría el gobierno de la Unidad Popular. Allende había dispuesto el incumplimiento o postergación de órdenes judiciales, por ejemplo, de lanzamiento de quienes se hubieran tomado fundos, fábricas y casas. Además, dispuso que los fallos que pedían el auxilio de la fuerza pública fueran consultados con el Ministerio del Interior antes de ser ejecutados.

En medio de ese clima polarizado, el gobierno elaboró un proyecto de reforma para crear "una justicia participativa con criterios de actuación distintos de los preceptuados por el pensamiento jurídico tradicional". Allende entendía que el Poder Judicial como cuerpo estaba en la oposición a su gobierno y que contaba con el respaldo de los partidos políticos de centro y derecha, que asumieron, en este tema, la defensa del Estado de Derecho.

A mediados de 1973, AllendeAllende envió una carta a la Corte Suprema, criticando la actuación de los tribunales. Acusaba a los jueces de extralimitarse en sus atribuciones y de estorbar el cumplimiento de las labores administrativas.

Mencionaba como ejemplo del "trastrueque de valores de la justicia" el caso Chesque. Chesque era un fundo que fue tomado por un grupo de campesinos mapuches. Los propietarios, que decidieron "retomarlo", mataron en la refriega a uno de los ocupantes. Los Tribunales, decía Allende, resolvieron que los dueños del fundo no cometieron homicidio porque actuaron en defensa de su propiedad. En cambio, los mapuches estuvieron siete u ocho meses en prisión preventiva.

Según el Presidente, los tribunales superiores demostraban una "manifiesta incomprensión (É) "del proceso de transformación que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas".

Allende también acusaba a los magistrados de la Corte Suprema de acudir a él siempre por motivos "personales" antes que jurídicos.

El 25 de junio, un pleno, presidido ahora por Enrique Urrutia ManzanoUrrutia Manzano, Enrique, envió un oficio al Presidente. Es la respuesta más severa que ese tribunal haya dirigido a Presidente alguno en la historia de Chile:

"(...) Quiere también esta corte expresar con entereza a V.E. que el poder que ella preside merece de los otros Poderes del Estado, por deber constitucional, el respeto de que disfruta y lo merece, además, por su honradez, ponderación, sentido humano y eficiencia y que ninguna apreciación insidiosa de algún parlamentario innombrable o de sucios periodistas logrará perturbar sobre este particular asunto el criterio de los chilenos.
"El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello, cometió un error al tomar partido en la sistemática tarea -nunca lograda- que algunos sectores del país han desatado en contra de esta Corte. Lo lamenta este Tribunal hondamente, y lo dice porque si S.E. ha invadido en su comunicación un campo jurídico que constitucionalmente le es vedado, este tribunal puede, a su vez, para restablecer el equilibrio así perturbado, insinuarse en las costumbres administrativas, aunque no sea más que para significarle a V.E. la importancia y las consecuencias de su error. La equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la ciudadanía, y por consiguiente esta Corte, lo tenían colocado, por la precaria posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país que, por imperativo del deber, tiene que contrariar a veces en sus fallos los deseos más fervientes del Poder Ejecutivo.
"Error es el expresado de trascendental gravedad porque el Jefe Supremo de la Nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta Corte como guardián de la legalidad administrativa del país contra los excesos de algunos subordinados, y es por eso lamentable que se constituya ahora en censor del Poder Judicial tomando partido al lado de aquellos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley. Los ministros suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y la actitud de V.E. porque entendemos que deprime su función constitucional.
"(...) El Presidente ha asumido la tarea -difícil y penosa para quien conoce el Derecho sólo por terceristas- de fijar a esta Corte Suprema las pautas de interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, según lo mandan los artículos 80 y 4 de la Constitución Política del Estado, no derogados todavía por las prácticas administrativas.
"(...) Ninguna discusión sociológica, o sutileza jurídica, o estratagema demagógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces de derogar los preceptos legales copiados (en el oficio), que se copiaron para que V.E. lea con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su calidad y precisión tales que no admiten interpretaciones elusivas.
"(...) Aun si el Juez o el Tribunal Superior cometieran un delito de prevaricación, aun si fallaran por dádiva o promesa no podría el funcionario administrativo resistir la orden, sino que tendría otros derechos funcionarios y ciudadanos, cuyo ejercicio, sin embargo, debería iniciarse ante el Tribunal de Justicia correspondiente".

El oficio también respondía por el caso Chesque:

"¿Pretende el oficio de V.E. que los Tribunales de Justicia olviden la ley, prescindan de todos los principios y en nombre de una justicia social sin ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa en su caso amparen incondicionalmente a los tomadores y repudien de la misma manera a los que pretenden la recuperación de los predios tomados?".

Los trece ministros que integraban el máximo tribunal firmaron el acuerdo -autorizado por el secretario René Pica Urrutia,Enrique Urrutia Manzano, Eduardo Varas Videla, José María Eyzaguirre , Manuel Eduardo Ortíz, Israel Bórquez Montero, Rafael Retamal López, Luis Maldonado Boggiano, Juan Pomés García, Octavio Ramírez Miranda, Armando Silva Henríquez, Víctor Manuel Rivas del Canto, Enrique Correa Labra, José Arancibia.

Allende recibió el oficio del máximo tribunal y lo devolvió sin comentarios. El pleno volvió a reunirse (esta vez con la ausencia de Arancibia, Correa y Ortiz) y emitió un nuevo acuerdo:

"Que por tratarse de Poderes del Estado de igual rango constitucional entre los cuales no existe subordinación, es inaceptable la actitud del Presidente de la República de devolver el oficio de este tribunal".

El acuerdo está firmado el 4 de julio de 1973. Poco más de dos meses después, el 11 de septiembre, se produjo el golpe de Estado. (Seleccionado de la web http://www.fid.cl/fid/libronegro/cap3_11.html)