El conflicto del transporte, que amenaza extenderse en España, presenta una cara, que a los argentinos nos interesa seguramente. En efecto, a pesar de que aun no se ha dado por finalizado tal conflicto, el Gobierno de Zapatero negocia con los huelguistas, sin esquivar el bulto. No les exige que cesen en su actitud, para recién negociar, ya que primero está el bien común y luego el amor propio de los funcionarios. No esconde su soberbia y sin tapujos informa sobre las públicas tratativas, a fin de que la ciudadanía se entere. El sistema democrático, es un sistema donde, como se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía, los funcionarios hacen lo necesario como para mantener informada a la población. Una ciudadanía bien informada podrá optar por alguna de las partes en el conflicto, criticando a una o alabando a la otra, y en las elecciones eligirá mejor informada. Así ayuda al éxito del sistema. Así es la democracia. Cuando estábamos en la Dictadura, tan vilipendiada, casi con exceso, por ciertos funcionarios públicos, no se le pedía su opinión al pueblo, se lo desdeñaba. Sin consultar a nadie, el gobierno de facto sancionaba las leyes. Con nuestro actual Gobierno, pasa lo mismo, ya que no hay consultas y se desdeña, se ignora al Parlamento Nacional. Un gobierno surgido de la democracia, ¿puede ajustar su conducta al molde de una dictadura militar?
Refiere la siguiente nota: "El Gobierno no descarta movilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos a la población en caso de que el conflicto desatado por el alza del precio del gasóleo amenace con provocar una situación de emergencia por la escasez de productos básicos, según han asegurado a El Confidencial fuentes del Ejecutivo.
Los optimistas pronósticos lanzados hasta ahora por el Gobierno, que se mostraba seguro de poder desactivar el conflicto a mediados de esta misma semana, se han visto desbordados por la fuerza de los hechos. Y el gabinete de crisis que coordina desde La Moncloa la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya baraja el peor de los escenarios posibles: que los paros protagonizados por los transportistas degeneren en una situación de desabastecimiento generalizado y provoquen una gran alarma social.
Para evitar el caos que la falta de productos básicos desataría entre la población, el Gobierno está dispuesto a activar, si fuera necesario, la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005 por expreso deseo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente no sólo a catástrofes naturales de gran magnitud, sino también a situaciones de crisis como la actual.
Las fuentes consultadas aseguran que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio autoriza al Ejecutivo a recurrir a las Fuerzas Armadas "cuando se producen alteraciones graves de la normalidad", y que la propia Constitución le faculta para declarar el estado de alarma "en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o de paralización de servicios públicos esenciales".
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que el Gobierno actuaría con "contundencia y firmeza" frente a los piquetes de huelguistas para "garantizar los derechos de los ciudadanos", y dejó la puerta abierta a una participación de las Fuerzas Armadas en el operativo especial montado por su departamento para hacer frente a los disturbios, aunque matizó que el despliegue de más de 25.000 policías y guardias civiles es, por ahora, "suficiente".
En cualquier caso, las fuentes consultadas señalaron que la eventual intervención del Ejército sólo se produciría para asegurar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos de primera necesidad a los puntos de distribución, pero en ningún caso para garantizar el orden público, misión que seguiría estando encomendada exclusivamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La UME, que no estará plenamente operativa hasta finales de este año, cuando alcance su techo de 4.300 efectivos, intervino por primera vez en 2007 para ayudar a sofocar los incendios forestales que asolaron Canarias y paliar los efectos de las inundaciones en las provincias de Alicante y Sevilla. Su última actuación se produjo hace tan sólo dos meses, cuando medio centenar de sus efectivos se incorporaron a las tareas de extinción del incendio que afectó a la isla de La Gomera.
Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas recuerdan que la UME está facultada para intervenir, además de en catástrofes, en situaciones de emergencia "derivadas de actos ilícitos y violentos", y que el protocolo que regula su despliegue otorga al ministro del Interior el control de sus actuaciones, si bien es el Ministerio de Defensa el que debe autorizar su movilización. En estos momentos, ambas responsabilidades recaen en Pérez Rubalcaba, que ejerce como ministro de Defensa en funciones porque la titular del departamento, Carme Chacón, aún disfruta su permiso de maternidad.
