El narcisista ex juez Baltasar Garzón y sus contradicciones violatorias de los derechos humanos de los imputados y de las víctimas.

Fue el 27 de octubre de 2008. Santiago Carrillo presentaba su libro La crispación en España. De la guerra civil a nuestros días. Unas jornadas antes, Baltasar Garzón había dictado un auto calificando las denuncias de familiares de desaparecidos durante el franquismo como “crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad”, ordenando crear un grupo de expertos y autorizando exhumaciones. Preguntado el exsecretario  general del Partido Comunista sobre esa resolución, Carrillo, premonitoriamente, dijo que es “un error llevar la memoria histórica a depender de la resolución de los jueces” porque, advirtió, se corría el riesgo de que el proceso se convirtiese en “la carabina de Ambrosio y nos acabe saliendo el tiro por la culata”. Luego, el autor dedicó sus mejores palabras a Garzón y se dolió de que al problema -el de la represión franquista- no se le había dado solución y estaba pendiente, aunque se inclinaba más por decisiones de orden político y parlamentario. Seguramente, Santiago Carrillo tenía en mente de qué manera y con qué argumento, Baltasar Garzón había rechazado diez años antes la querella presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio en Paracuellos del Jarama en la que se acusaba al exdirigente comunista de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo.

Ante aquella querella, Baltasar Garzón no tuvo duda: la rechazó de plano porque la irretroactividad de las leyes penales -el genocidio no era entonces un tipo penal- lo impedía por completo. Y mediaba, además, una ley de Amnistía que Garzón no puso en duda. Junto a este argumento jurídico -irreprochable- el magistrado empleaba un lenguaje muy duro contra la asociación querellante a la que acusó de abuso del derecho a la jurisdicción. No fue éste, sin embargo, el tratamiento que el ya extitular del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional dió a la denuncia de los familiares de desaparecidos en el franquismo que calificaron los hechos de delitos de “lesa humanidad”. Cuando ocurrieron los hechos denunciados, el tipo penal de “lesa humanidad” -como el de genocidio- no estaba vigente (se introdujo en nuestro Código Penal en 2003), lo que no fue obstáculo  para que Garzón, esta vez sí, abriese procedimiento. Tampoco lo fue la Ley de Amnistía de 1977. Pese a que la Fiscalía advirtió al magistrado de su manifiesta incompetencia para tramitar la denuncia y acordar exhumaciones, el juez continuó hasta que se impuso la evidencia formal -la fáctica era de dominio público- de que los presuntos responsables del delito habían fallecido. El propio Garzón tuvo que archivar el asunto. Este comportamiento jurisdiccional le valió al entonces magistrado una querella por prevaricación que ayer resolvió el Tribunal Supremo.

Entiende la Sala -aunque uno de los magistrados de los siete que formaron el Tribunal no comparte el criterio absolutorio- que el exmagistrado erró pero “no a sabiendas”, es decir, se confundió sin el dolo específico -elemento subjetivo- que exige el delito de prevaricación.

La sentencia de la Sala Segunda            101/2012       de 27 de febrero absuelve a Baltasar Garzón del delito de prevaricación por el que fue procesado y enjuiciado. Entiende la Sala -aunque uno de los magistrados de los siete que formaron el Tribunal no comparte el criterio absolutorio- que el exmagistrado erró pero “no a sabiendas”, es decir, se confundió sin el dolo específico -elemento subjetivo- que exige el delito de prevaricación. Pero aclarada la exculpación penal, la sentencia constituye una reprobación técnica e interpretativa inclemente de las normas aplicadas por Garzón en este caso:

1) La Sala Segunda le dice que la misión de la investigación penal no es buscar la verdad histórica sino actuar contra imputados y aplicarles la ley, de tal modo, “que no hay que mezclar la verdad histórica con la forense” (fundamento 1º); 2) que la responsabilidad criminal se extingue por prescripción del delito, por fallecimiento o por amnistía (fundamento 2º); que no es aplicable el delito contra la humanidad (fundamento 3º); 4) que los hechos han prescrito y no cabe tampoco la retroactividad de los tipos penales (fundamento 4º); que la ley de Amnistía es plenamente aplicable y, finalmente, entre otras consideraciones, que Baltasar Garzón aplicó correctamente toda esta doctrina en la querella contra Santiago Carrillo, inadmitiéndola, cuando se planteó por los fusilamientos acaecidos en Paracuellos de Jarama.

¿Qué significación tiene esta sentencia? Una inicial: Baltasar Garzón no prevaricó pero el reproche del Tribunal Supremo a su capacidad técnica deja su reputación como jurista en un nivel ínfimo, de tal suerte que la reprobación resulta abrasiva para su autoestima y consideración profesional. Otra de esencial importancia: la persecución de los crímenes del franquismo, y de los que se cometieron por el otro bando en la guerra civil -los de Paracuellos de Jarama incluidos y citados expresamente en la resolución- forman parte de la historia y de ellos no pueden derivarse ya responsabilidades de orden penal.

Las víctimas tienen derecho a saber; pueden hacerse -y deben- todas las reparaciones posibles, pero no es posible reconstruir la memoria histórica desde la represión penal. 

Esta era la tesis del perspicaz y taimado Santiago Carrillo que se benefició en 1998 de una resolución adecuada de Garzón y que diez años después le advertía de que se estaba metiendo en terrenos pantanosos de tal manera que el “tiro le saldrá por la culata”.

