No podemos dejar de advertir que, en España quienes denuncian al regimen franquista emplean exactamente similar metodología, que la empleada en la Argentina por quienes denuncian a los responsables del regimen militar del Proceso. En ambos casos se presentan los casos denunciados, como violaciones de los derechos humanos, de inocentes componentes de la sociedad civil. Paradojalmente, los sedicentes damnificados, integraron en algunos casos las formaciones subversivas terroristas, que mataron con saña, atentaron contra la sociedad civilizada y contra un gobierno constitucional. Pero al parecer, todos éstos, son temas menores que no merecen atención.
Advertimos también, que lo que se pretende es sustraer al ámbito adecuado y especializado, a la historia y las ciencias auxiliares de ella, los eventos sucedidos a los largo de la II República, la Guerra Civil y el Régimen de Franco llevando su examen no a los historiadores sino a los jueces. Es, como dirían los progresistas, el ánimo de judicializar eventos que forman parte de una conflagración entre hermanos. Un terreno vedado a cualquier juez. Creemos que sólo podrían ingresar allí, excepcionalmente, en contadísimas oportunidades. Quienes sustentan la teoría contraria, están convencidos de que mediante la justicia, con minúscula, podrán lograr lo que no han podido alcanzar en la lucha con las armas: la victoria.
"El supuesto de la buena fe de los denunciantes queda debilitado cuando pretenden incluir, en calidad de víctimas del franquismo, tanto a los inocentes que sin duda cayeron, como a los miembros de las checas, autores de crímenes de un sadismo escalofriante.
Las denuncias presentadas por numerosas asociaciones y personas particulares por detenciones ilegales, muertes, torturas y exilios atribuidos al franquismo fueron rechazadas inicialmente en enero de 2008, considerando que no constituían genocidio ni crimen contra la humanidad, y estaban afectados por la amnistía de octubre de 1977. En realidad, el argumento era claramente insuficiente, porque las denuncias tenían que hacerse a personas concretas, la totalidad o casi totalidad de las cuales habían fallecido, lo que imposibilitaba abrir juicio contra ellas.
Los denunciantes insistieron, afirmando que los supuestos hechos denunciados entraban en la categoría de crímenes contra la humanidad y genocidio, y por tanto no podían prescribir, según ciertas leyes internacionales. No obstante, chocaban de entrada contra el mismo escollo: no puede juzgarse a los muertos, entre otras causas porque ni pueden defenderse ni ser castigados.
Pero, caídas las denuncias en manos de Garzón, el caso tomó otro rumbo, que entra en el terreno del absurdo cuando este pintoresco juez pide los certificados de defunción de Franco y sus gobiernos hasta 1952, fecha arbitraria elegida por él, así como los nombres de los jefes falangistas de ese período, por si quedaba alguno vivo a quien acusar. O sea, buscaba a algún superviviente, seguramente muy anciano, en quien ensañarse, cuando tiene a mano a otro anciano, Carrillo, a quien en cambio ha decidido aplicar la amnistía de modo arbitrario y totalmente injusto según sus propias premisas.
El auto tiene ya de entrada el grave defecto de basarse en denuncias de asociaciones generalmente subvencionadas por el poder político actual, obviamente con dinero público. Quiere esto decir que se trata de grupos para los que estas actividades constituyen en cierto sentido un negocio, pues viven total o parcialmente de ellas. Aparte de eso, la suposición de buena fe por su parte sufre cuando arguyen que los hechos denunciados no han sido investigados penalmente por la justicia española. No lo han sido, por cierto, ni pueden serlo ya, por las razones dichas, como no se puede investigar penalmente, por ejemplo, el asesinato de Calvo Sotelo. Tales hechos solo admiten una investigación historiográfica, como sin duda no ignoran los denunciantes. Por lo cual, cabe la sospecha razonable de que ellos no esperan mucho de la investigación histórica, y sí del escándalo organizado con ayuda de un juez político.
Además, la investigación historiográfica, para ser creíble, debe realizarse de modo independiente y no bajo los auspicios y la subvención de un poder muy interesado en determinadas versiones, hasta el punto de que ha pretendido imponerlas oficialmente por medio de una llamada Ley de Memoria Histórica, al modo de los estados totalitarios. Lo cual indica mucho, a su vez, sobre el carácter totalitario de las que llama víctimas del franquismo. Pues los modos antidemocráticos del Gobierno proceden de su identificación con conocidas tendencias políticas del pasado.
El supuesto de la buena fe de los denunciantes queda aún más debilitado cuando pretenden incluir, en calidad de víctimas del franquismo, tanto a los inocentes que sin duda cayeron, como a los miembros de las checas y similares, autores de crímenes de un sadismo escalofriante, aparte de robos y otras tropelías. Al no establecer la distinción previa, los denunciantes se identifican claramente con los chequistas, a quienes pretenden hacer pasar por víctimas inocentes y poner al nivel de estas.
Todavía resulta más dudosa dicha buena fe cuando presentan a todas las "víctimas", chequistas e inocentes, como caídos en defensa de la libertad y la democracia. Por decirlo de un modo muy sintético, esto sólo es admisible si consideramos a Stalin padre de la libertad y la democracia, por ejemplo.
