Un estudioso de los sucesos de la Guerra Civil Española, D. Pío Moa, nos permite con su erudición, llegar a la conclusión que lo ocurrido antes de declararse la guerra civil en España y durante tal conflicto, guarda cierta similitud, tiene cierto parecido con los sucesos ocurridos en la Argentina, a partir de la llamada "Década del 70". Creo que el lector no resistirá a la tentación y, en forma espontánea, intentará comparar lo ocurrido en esos tiempos en la Madre Patria, con lo que ocurrió en nuestro país en tal lapso. Y, lo mas grave, con lo que ocurre en la actualidad. Podremos observar la similitud, que no es obra de la casualidad. Evidentemente, dada cierta ideología similar y dadas ciertas circunstancias parecidas, ocurre indefectiblemente casi lo mismo. Dejemos al lector extraer sus propias conclusiones. En efecto, nos relata D.Pío Moa, con la sencillez que le es característica, en las páginas del diario Español Libertad Digital: “Hemos visto cómo desde la misma noche electoral del 16 de febrero se reabrió en España, con gran violencia, el proceso revolucionario que había sido derrotado en octubre de 1934. Podríamos ver en ello un factor de deslegitimación del Gobierno de entonces, pero no es así. Un gobierno puede tener que afrontar un período de desórdenes o desestabilización; la cuestión en torno a la legitimidad es si lo afronta desde la defensa de la ley o contribuye a hundir ésta, rebasándola gravemente o colaborando con el proceso revolucionario.
Una línea muy frecuente en la historiografía de la época afirma la legitimidad de los gobiernos de Azaña y Casares disociándolos de los disturbios causados por sus aliados izquierdistas, los cuales habrían sido explotados fraudulentamente por las derechas para hundir la República. En el peor de los casos, a dichos gobiernos sólo podría acusárseles de insuficiente energía –algo subsanable en principio– frente a la agitación reinante; pero nada más. Ellos seguirían representando la legitimidad democrática de la República.
Pero, como ocurre con tantos otros mitos creados por la propaganda, no es así en absoluto: ya desde su mismo programa electoral el Frente Popular se situó frente a la ley y la democracia. Ese programa se ha presentado a menudo como moderado, por cuanto rechazaba explícitamente algunas demandas de los partidos obreristas, tales como la nacionalización de la banca o la tierra; pero en sí mismo era un monumento de palabrería demagógica y un peligroso conjunto de contradicciones.
Proponía amnistía y reposición en sus cargos para políticos, militares y empleados complicados en la revolución del 34, dando a entender que habían sido perseguidos por sus ideas o actuaciones políticas normales, y justificando así la rebelión contra la legalidad; al mismo tiempo anunciaba la persecución contra quienes habían defendido entonces la república. Prometía "independencia" de la justicia… una vez ésta fuese depurada y reorganizada convenientemente, así como de la policía, con funcionarios "de cumplida lealtad hacia el régimen". Es decir, lealtad hacia la izquierda, pues ésta, desde Azaña a los más extremistas, consideraba el régimen republicano propiedad suya. Se trataba especialmente de depurar el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual condenaría de antemano cualquier recurso de las derechas.
A estas medidas, que establecían un principio de ilegalidad y ataque a los principios democráticos, las llamaban, tan osada como pomposamente, "restablecer el imperio de la Constitución".
Ello aparte, las medidas contradictorias propuestas para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o la decisión de impedir "las prórrogas abusivas de los estados de excepción", constituyen un sarcasmo, vistos en perspectiva: el triunfo del Frente Popular vino acompañado del caos económico, el paro masivo y un estado de excepción permanente, con graves restricciones de los derechos ciudadanos, censura de prensa, etc. Como dato curioso, el programa se debía especialmente al político y jurista Felipe Sánchez Román… el cual se negó a firmarlo por considerar que no lo respetarían sus aliados obreristas (cosa que, por lo demás, no ocultaban éstos).
Azaña empezó su nuevo período en el poder con un discurso prometedor, muy bien acogido por las derechas:
"El Gobierno se dirige con palabras de paz (…) Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada, y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en toda España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos".
