El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
Renán Sagastume, anunció que en los próximos días se enviará al Ministerio Público la documentación sobre estos gastos, sin licitación ni respaldo presupuetario, para que formule acciones ante los tribunales de justicia.
El TSC determinó "pagos irregulares por un monto de 123.025.613,63 lempiras" (unos 6,47 millones de dólares), indicó, y destacó que sólo es una pequeña parte de la información contenida en unas 200 cajas de documentos que investiga esa institución.
Entre los gastos sobresale el salario del cuidador de los caballos favoritos de Zelaya, "Café" y "Rocío", por 20.000 lempiras (1.052 dólares) mensuales; monturas, herrajes, cuadras y llantas para el carruaje en que se transportaba a los animales, por unos 6.000 dólares, según el informe del TSC difundido por la prensa.
Además, se menciona la compra de un traje para Zelaya, joyas, tres relojes, puros, esculturas, pinturas al óleo y la reparación de la motocicleta Harley-Davidson del depuesto mandatario.
Se incluyen dos billetes aéreos por 715.469 lempiras (37.656 dólares), sin que se especifiquen destino y los dos viajeros; 307.186 lempiras (16.167 dólares) en pasajes en avión para periodistas, alquiler de aviones y helicópteros, vinos para una boda y equipo de sonido para un automóvil.
El TSC también denunció en su informe el pago de 77,9 millones de lempiras (4,1 millones de dólares) al consultor petrolero estadounidense Robert Meyering, "sin evidencia del trabajo realizado". Zelaya contrató a Meyering en 2006 para que diseñara una política encaminada a reducir los precios de los combustibles, que fue una de sus promesas de campaña para las elecciones que ganó en 2005.
Algunos gastos incluidos en el informe se realizaron "sin licitación", como el alquiler de un edificio de oficinas para el Ministerio de la Presidencia por 16 millones de lempiras (unos 847.767 dólares), grabaciones audiovisuales, contratación de una empresa encuestadora y otros. Según el TSC, también hay pagos sin respaldo presupuestario o sin liquidación, entre otras irregularidades.
Desde que Zelaya fue sacado del país por los militares el 28 de junio, las autoridades judiciales han denunciado hechos como la retirada de 50 millones de lempiras (2,63 millones de dólares) del Banco Central de Honduras (BCH) en carretillas, según imágenes de los vídeos de seguridad publicados en su momento por la prensa.
Por este caso hay una orden de captura contra el ministro de la Presidencia de Zelaya, Enrique Flores Lanza, quien según el Ministerio Público ordenó la retirada del dinero. Estos fondos eran para financiar, en parte, la encuesta que el entonces gobernante iba a celebrar el día de su derrocamiento para promover una Asamblea Constituyente, según el Ministerio Público.
Otro caso es el alquiler sin licitación de un edificio para la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por el cual se ordenó la captura de la ex gerente de la institución Rixi Moncada; la ministra de Finanzas y el ex ministro de Defensa de Zelaya, Rebeca Santos y Arístides Mejía, respectivamente.
Sobre el propio Zelaya, Flores Lanza y Santos también pesa una orden de captura por falsificación de documentos, fraude y abuso de autoridad, por la emisión irregular de un decreto que autorizaba un gasto de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.
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