 Y como más sabe el diablo por viejo que por diablo, el exmagistrado debió seguir el consejo del anciano comunista y haberse evitado, finalmente no una condena, pero si una refutación total a sus tesis del más alto Tribunal de nuestro orden jurisdiccional. Pero hubo un momento en que Garzón sólo hizo caso de sí mismo, enamorándose, como Narciso, de su propio yo. Infeliz final.” (Seleccionado de la web española de El  Confidencial, un art. de J.A. Zarzalejos, del 28-02-2012)

España y el Reino Unido estuvieron a punto de ir a la guerra en 1770 por la soberanía del archipiélago que hoy reclama la Argentina.

Situadas a 770 kilómetros al noreste del cabo de Hornos, y con una extensión de 12.200 kilómetros cuadrados (ligeramente superior a la de Navarra), las islas Malvinas han reaparecido en las agendas de las cancillerías argentina y británica coincidiendo con el 30 aniversario de la guerra que enfrentó al Gobierno de Margaret Thatcher y la dictadura de Leopoldo Galtieri (los reclutas argentinos pusieron el pie en aquel confín del Atlántico Sur el 2 de abril de 1982). Buenos Aires ha trasladado el conflicto a los organismos internacionales, de donde nunca debió salir y donde sus diplomáticos continúan apelando a la historia. Sin embargo, como el pasado es un territorio resbaladizo, tanto la líder peronista Cristina Fernández de Kirchner como el premier conservador David Cameron pueden encontrar argumentos a favor y en contra, si bien sus tesis apenas disimulan los intereses económicos en juego (pesca y recursos energéticos). Lo cierto Fernández y Cameron transitan por un camino muy trillado: el rey español Carlos III y el británico Jorge III evitaron ir a la guerra por el archipiélago gracias a que entonces algunas mentes lúcidas se preguntaron si la cosa merecía la pena.

Una de esas mentes fue la del Doctor Samuel Johnson, figura señera de las letras inglesas, que en 1770 se enfrentó a los parlamentarios que hervían de indignación porque el Gobierno de Lord North había llegado a un arreglo con Madrid sobre las Falkland (así llaman los británicos a las islas desde que el capitán Strong las reconoció en 1690 y solo contempló pingüinos). En virtud del pacto, Londres recuperaba el puesto de Port Egmont, en la isla Trinidad, pero arnición en un estado que contempla con envidia a los exiliados de Siberia, cuyo dispendio será perpetuo y su utilización solo ocasional, y que si la fortuna le sonríe a nuestrolos españoles mantenían la reclamación de la soberanía sobre todo el archipiélago. "Hemos mantenido el honor de la Corona y la superioridad de nuestra influencia", recordó Samuel Johnson. "Aparte de esto, ¿qué hemos conseguido? Nada más que una triste y deprimente soledad, una isla apartada del uso humano, tempestuosa en invierno y árida en verano; una isla que ni los salvajes del sur se han dignado habitar, donde debe mantenerse una gus esfuerzos, puede convertirse en un nido de contrabandistas en tiempos de paz, y en tiempos de guerra, en el refugio de futuros bucaneros".

El Doctor Johnson se equivocó en la última parte de su panfleto: el contrabando y la piratería no arraigaron aparentemente en las Malvinas. Pero había muchas personas que, como él, se habían sentido desfavorablemente impresionadas cuando escuchaban relatos sobre las Falkland. Un sacerdote español lo había advertido en 1767, tres años antes del conflicto entre las coronas española y británica, cuando le enviaron al archipiélago después de que Francia lo vendiera a España (Malvinas viene de Malouines, ya que los colonos franceses procedían del puerto de Saint Malo). El religioso se estableció en Port Louis, al norte de la actual Port Stanley, en la isla Soledad, y escribió: "Me quedo en este desdichado desierto, sufriendo todo tipo de males por amor a Dios".

A 130 kilómetros de allí, en Port Egmont, el asentamiento británico de la isla Trinidad, el teniente de navío Thomas Coleman relató por aquella época: "Es el lugar más detestable en que he estado en mi vida... Se mire por donde se mire, hay terrenos baldíos". Durante dos años, los habitantes de Port Louis y Port Egmont marchitaron de aburrimiento, separados por el Estrecho de San Carlos, ignorantes de que había otros europeos en aquellos pagos. Sin embargo, las cosas cambiaron en noviembre de 1769, cuando un balandro británico se encontró con una goleta española. Perplejas, ambas tripulaciones se exigieron mutuamente explicaciones, y así estuvieron varios meses hasta que el gobernador de Buenos Aires, Francisco Bucarelli, encomendó la conquista de Port Egmont a cinco fragatas. Unos disparos fueron suficientes para que los militares británicos se rindieran (eran trece en total) y España izara su bandera. Ocurrió el 10 de junio de 1770, y la Corona española añadió a sus riquezas un huerto de coles y 422 fanegas de carbón. "Aparte de esto, ¿qué hemos conseguido?", subrayó el Doctor Johnson cuando Carlos III y Jorge III solucionaron provisionalmente el conflicto. (Seleccionado de la web del diario español ABC de la fecha). end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

¿Que hicieron nuestros gobernantes para erradicar la Corrupción administrativa?

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

(Aprobada en la tercer sesión plenaria, celebrada el 29 de marzo de 1996)

Preámbulo

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio: PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social: RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos: CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legitimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,

HAN CONVENIDO en suscribir la siguiente CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN…   (Ley 24.759 del Congreso de la Nación Argentina -  Apruébase la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos. Sancionada: Diciembre 4 de 1996.  Promulgada de Hecho: Enero 13 de 1997).