Indudablemente hay en estas denuncias unos vicios que van más allá de la mera forma. Y sin embargo, Garzón les ha dado curso, contaminándose de los mismos vicios. El caso resulta más grotesco y contrario al Estado de Derecho cuanto que él mismo rechazó, como dijimos, una acusación contra Carrillo, que sí está vivo y es responsable, muy poco presunto, de la mayor matanza de prisioneros de la guerra civil, aparte de otras "hazañas". Y rechazó la acusación señalando defectos de forma y mala fe, cuando esta no existía, al menos de acuerdo con los propios criterios expuestos luego por Garzón. Pues ante el recurso de los denunciantes, el juez se vio obligado a reconocer que la amnistía amparaba a Carrillo, y ahora, como hemos visto, niega arbitrariamente que ampare a los franquistas. Con ello no solo demuestra una extrema mala fe sino que perpetra un atentado directo y gravísimo a los fundamentos del Estado de Derecho. Él, cuya función consiste precisamente en defenderlos. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital del 29-04-10)
Las denuncias presentadas por numerosas asociaciones y personas particulares por detenciones ilegales, muertes, torturas y exilios atribuidos al franquismo fueron rechazadas inicialmente en enero de 2008, considerando que no constituían genocidio ni crimen contra la humanidad, y estaban afectados por la amnistía de octubre de 1977. En realidad, el argumento era claramente insuficiente, porque las denuncias tenían que hacerse a personas concretas, la totalidad o casi totalidad de las cuales habían fallecido, lo que imposibilitaba abrir juicio contra ellas.
Los denunciantes insistieron, afirmando que los supuestos hechos denunciados entraban en la categoría de crímenes contra la humanidad y genocidio, y por tanto no podían prescribir, según ciertas leyes internacionales. No obstante, chocaban de entrada contra el mismo escollo: no puede juzgarse a los muertos, entre otras causas porque ni pueden defenderse ni ser castigados.
Pero, caídas las denuncias en manos de Garzón, el caso tomó otro rumbo, que entra en el terreno del absurdo cuando este pintoresco juez pide los certificados de defunción de Franco y sus gobiernos hasta 1952, fecha arbitraria elegida por él, así como los nombres de los jefes falangistas de ese período, por si quedaba alguno vivo a quien acusar. O sea, buscaba a algún superviviente, seguramente muy anciano, en quien ensañarse, cuando tiene a mano a otro anciano, Carrillo, a quien en cambio ha decidido aplicar la amnistía de modo arbitrario y totalmente injusto según sus propias premisas.
El auto tiene ya de entrada el grave defecto de basarse en denuncias de asociaciones generalmente subvencionadas por el poder político actual, obviamente con dinero público. Quiere esto decir que se trata de grupos para los que estas actividades constituyen en cierto sentido un negocio, pues viven total o parcialmente de ellas. Aparte de eso, la suposición de buena fe por su parte sufre cuando arguyen que los hechos denunciados no han sido investigados penalmente por la justicia española. No lo han sido, por cierto, ni pueden serlo ya, por las razones dichas, como no se puede investigar penalmente, por ejemplo, el asesinato de Calvo Sotelo. Tales hechos solo admiten una investigación historiográfica, como sin duda no ignoran los denunciantes. Por lo cual, cabe la sospecha razonable de que ellos no esperan mucho de la investigación histórica, y sí del escándalo organizado con ayuda de un juez político.
Además, la investigación historiográfica, para ser creíble, debe realizarse de modo independiente y no bajo los auspicios y la subvención de un poder muy interesado en determinadas versiones, hasta el punto de que ha pretendido imponerlas oficialmente por medio de una llamada Ley de Memoria Histórica, al modo de los estados totalitarios. Lo cual indica mucho, a su vez, sobre el carácter totalitario de las que llama víctimas del franquismo. Pues los modos antidemocráticos del Gobierno proceden de su identificación con conocidas tendencias políticas del pasado.
El supuesto de la buena fe de los denunciantes queda aún más debilitado cuando pretenden incluir, en calidad de víctimas del franquismo, tanto a los inocentes que sin duda cayeron, como a los miembros de las checas y similares, autores de crímenes de un sadismo escalofriante, aparte de robos y otras tropelías. Al no establecer la distinción previa, los denunciantes se identifican claramente con los chequistas, a quienes pretenden hacer pasar por víctimas inocentes y poner al nivel de estas.
Todavía resulta más dudosa dicha buena fe cuando presentan a todas las "víctimas", chequistas e inocentes, como caídos en defensa de la libertad y la democracia. Por decirlo de un modo muy sintético, esto sólo es admisible si consideramos a Stalin padre de la libertad y la democracia, por ejemplo.
Indudablemente hay en estas denuncias unos vicios que van más allá de la mera forma. Y sin embargo, Garzón les ha dado curso, contaminándose de los mismos vicios. El caso resulta más grotesco y contrario al Estado de Derecho cuanto que él mismo rechazó, como dijimos, una acusación contra Carrillo, que sí está vivo y es responsable, muy poco presunto, de la mayor matanza de prisioneros de la guerra civil, aparte de otras "hazañas". Y rechazó la acusación señalando defectos de forma y mala fe, cuando esta no existía, al menos de acuerdo con los propios criterios expuestos luego por Garzón. Pues ante el recurso de los denunciantes, el juez se vio obligado a reconocer que la amnistía amparaba a Carrillo, y ahora, como hemos visto, niega arbitrariamente que ampare a los franquistas. Con ello no solo demuestra una extrema mala fe sino que perpetra un atentado directo y gravísimo a los fundamentos del Estado de Derecho. Él, cuya función consiste precisamente en defenderlos. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital del 29-04-10)