Ayer, tercer día de paros de los transportistas, el conflicto comenzó a degenerar en un clima de violencia en toda España al sumarse a las protestas otros sectores perjudicados por las subidas continuadas del gasóleo. Agricultores y pescadores protagonizaron incidentes violentos, mientras que los taxistas anunciaron un paro nacional de 24 horas para el próximo viernes. Lo que el Gobierno comenzó abordando como una simple negociación sectorial con empresarios del transporte ha derivado en una crisis de gran impacto social que afecta al abastecimiento de productos básicos, al funcionamiento de la industria, al tráfico y al orden público". (...) (Seleccionado de la web madrileña de El Confidencial,del 12-06-08)
Los optimistas pronósticos lanzados hasta ahora por el Gobierno, que se mostraba seguro de poder desactivar el conflicto a mediados de esta misma semana, se han visto desbordados por la fuerza de los hechos. Y el gabinete de crisis que coordina desde La Moncloa la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya baraja el peor de los escenarios posibles: que los paros protagonizados por los transportistas degeneren en una situación de desabastecimiento generalizado y provoquen una gran alarma social.
Para evitar el caos que la falta de productos básicos desataría entre la población, el Gobierno está dispuesto a activar, si fuera necesario, la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005 por expreso deseo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente no sólo a catástrofes naturales de gran magnitud, sino también a situaciones de crisis como la actual.
Las fuentes consultadas aseguran que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio autoriza al Ejecutivo a recurrir a las Fuerzas Armadas "cuando se producen alteraciones graves de la normalidad", y que la propia Constitución le faculta para declarar el estado de alarma "en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o de paralización de servicios públicos esenciales".
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que el Gobierno actuaría con "contundencia y firmeza" frente a los piquetes de huelguistas para "garantizar los derechos de los ciudadanos", y dejó la puerta abierta a una participación de las Fuerzas Armadas en el operativo especial montado por su departamento para hacer frente a los disturbios, aunque matizó que el despliegue de más de 25.000 policías y guardias civiles es, por ahora, "suficiente".
En cualquier caso, las fuentes consultadas señalaron que la eventual intervención del Ejército sólo se produciría para asegurar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos de primera necesidad a los puntos de distribución, pero en ningún caso para garantizar el orden público, misión que seguiría estando encomendada exclusivamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La UME, que no estará plenamente operativa hasta finales de este año, cuando alcance su techo de 4.300 efectivos, intervino por primera vez en 2007 para ayudar a sofocar los incendios forestales que asolaron Canarias y paliar los efectos de las inundaciones en las provincias de Alicante y Sevilla. Su última actuación se produjo hace tan sólo dos meses, cuando medio centenar de sus efectivos se incorporaron a las tareas de extinción del incendio que afectó a la isla de La Gomera.
Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas recuerdan que la UME está facultada para intervenir, además de en catástrofes, en situaciones de emergencia "derivadas de actos ilícitos y violentos", y que el protocolo que regula su despliegue otorga al ministro del Interior el control de sus actuaciones, si bien es el Ministerio de Defensa el que debe autorizar su movilización. En estos momentos, ambas responsabilidades recaen en Pérez Rubalcaba, que ejerce como ministro de Defensa en funciones porque la titular del departamento, Carme Chacón, aún disfruta su permiso de maternidad.
Ayer, tercer día de paros de los transportistas, el conflicto comenzó a degenerar en un clima de violencia en toda España al sumarse a las protestas otros sectores perjudicados por las subidas continuadas del gasóleo. Agricultores y pescadores protagonizaron incidentes violentos, mientras que los taxistas anunciaron un paro nacional de 24 horas para el próximo viernes. Lo que el Gobierno comenzó abordando como una simple negociación sectorial con empresarios del transporte ha derivado en una crisis de gran impacto social que afecta al abastecimiento de productos básicos, al funcionamiento de la industria, al tráfico y al orden público". (...) (Seleccionado de la web madrileña de El Confidencial,del 12-06-08)
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