Se ha resaltado, hasta el cansancio, que la Argentina debe dar cumplimiento a los tratados internacionales. Y tienen razón. Lo que no tienen razón es dar cumplimiento estricto, cuando se trata de favorecer o de perjudicar a ciertas personas. En el caso de la corrupción, se han sancionado diversas leyes, como la citada anteriormente. Pero la praxis no demuestra que no sirve absolutamente para nada, sancionarlas para burlarlas. 

Se ha llegado, incluso, hasta a incorporar en la Carta Magna, en ocasión de ser reformada en 1994 un artículo, que reza: " Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.  ...  Atentará asimismo, contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento,  quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. 

La Reforma, concretada durante la presidencia de Carlos S. Menem, no logró erradicar la corrupción, ya que las leyes que reglamentaron el artículo, desvirtuaban lo dispuesto en el mismo. La Justicia no tuvo ocasión de pronunciarse al respecto. Ni siquiera cuando reconoció a los Tratados Internacionales superioridad sobre las leyes nacionales ordinarias o cuando tuvo ocasión de reconocer, aisladamente que algún Tratado Internacional, era superior incluso que la propia Constitución Nacional. Años  mas tarde, nuestro país adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En la exposición que precede a la misma se señala que los países partes están "convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito pude ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley". Debemos repetir lo expresado precedentemente, ya que la posterior Convención, en nada cambió la situación legal en la Argentina. La convención de marras, en el art. 9 señala:  "Artículo 9. Contratación pública y gestión de la hacienda pública.1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: ...".

En el "Artículo 29. Prescripción." emanado de la O.N.U. se ordena que los países partes, en su legislación interna deben establecer normas que impidan que la prescripción de la acción penal, obre como incentivo de la conducta tipificada de corrupción, hasta tornar cuasi impune la misma. Señala la Convención de marras que "Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia."

Advertimos, azorados, que la praxis da cuenta que en la Argentina, es casi imposible impedir tal conducta. Algunos estudiosos creen que se trata no de un problema penal sino idiosincrático. Argentino no adaptó el código penal, a lo ordenado por la Convención aludida, en lo que se refiere al instituto de la prescripción, en los casos de corrupción. Siguió considerando al delito de corrupción, cometido en forma culposa, como una pecata minuta. Los organismo de contralor administrativas, se encuentra neutralizados,de antigua data.,  Se hizo todo lo que no se debía hacer, todo en nombre de la ley .... de la hipocresía y del cinismo tramposo.. La Carta Magna de Trucholandia la tendría que haber confeccionado Discepolín. 

Amnesia de los "peronistas de la actualidad.

"Comienza a ser desventurado el pueblo que empieza a ser desagradecido" (Anónimo). El 24 de febrero ppdo. se cumplió un año más de la jornada del 24 de febrero de 1946, en que en unas elecciones que se distinguieron por su pureza, fue electo presidente de la Nación Argentina, el entonces coronel Juan Domingo Perón. Uno de los reproches que se le hicieron al citado, fue el de tolerar que se lo ensalzara inusualmente, lo que en nada contribuía a su imagen, venerada por el pueblo en esa época. El propio Perón, años más tarde, reconocería tal negativa actitud. Con sus virtudes y defectos, en la actualidad, nadie duda que fue sino el único,  unos de los personajes políticos históricos que mas brillaron en el  Siglo XX. La izquierda argentina es el único sector político que no apreció ni aprecia la figura del general Juan Domingo Perón. No la aprecia por haberle “arrebatado” su tradicional clientela y, como si fuera poco, por ser militar, por ser general del Ejército Argentino, a quien ellos odian lisa y llanamente. El día 24 de febrero, que según la liturgia peronista se caracterizó por ser el día en que se celebraron por primera vez, las elecciones más limpias de la Argentina, fue  “festejado”  por el peronismo oficialista con el ruido del silencio de los traidores y desleales. Ni una sola palabra, ni un recuerdo. Absolutamente nada originado en quienes, en la actualidad, se autocalifican como  “sucesores” del  “Líder”. Está todo dicho.

Juez Baltasar Garzón, archivó la querella por genocidio contra el comunista D. Santiago Carrillo.

La Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos del Jarama, presentó una querella criminal contra D. Santiago Carrillo, a la sazón jerarquizado funcionario comunista durante el gobierno de la II  República Española, el PSOE, el PCE, el Estado de España y la Comunidad de Madrid, correspondiéndole intervenir al juez D. Baltasar Garzón. Dicho magistrado, el 9 de marzo del 2000 resolvió desestimarla y proceder al archivo de esas actuaciones. El entonces juez Garzón, al proceder de tal forma, se expidió de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal interviente. A principios de marzo de 200, el fiscal D. Pedro Rubira había determinado que no correspondía acceder al pedido de los accionantes, por cuanto, a su entender "los fusilamientos perpetrados entre noviembre y diciembre de 1936 durante la Guerra Civil en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama han prescrito al haber transcurrido más de 20 años; incluso tomando como referencia para el cómputo de la prescripción el proceso conocido como Causa General de la Rebelión Marxista que se siguió durante la Dictadura franquista.".  

