Nos resulta "raro", "curioso" que al parecer, las víctimas de los delitos de genocidio o de lesa humanidad que son imputados a los integrantes de las fuerzas milicianas del bando republicano, que practicó terrorismo de Estado, durante la II República, no se hayan presentado también, a fin de solicitar que la Justicia de la Argentina reconozca sus derechos. Creemos que la falta de presentación obedece al desconocimiento de los mismos. Posiblemente ellos, sin dinero, sin poder alguno, carecen del apoyo clásico de las denominadas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Posiblemente no han intentado solicitarles auxilio y colaboración, ya que saben que la respuesta será negativa. Ellos saben que tales ONG se dedican a mirar a las víctimas, con un solo ojo, el de la izquierda. Cuando les recuerden que en la zona Republicana española, bajo el regimen de la II República se practicaba el terrorismo de Estado, accionar que esas ONG tanto han criticado. Cuando les recuerden que en esa zona funcionaban las denominadas "Chekas", donde eran llevados los adversarios políticos del regimen republicano, a fin de ser torturados, previa privación ilegal de la libertad, como en la Argentina en la década del 70, esas ONG dirán que los damnificados de derecha, no son las víctimas que ellos defienden. Requisito sine qua non para ser defendido por ellas es militar en el terrorismo izquierdista. Irónicamente, toda la sociedad, adhiere a estas ONG, sin advertir cuenta que el interés de ellas no es por toda la sociedad, sino por un reducido núcleo: sus partidarios. Los demás les importa un rábano. Cuando intenten presentar su denuncia en la Argentina, aludirán seguramente a los eventos imputados a Franco,pero similareseventos, imputados al régimen de la II república, para esta gente no tiene ninguna importancia. El genocidio que significa matar a alguien por ser cura o monja, no es genocidio para ellos. En la web del diario español El Mundo, se transcribe: "La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) será denunciada penalmente por el delito de 'genocidio', el próximo miércoles 14 en los juzgados de Buenos Aires, por familiares de dos víctimas de aquel régimen de fuerza, con el apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros organismos.
Así lo anunció este viernes a elmundo.es el abogado hispano-argentino Carlos Slepoy –Premio Internacional 2008 de la Asociación de Derechos Humanos de España- que actuó de querellante en el proceso que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llevó adelante contra la dictadura argentina (1976-1983).
"La denuncia se radicará el 14 de abril porque es el aniversario de la Segunda República española y para ello viajarán especialmente desde España varias personalidades, entre ellas, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva", confió el letrado.
En la denuncia dos familiares directos de víctimas de Franco, que viven en Argentina, solicitarán ser querellantes: Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei; e Inés García Holgado, sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos fusilados.
Rivas Cando permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron encontrados sus restos en una fosa común. "Reclamo algo que me corresponde: Justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura", afirmó su hijo.
Slepoy explicó que la querella de los deudos "solicitará el ejercicio de la jurisdicción universal en los crímenes contra la Humanidad, que es la misma jurisdicción que se aplico en los tribunales españoles para procesar a las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala, y hasta para condenar en Madrid al represor argentino Adolfo Scilingo".
"El período a investigar será desde el 17 julio de 1936, porque ese día el franquismo ya perpetró crímenes, aunque el alzamiento castrense fue un día después, el 18, hasta el 15 de junio de 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas", precisó el abogado al salir de la reunión de organismos de Derechos Humanos en que se adoptó esta decisión.
También adelantó que "se solicitará que España remita la lista de todos los ministros que hubo en la dictadura de Franco, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas, y de la Falange Española. Y la relación de los que aún están vivos, con el objetivo de desarrollar pruebas en el procedimiento y eventualmente imputar a algunos de ellos".
"Muchos familiares de ejecutados, desaparecidos y torturados que viven en España calculamos que vendrán a Argentina a dar sus testimonios y así se va a producir el mismo efecto, pero en sentido inverso, que existió cuando los argentinos y chilenos viajaban a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional", agregó.
Slepoy redondeó su idea en que "pretendemos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo no queden impunes", en referencia a la paralización de la causa que instruía el juez Garzón hasta que ha sido acusado, entre otros, por la Falange de supuesta prevaricación en la interpretación de la Ley de Memoria Histórica. (Seleccionado de la web del diario español El Mundo, del 10-04-10)
"La denuncia se radicará el 14 de abril porque es el aniversario de la Segunda República española y para ello viajarán especialmente desde España varias personalidades, entre ellas, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva", confió el letrado.
En la denuncia dos familiares directos de víctimas de Franco, que viven en Argentina, solicitarán ser querellantes: Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei; e Inés García Holgado, sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos fusilados.
Rivas Cando permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron encontrados sus restos en una fosa común. "Reclamo algo que me corresponde: Justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura", afirmó su hijo.
Slepoy explicó que la querella de los deudos "solicitará el ejercicio de la jurisdicción universal en los crímenes contra la Humanidad, que es la misma jurisdicción que se aplico en los tribunales españoles para procesar a las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala, y hasta para condenar en Madrid al represor argentino Adolfo Scilingo".
"El período a investigar será desde el 17 julio de 1936, porque ese día el franquismo ya perpetró crímenes, aunque el alzamiento castrense fue un día después, el 18, hasta el 15 de junio de 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas", precisó el abogado al salir de la reunión de organismos de Derechos Humanos en que se adoptó esta decisión.
También adelantó que "se solicitará que España remita la lista de todos los ministros que hubo en la dictadura de Franco, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas, y de la Falange Española. Y la relación de los que aún están vivos, con el objetivo de desarrollar pruebas en el procedimiento y eventualmente imputar a algunos de ellos".
"Muchos familiares de ejecutados, desaparecidos y torturados que viven en España calculamos que vendrán a Argentina a dar sus testimonios y así se va a producir el mismo efecto, pero en sentido inverso, que existió cuando los argentinos y chilenos viajaban a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional", agregó.
Slepoy redondeó su idea en que "pretendemos que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo no queden impunes", en referencia a la paralización de la causa que instruía el juez Garzón hasta que ha sido acusado, entre otros, por la Falange de supuesta prevaricación en la interpretación de la Ley de Memoria Histórica. (Seleccionado de la web del diario español El Mundo, del 10-04-10)
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