En numerosas ocasiones, me he interrogado sobre el motivo determinante que imposibilitó que las víctimas del terrorismo en la Argentina, no se hayan presentado ante los estrados jurisdiccionales de España o de otro país, solicitando que se instruya sumario tendiente a lograr el castigo de los imputados de tales delitos. Habida cuenta que el Estado argentino, se niega a someter a proceso penal, a quienes se encuentran imputados de eventos aberrantes durante la década del 7o, alegando que a ellos no se les puede imputar delitos internacionales, tales víctimas podrían haberse presentado hace años, exponiendo su caso, ante la inercia omisiva de la Argentina.
No lo hicieron. No recurrieron, en nombre de la justicia universal. Lamentablemente no estuvieron acertados en tal decisión. En España, como el juez Garzón decidió pasar por alto la ley de amnistía, sancionada por los representantes del pueblo, se lo somete en la actualidad a un proceso penal, en orden al delito de prevaricato. El magistrado habría incurrido en tal delito, al desconocer leyes españolas vigentes. Nos señala el Estado español que la ley de amnistía dictada en la década del 70, no puede ni debe ser atacada o impugnada, como se hizo en la Argentina, mediante la utilización de una interpretación arbitraria de convenios internacionales y de nuestra propia Carta Magna.
Acá a nadie se le ocurrió denunciar a algún juez que haya procedido como este magistrado. Los sedicentes damnificados del accionar de la época franquista, decidieron denunciar ante la justicia argentina, los eventos de los que fueron víctimas, hace mas de 7o años a la fecha. No sabemos si tal actitud tendrá viabilidad en nuestro país, ya que ellos corren el riesgo cierto de que, como en España se hizo, se sancione una norma legal que autorice a los juzgados argentinos a avocarse a las denuncias sólo en los casos en que las víctimas sean ciudadanos de este país. Refiere una web española lo siguiente:
"Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"Si no dejan aquí tendrá que venir un juez de fuera", avisaron las familia
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
El proceso podría llevar a declarar a Fraga como ex ministro de Franco
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado. (N.de R: otros historiadores, en cambio, creen que tales aberrantes eventos, han sido inspirados por las conocidas como "sacas", efectuadas por milicianos de civil, durante la II República. Antes del Golpe de Estado de Franco. Iban en patota a buscar al candidato, los trasladaban a las conocidas como "chekas" donde eran torturados, hasta la muerte y luego desaparecía su cadáver. Muy parecido a la Esma o algún establecimiento similar. Pero lo curioso de todo ésto, es que al parecer, los republicanos que aun viven, súbitamente "olvidaron" tales episodios, que empañarían la imagen de "demócratas" que se empecinan en ostentar hipócritamente.)
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
"La jurisdicción universal no es un arma colonial", dice el abogado
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón. (Seleccionado de la web española del diario "Público.es",del 09-04-10)
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"Si no dejan aquí tendrá que venir un juez de fuera", avisaron las familia
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusilado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
El proceso podría llevar a declarar a Fraga como ex ministro de Franco
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado. (N.de R: otros historiadores, en cambio, creen que tales aberrantes eventos, han sido inspirados por las conocidas como "sacas", efectuadas por milicianos de civil, durante la II República. Antes del Golpe de Estado de Franco. Iban en patota a buscar al candidato, los trasladaban a las conocidas como "chekas" donde eran torturados, hasta la muerte y luego desaparecía su cadáver. Muy parecido a la Esma o algún establecimiento similar. Pero lo curioso de todo ésto, es que al parecer, los republicanos que aun viven, súbitamente "olvidaron" tales episodios, que empañarían la imagen de "demócratas" que se empecinan en ostentar hipócritamente.)
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
"La jurisdicción universal no es un arma colonial", dice el abogado
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón. (Seleccionado de la web española del diario "Público.es",del 09-04-10)
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