Asimismo, recordó la Fiscalía en el precitado dictamen que, "en 1975 y 1977, se concedieron indultos generales «que vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra Guerra Civil». El fiscal relata que, aunque el delito de genocidio se viene perpetrando desde el origen de la humanidad, no fue hasta el 9 de diciembre de 1948 cuando el Derecho Internacional lo reguló en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, al que España se adhirió el 13 de septiembre de 1969.". 

Se trata del mismo juez Garzón que, en forma ostentosa, apelando al strepitu fori, nos hace saber que los eventos criminosos, los eventos aberrantes ocurridos durante la Guerra Civil, podrían ser encuadrados eventualmente como delitos de lesa humanidad y como  crímenes de guerra, por lo que no pueden ser ni indultados ni olvidados, o sea que no es dable indultar a sus autores y menos sancionar una ley que amnistía que los exculpe penalmente. Así lo estimó Garzón  cuando ordenó abrir fosas a fin de exhumar víctimas de matanzas presuntamente cometidas por los nacionales, durante la Guerra Civil. Cuando solicitó librar oficios a fin de que dependencias estatales españolas informen sobre los eventos que se les ponían de relieve.  O sea que, de hecho, comenzó a practicar medidas instructorias, sin estar legalmente autorizado para ello, habida cuenta la vigencia de la ley de amnistía que lo vedaba. Tal resolución está siendo valorada, examinada,  por los estratos mas altos de la judicatura española, por cuanto se le imputa haber prevaricado, en cuanto  hizo a un lado las disposiciones de amnistía que rigen en el derecho interno de España, y procedió a instruir sumario por esos eventos. Sostiene Garzón, en la resolución cuestionada, que a su leal saber y entender, tales eventos criminosos internacionales no han prescripto, por cuanto los Tratados rubricados por España, determinan que no se deben aplicar disposiciones internas que impidan la investigación de delitos internacionales.  También sostiene Garzón que deben calificarse a los hechos aberrantes cometidos durante la Guerra Civil, como delitos internacionales, haya regido o no una ley interna que así lo haya dispuesto. 

Anteriormente, es decir en marzo del 2000, Garzón no opinaba igual. Cuando le llegó a su juzgado la denuncia donde el imputado principal era el jerarca comunista D. Santiago Carrillo, consideró que regía para él la prescripción y consideraba, de acuerdo con el Fiscal, que no se podía acceder a lo requerido por la querella, ante la existencia de normas que habían perdonado el presunto accionar criminal del mismo.  Al resolver el entonces magistrado Garzón, señala que de conformidad con el Fiscal, debe desestimarse la querella aludida. El Fiscal, sostuvo que los eventuales delitos habían prescripto, dado el tiempo transcurrido y que existían impedimentos de orden legal interno, por lo que no podía requerir la instrucción del sumario aludido.El juez al resolver, manifestó que estaba de acuerdo con el temperamento propiciado por el Ministerio Público, y sin mas archivó tales actuaciones. Una demostración de que, aparentemente, Garzón ha resuelto en similares casos, conforme quien sea el imputado. Si se trata de la Masacre de Paracuellos del Jarama, imputada a Santiago Carrillo y otros, es imposible sumariarlo. Caso contrario, cuando la querella es contra los nacionalistas franquistas, no hesita en sumariarlos. Una justicia, poco menos que extraña la del señor Garzón. 

Algunos aspectos criticables de la actividad del ex juez "mediático Baltasar Garzón.

El Tribunal Supremo de España,  decidió archivar por prescripción de los hechos la causa abierta contra Baltasar Garzón por haber solicitado y obtenido patrocinios por valor de más de un millón de dólares de entidades como el Banco Santander, Endesa, BBVA, Telefónica o Cepsa para la realización de los cursos que impartió en Nueva York entre los años 2005 y 2006. El instructor de la causa, Manuel Marchena, tomó la consideración basándose en que el delito prescribió por sólo 25 días pese a haber encontrado claros indicios de delito. 

La acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, solicitó penas de hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación al considerar que Garzón desarrolló una actividad "delictiva" al reclamar dinero a cinco empresas españolas (el Banco Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa) que patrocinaran los cursos que dirigió en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha archivado este lunes la causa abierta al juez Baltasar Garzón por el patrocinio tales empresas a los cursos que dio la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, al estimar que el delito de cohecho impropio que le imputaba está prescripto. En el auto resolutorio que así lo ordena, el juez citado da por probada la actividad imputada del encartado.

El instructor de la causa, Manuel Marchena, tomó la consideración basándose en que el delito prescribió por sólo 25 días pese a haber encontrado claros indicios de delito. La resolución destaca en este sentido que el último pago para la financiación de los cursos de Nueva York fue realizado por el BBVA el 17 de mayo de 2006 y que la querella contra Garzón por estos hechos no fue interpuesta hasta el 12 de junio de 2009, es decir, "habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos". A pesar de decretar el archivo de la causa, el magistrado del Supremo, más allá de la prescripción, atribuyó graves hechos a Garzón. "El querellado contactó con los responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas -Santander, BBVA, Telefónica y Cepsa- tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado", señaló el Supremo. Marchena también destacó que los responsables de las empresas han declarado que "el dinero había sido entregado en atención al cargo de quien se lo solicitaba" y aseguró que "las cartas, documentos y certificaciones incorporados a la causa hablan por sí solos cuando se trata de explicar el propósito de los patrocinadores y del querellado". Aclaremos que, por haber transcurrido los plazos legales, no se pudo someter a proceso a Garzón, pero el magistrado interventor señaló que está probado judicialmente que el acusado  intervino en los eventos investigados, tal como reseñamos anteriormente. Sin palabras.

La batalla de Ayacucho fue el nacimiento de Hispanoamérica

El ilustre historiador y  escritor español D. Fernando Díaz Villanueva, nos hace conocer las conclusiones a las que arribó, luego de un meditado estudio sobre lo acontecido en las vísperas de la Batalla de Ayacucho. Hasta el presente, teníamos una idea general sobre tales antecedentes, pero el distinguido investigador añade eventos casi  desconocidos para la mayoría de la gente. Sin duda, la lectura de este artículo hará cambiar nuestra opinión o al menos incidirá en las conclusiones a las que podremos arribar. Señala el aludido investigador que, los elementos de convicción que ha adquirido, le permiten rebatir en algunos casos y aclarar en otros, lo que realmente ha sucedido en la última etapa de la  Campaña Libertadora encabezada por Bolívar en el norte y por San Martín desde el sur de Sudamérica.

En 1819 América estaba en pie de guerra. Por América se entiende la América española, porque la otra, la de los Estados Unidos, era aún una pequeña e insignificante confederación de granjeros temerosos de Dios que vivían sin meterse con nadie bien pegados a la costa del Atlántico.

Ese mismo año, en la lejana España –que acababa de vender la Florida a los granjeros por cinco millones de dólares– un ejército de 20.000 hombres se dirigía a Cádiz. Los enviaba el rey Fernando VII para sofocar la asonada independentista de los españoles de ultramar.

Pero no pudieron embarcar. Uno de los oficiales del cuerpo expedicionario, Rafael del Riego, que se encontraba al frente del batallón asturiano, se conjuró con otros camaradas y tomaron preso al Conde de Calderón, comandante en jefe de la expedición. A Riego los problemas en los virreinatos americanos le parecían un asuntillo menor al lado del cruel destino que tenía que padecer la Madre Patria por culpa de la reincidente felonía del monarca que había jurado la Constitución de 1812 sólo para recuperar el trono. No contento con sublevar a la tropa e impedir su embarque, obligó al Rey a jurar la Pepa; o, mejor dicho, a tragársela, por utilizar una feliz expresión de aquella época.

Este episodio imprevisto ocasionó que los virreyes, especialmente el de Perú, se quedasen aislados de la metrópoli y a merced de los sediciosos, que año tras año iban haciendo jirones del portentoso edificio colonial. Cuando la noticia del levantamiento de Riego llegó a América, los capitanes rebeldes –libertadores los llamaban, aunque, en rigor, libertar no libertaron mucho, y al crudo malvivir hispanoamericano me remito– advirtieron que aquella era su oportunidad y aceleraron las campañas en marcha.

Tenían, sin embargo, un problema, y no precisamente pequeño. En el virreinato del Perú la población indígena era muy numerosa, y a los indios les había dado por unirse en masa a la causa realista. En el bando que se proclamaba patriota lo único que veían era señoritos criollos atontolinados con la Revolución Francesa, poco amiga de observar ciertas peculiaridades locales, las mismas que los indios querían seguir manteniendo. El virrey, José de la Serna, natural de Jerez y veterano de la Guerra de la Independencia, contaba con ello, de modo que se organizó para resistir los ataques que le llegaban de todas las direcciones hasta que desde España le enviasen un ejército de refuerzo. Entonces, la tornadiza suerte política de la península ibérica volvió a darle un disgusto.

En 1823 Riego cayó y, para que sirviese de escarmiento, el Rey ordenó que fuese ahorcado y decapitado en una plaza de Madrid. Las noticias de España provocaron que en Perú se desatase una guerra civil entre los leales a la Corona. Una descoordinación inexplicable pero algo, por lo demás, muy español. Por un lado estaban los absolutistas, acaudillados por el vizcaíno Pedro Antonio de Olañeta; por el otro, los constitucionalistas, cuya causa representaba De la Serna. Simón Bolívar, un criollo aburguesado de la Capitanía General de Venezuela con estudios en España, aprovechó la circunstancia y se valió de Olañeta para penetrar en Perú y hostigar a los realistas. En octubre de 1824 el virrey se encontraba en situación límite. Los rebeldes, por su parte, habían desplegado sus fuerzas en las tierras altas y preparaban la embestida final.

Bolívar entregó el mando del ejército a su paisano Antonio José de Sucre, que al frente de unos 6.000 rebeldes se dispuso a plantar cara al virrey. Tras tantearse durante unas semanas en las sierras andinas, De la Serna se encaramó a un cerro muy bien situado, hasta donde pensaba atraer a Sucre para masacrar sus tropas a placer. Pero el venezolano no mordió el anzuelo y esperó a que al andaluz se le acabasen las provisiones y se viese obligado a descender. En el llano esperaban los sublevados dispuestos para un combate en el que no pensaban dar cuartel.

El encuentro final se produjo en la pampa de Quinua, junto a la ciudad de Ayacucho, a principios de diciembre. Podríamos decir que la batalla estaba decidida desde antes de empezar y no andaríamos muy desencaminados. De hecho duró muy poco y consistió, básicamente, en una gran carga de las tropas realistas sobre las rebeldes que se habían situado sobre el llano en la posición adecuada. El ejército del virrey estaba cansado, hambriento y falto de efectivos bregados, con experiencia: muchos de los que tenía se habían pasado al enemigo (no olvidemos que en los dos bandos eran igual de españoles: misma lengua, mismos uniformes y misma mala leche) o habían muerto en las sucesivas escaramuzas de la campaña. Además, andaba corto de intendencia y llevaba meses triscando por las sierras, enfrentándose primero a los absolutistas y luego a los independentistas. Era, en definitiva, un ejército condenado a la derrota. Hay incluso una teoría que afirma que el fatal desenlace estaba pactado. De la Serna simpatizaba con las ideas liberales y allí, en las remotas tierras del altiplano peruano, esas ideas las representaba Sucre y no Fernando VII. Evidentemente, es sólo una teoría, pero abunda en la idea de que las guerras americanas fueron, en realidad, una gran confrontación civil entre españoles y no una guerra patriótica de liberación, que es como aquello ha pasado a la historia.

Con o sin pacto, De la Serna no podía rendirse a la primera, así que se lo jugó a doble o nada. Ordenó que las divisiones bajasen ordenadamente del cerro con la esperanza puesta en coger a Sucre desprevenido y sin formar. Pero Sucre lo veía todo desde abajo, de manera que no tuvo más que tensar bien las filas y resistir el embate de las primeras divisiones, a las que no tardó en poner en desbandada. A esas alturas la batalla estaba ya irremediablemente perdida. Sin sucumbir al desánimo, el virrey, que contaba con una ligera ventaja numérica, trató de recomponer la línea de ataque. Fue inútil: el propio De la Serna, sabiéndose protagonista de una ocasión histórica, en la que tenía que quedar a la altura, se metió de lleno en el combate. Resultó herido y cayó preso.

La captura del virrey no provocó que los suyos se rindiesen. El regimiento Fernando VII, al mando de José Carratalá, un alicantino que debía de creerse la reencarnación de uno de aquellos que lucharon en los Tercios de Flandes, siguió combatiendo hasta el último suspiro. La típica resistencia tan nuestra, quijotesca y heroica pero inútil. Los rebeldes condujeron a los prisioneros hasta Ayacucho, donde les hicieron firmar la capitulación que ponía punto y final, después de casi 300 años, al virreinato del Perú. De sus cenizas nacerían las repúblicas de Perú y Ecuador. Pero antes sus próceres tendrían que vérselas con los últimos soldados realistas, que se marcaron una numantinada antológica en la fortaleza del Real Felipe del Callao. Allí resistieron hasta 1826, tras más de un año de asedio por tierra y mar. El 22 de enero la fortaleza se entregó, y con ella el último baluarte de la Corona en el continente sudamericano.

En España, las noticias provenientes de América fueron recibidas con indiferencia; no fue distinto en ésto Fernando VII, que poco había hecho por reforzar las tropas realistas. A los veteranos de la guerra se les empezó a conocer, con sorna y desprecio, como ayacuchos. Les acusaban de haberse dejado ganar.  La batalla pronto fue olvidada y los españoles de los dos lados del océano se dedicaron a sus cosas, fundamentalmente a pelearse entre ellos, que es, con diferencia, lo que mejor se nos ha dado a los hispanos desde siempre. (Seleccionado de la web española del diario libertad Digital, del 15-02-2012).

Historia del amante de García Lorca, quien robó su cadáver y lo habría enterrado en el Uruguay.

La leyenda de Lorca y su muerte no tiene fin; todavía no se sabe donde están sus restos, y ahora el redescubrimiento, por parte del escritor Santiago Roncagliolo, de Enrique Amorín, un millonario que fue amante del poeta cuando estuvo en Uruguay, deja en el aire si éste pudo robar su cadáver.


Una apasionante historia que el peruano Santiago Roncagliolo (Lima, 1975) ha plasmado en El amante uruguayo. Una historia real, publicado por editorial Alcalá; una monumental investigación por el Buenos Aires de los años treinta, la guerra civil española y el París de posguerra, y por la historia de los máximos creadores del siglo XX, como Picasso, Chaplin, Neruda o Borges.

Y una investigación que empezó con el interrogante de saber si sería verdad que Enrique Amorín, un escritor seductor, comunista, homosexual casado, y uruguayo y argentino a partes iguales, había robado el cadáver de Lorca, como él mismo dijo tras haber hecho un homenaje en 1953 en Salto, a orillas del río que separa Uruguay de Argentina ante multitud de gente, para enterrar una caja blanca -que se supone que contenía sus huesos- y levantar un monumento al poeta. "Cuarenta y ocho años después, el monumento y su misterioso contenido siguen ahí, intactos", dice a EFE Roncagliolo, "pero nadie quiere decir ni una palabra sobre si es verdad o no".

Cierta o no, la historia le pareció fascinante al escritor peruano porque, a raíz de la misma, descubrió que detrás existía un personaje de novela total, y se puso en marcha para investigar todo su legado.

"Amorín era un escritor, bueno, más personaje que escritor -dice el autor-, con 40 libros escritos pero con poca memoria de ellos, que se sabía todos los secretos de los artistas del siglo XX. Su vida era su mejor obra. Sabía mucho y no lo podía contar, porque en los 50 no se podía hablar de la homosexualidad de Lorca o de Jacinto Benavente, o de los dudosos manejos del partido comunista, en el que él mismo militó", argumenta el autor de Abril rojo.

Y es que Roncagliolo cree que Amorín, al que todos los artistas le pedían dinero, entre ellos Picasso, aunque luego se lo cobraba caro, dejó un vasto material para que alguien escribiese su vida. "Y me tocó a mí -reconoce el escritor-, aunque en realidad su vida está llena de enigmas".

"Si los restos de Lorca están donde dice él que los dejó, es un hecho histórico; pero, si no, es su última burla del mundo intelectual que nunca le tomó en serio", subraya.

El libro, que se lee de forma trepidante y está plagado de anécdotas y descubrimientos, cuenta que Amorín y Lorca fueron amantes, este último estuvo en Argentina y en Uruguay, y un tiempo en Madrid, con cartas que hablan de una relación muy cómplice y muy pícara.

"Es difícil saber cómo fue de íntima esa relación -explica Roncagliolo-. Gibson cuenta que Lorca tenía mucha gente que se enamoraba de él y a la que olvidaba rápidamente, pero yo creo que Amorín llegó a creer que su amor fue mucho más intenso, incluso pensaba que a Lorca lo mataron por su culpa, por haberles pillado una conversación en la calle en la que ellos admitían sus filias y sus fobias políticas".

Todo un material, con cartas, fotos, documentos, que el autor de Tan cerca de la vida ha rescatado, en gran parte, de la biblioteca de Amorín en Uruguay, que su mujer custodió durante años, y del libro de sus memorias.

Cartas con momentos memorables como el que recoge el libro sobre la reunión secreta que tuvieron Chaplin y Picasso.

"Chaplin no quería que se supiera que había habido esa reunión porque le perseguían en Estados Unidos por comunista y Picasso era un reconocido comunista. Se encontraron en secreto y Amorín estaba allí", comenta el autor.

"Pero Chaplin no menciona que Amorín estuviera allí, solo dice que estaban Picasso, él y Jean-Paul Sartre, y la descripción que hace de Sartre es la de Amorín, y es que Amorín se hizo pasar por Sartre. Me encantó. Me dije ¿pero qué personaje es éste?".

El resultado de este libro no es saber si nos podemos fiar o no de Amorín. Para el autor, "en cualquier caso, nos ha dejado un retrato del siglo XX, el de alguien que estuvo en todo y con todos, pero que no estuvo en la foto", concluye Santiago Roncagliolo. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital, del 14-02-2012)

Por orden de Bachar al Asad, elogiado por el Grupo ALBA, en Siria bombardean a la ciudad de Homs.

"La representante especial del secretario general de la ONU para los Niños en los Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy, reclamó al Gobierno sirio que detenga los asesinatos y las mutilaciones de menores, quienes incluso son objeto de detenciones y torturas en el país árabe.

"Las violaciones cometidas contra los menores van más allá de los asesinatos y las mutilaciones. Sabemos de casos de detenciones de niños a quienes se les acusa de pertenecer a grupos armados", dijo Coomaraswamy en un comunicado en el que lamenta que los patrones de represión de Damasco afecten también a los menores sirios.

La representante especial de Naciones Unidas habla de "malos tratos y actos equivalentes a tortura que han causado la muerte de niños", y subrayó que la situación es particularmente preocupante en Homs, "desde donde cada día se reciben noticias de la muerte de menores y bombardeos a infraestructuras civiles, como hospitales".

Homs se ha convertido en uno de los mayores focos de oposición al régimen de Bachar al Asad y lugar de refugio de un importante número de soldados desertores, lo que se ha traducido en una sangrienta ofensiva militar contra la ciudad que se ha saldado con más de 2.000 muertos desde el pasado marzo, cuando se iniciaron las protestas en el país árabe.

"En los últimos meses, el número de menores que son víctimas en Siria ha aumentado hasta los varios centenares y va en aumento", aseguró Coomaraswamy, quien también condenó el uso militar que realizan las fuerzas de seguridad sirias de las escuelas del país para frenar la revueltas contra el régimen sirio.

La experta en los efectos de los conflictos en la infancia recordó que la muerte y la mutilación de menores va en contra del derecho internacional y subrayó que "los ataques sobre escuelas y hospitales" se encuentran entre los "graves ataques contra la infancia definidos por el Consejo de Seguridad en 2005".
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió también hoy al régimen de Al Asad que detenga "inmediatamente" el bombardeo de zonas residenciales en Homs, donde asegura que, desde el pasado 3 de febrero, han muerto más de 300 personas, "incluidos mujeres y niños", como consecuencia de esos ataques.

Además, HRW denunció que "no hay disponible una asistencia médica adecuada a las víctimas debido al bloqueo al que las fuerzas gubernamentales tienen sometida a la ciudad y al miedo a las detenciones que tienen las víctimas si se presentan en hospitales controlados por el Gobierno".

La organización recordó que la intensificación de los ataques sobre Homs se produjo después de que Rusia y China vetaran una resolución de condena a Damasco en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que el Gobierno sirio interpretó "como una carta blanca para atacar ciudades como Homs sin importarle quien muere".

Así lo aseguró en el comunicado Anna Neistat, una de las expertas de HRW sobre Siria, quien recordó a Moscú y Pekín que "ahora tienen la responsabilidad particular de forzar al Gobierno sirio a detener la masacre", al tiempo que subrayó que, "si no lo hacen, deberían dejar de obstruir la acción del Consejo de Seguridad".

Rusia y China evitaron el pasado sábado que el máximo órgano internacional de seguridad condenara la represión que ejerce el régimen de Dasmasco y apoyara el plan ideado por la Liga Árabe para lograr a una transición política en Siria.

Los otros trece miembros del Consejo votaron a favor de una resolución propuesta por Marruecos y redactada en conjunto por varios países árabes y occidentales. EFE

 

El gobierno del dictador sirio, al bombardear ciudades indefensas comete el delito de lesa humanidad.

"Sexto día de horror en Homs. Al menos 110 personas han muerto en dicha provincia central de Siria, uno de los bastiones de la oposición y habitado en su mayoría por musulmanes suníes, a causa de la ofensiva de las fuerzas leales al presidente Bashar Asad, según denuncian los Comités de Coordinación Local. Los Comités, que citan a médicos y activistas sobre el terreno, informaron en un comunicado de que los continuos bombardeos han derruido varias viviendas en cuyo interior se encontraban sus residentes. El grupo opositor destacó que a los fallecidos en Homs se suman tres muertos en Maarat al Nuaman, en la provincia norteña de Idleb, y cuatro en Zabadani, en las afueras de Damasco. Entre el total de víctimas hay al menos ocho menores. A pesar de la sangrienta represión, los activistas han pedido a los sirios que se manifiesten masivamente este viernes, en esta ocasión para denunciar el apoyo de Rusia en el régimen del presidente y su veto a una resolución de condena a la represión Naciones Unidas, que ha aumentado las divisiones internacionales. "Rusia está matando a nuestros hijos. Sus aviones, tanques y veto también matan a nuestros niños", escribieron en la página de Facebook 'Revolución Siria 2011'. Amnistía Internacional ha afirmado que más de 200 personas han perdido la vida en Homs desde el viernes, la mayoría de ellas víctimas desarmadas de bombardeos y disparos de francotiradores. "La situación en Homs es crítica y se está convirtiendo en una importante crisis humanitaria. Rusia ha bloqueado los esfuerzos internacionales para detener las violaciones masivas de derechos humanos en Siria, afirmando que tiene un plan mejor para resolver la crisis", ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Países del A.L.B.A. defienden las masacres en Siria (Y los Derechos Humanos?)

La siguiente noticia da cuenta de la defensa que hacen los países integrantes del ALBA, del accionar del tirano de Siria.  Miles de personas son masacradas diariamente, y en lugar de lamentar tales eventos, de condenar a quien los ordenó, en este especialísimo caso, al parecer matar es lo correcto. Si los ataques, con sus secuela homicida, lo hubieran llevado a cabo fuerzas de derecha, seguramente denunciarían los presidentes de estos países, que estábamos ante delitos de lesa humanidad y hasta las Madres de Plaza de Mayo, despertando de su letargo  burgués-inmobiliario,  habrían manifestado su indignación  ante la masacre cometida por el "imperialismo internacional". No puede ocultar esta "alianza bolivariana para los pueblos de América" que carece de base ética para defender lo indefendible. Según ellos el  presidente Bashar al-Assad busca imponer una solución pacífica a la crisis. Es por ello, que en lugar de condenar a los actos aberrantes concretados por fuerzas al mando del presidente citado, lo defienden como si fuera uno de los suyos. Sus razones tendrán. 

Uno se interrogará: ¿Y la violación de los derechos humanos en los que incurren las fuerzas estatales oficiales? ¿No es ésto Terrorismo de Estado, sobre el que tanto cacarean estos "señores"?

"Los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) dieron su aprobación a una moción de condena a lo que definieron como «una política sistemática de injerencia» en Siria.

Los presidentes «reiteraron su condena a la política de desestabilización en la hermana república árabe de Siria, cuyo fin es imponer por la fuerza al pueblo sirio un cambio de regimen», indica la declaración leída por el presidente venezolano, Hugo Chávez. 

Además, Los representantes de los ocho países que componen la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) entre ellos, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, reiteraron su apoyo a la política de reformas y dialogo nacional impulsadas por el Gobierno del presidente Bashar al-Assad que «buscan encontrar una solución política a la crisis actual, respetuoso de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de ese hermano país árabe».

Hugo Chávez, presidente de Venezuela y anfitrión de la XI cumbre del ALBA, aplaudió la decisión de China y Rusia de vetar un borrador de resolución de la ONU que exhortaba a Assad a abandonar el poder.

La declaración del ALBA afirma que las naciones que componen esta instancia de integración, «condenan los actos de violencia armada que grupos irregulares apoyados por potencias extranjeras desataron contra el pueblo sirio y formulan votos para que la sociedad siria retorne a la calma y se desarrolle en un ambiente de paz».

"Los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) dieron su aprobación a una moción de condena a lo que definieron como «una política sistemática de injerencia» en Siria.

Los presidentes «reiteraron su condena a la política de desestabilización en la hermana república árabe de Siria, cuyo fin es imponer por la fuerza al pueblo sirio un cambio de regimen», indica la declaración leída por el presidente venezolano, Hugo Chávez. 

Además, Los representantes de los ocho países que componen la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) entre ellos, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, reiteraron su apoyo a la política de reformas y dialogo nacional impulsadas por el Gobierno del presidente Bashar al-Assad que «buscan encontrar una solución política a la crisis actual, respetuoso de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de ese hermano país árabe».

Hugo Chávez, presidente de Venezuela y anfitrión de la XI cumbre del ALBA, aplaudió la decisión de China y Rusia de vetar un borrador de resolución de la ONU que exhortaba a Assad a abandonar el poder.

La declaración del ALBA afirma que las naciones que componen esta instancia de integración, «condenan los actos de violencia armada que grupos irregulares apoyados por potencias extranjeras desataron contra el pueblo sirio y formulan votos para que la sociedad siria retorne a la calma y se desarrolle en un ambiente de paz». (Seleccionado de www. israelonline.com  del 06-2-2012)