Pero sólo diez días después de las elecciones proclamaba sus verdaderas intenciones ante una agresiva manifestación de izquierdas. Anunció que el programa se realizaría "para que la República no salga nunca más de nuestras manos". Un designio antidemocrático que suponía un cambio de régimen para transformar la República de una democracia liberal en algo parecido al PRI mejicano: quedaría una oposición testimonial y justificadora de una democracia inexistente en la práctica. El régimen mejicano, muy masonizado, era muy admirado por las izquierdas republicanas españolas, y respondía a un ideal de despotismo presuntamente ilustrado que también guiaba a Azaña, como hemos visto.
Los hechos corroborarían las intenciones. Como primera medida de fondo, el nuevo poder redujo sensiblemente, con una "revisión de actas", la representación parlamentaria de las derechas. Así, la mayoría conseguida de forma dudosa por las izquierdas en febrero se arrogaba tiránicamente el papel de juez y parte para despojar a la CEDA de numerosos puestos de diputados. La CEDA, indignada, se ausentó de las Cortes para no legitimar tal desafuero, siendo acompañada de una salva de amenazantes acusaciones de golpismo. No sólo debía resignarse al despojo, sino legitimarlo con su presencia, en una clásica política de trágala. Mutilada todavía más, de esta forma, la oposición en las Cortes, la mayoría izquierdista se hizo simplemente arrolladora."
Una línea muy frecuente en la historiografía de la época afirma la legitimidad de los gobiernos de Azaña y Casares disociándolos de los disturbios causados por sus aliados izquierdistas, los cuales habrían sido explotados fraudulentamente por las derechas para hundir la República. En el peor de los casos, a dichos gobiernos sólo podría acusárseles de insuficiente energía –algo subsanable en principio– frente a la agitación reinante; pero nada más. Ellos seguirían representando la legitimidad democrática de la República.
Pero, como ocurre con tantos otros mitos creados por la propaganda, no es así en absoluto: ya desde su mismo programa electoral el Frente Popular se situó frente a la ley y la democracia. Ese programa se ha presentado a menudo como moderado, por cuanto rechazaba explícitamente algunas demandas de los partidos obreristas, tales como la nacionalización de la banca o la tierra; pero en sí mismo era un monumento de palabrería demagógica y un peligroso conjunto de contradicciones.
Proponía amnistía y reposición en sus cargos para políticos, militares y empleados complicados en la revolución del 34, dando a entender que habían sido perseguidos por sus ideas o actuaciones políticas normales, y justificando así la rebelión contra la legalidad; al mismo tiempo anunciaba la persecución contra quienes habían defendido entonces la república. Prometía "independencia" de la justicia… una vez ésta fuese depurada y reorganizada convenientemente, así como de la policía, con funcionarios "de cumplida lealtad hacia el régimen". Es decir, lealtad hacia la izquierda, pues ésta, desde Azaña a los más extremistas, consideraba el régimen republicano propiedad suya. Se trataba especialmente de depurar el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual condenaría de antemano cualquier recurso de las derechas.
A estas medidas, que establecían un principio de ilegalidad y ataque a los principios democráticos, las llamaban, tan osada como pomposamente, "restablecer el imperio de la Constitución".
Ello aparte, las medidas contradictorias propuestas para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o la decisión de impedir "las prórrogas abusivas de los estados de excepción", constituyen un sarcasmo, vistos en perspectiva: el triunfo del Frente Popular vino acompañado del caos económico, el paro masivo y un estado de excepción permanente, con graves restricciones de los derechos ciudadanos, censura de prensa, etc. Como dato curioso, el programa se debía especialmente al político y jurista Felipe Sánchez Román… el cual se negó a firmarlo por considerar que no lo respetarían sus aliados obreristas (cosa que, por lo demás, no ocultaban éstos).
Azaña empezó su nuevo período en el poder con un discurso prometedor, muy bien acogido por las derechas:
"El Gobierno se dirige con palabras de paz (…) Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada, y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en toda España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos".
Pero sólo diez días después de las elecciones proclamaba sus verdaderas intenciones ante una agresiva manifestación de izquierdas. Anunció que el programa se realizaría "para que la República no salga nunca más de nuestras manos". Un designio antidemocrático que suponía un cambio de régimen para transformar la República de una democracia liberal en algo parecido al PRI mejicano: quedaría una oposición testimonial y justificadora de una democracia inexistente en la práctica. El régimen mejicano, muy masonizado, era muy admirado por las izquierdas republicanas españolas, y respondía a un ideal de despotismo presuntamente ilustrado que también guiaba a Azaña, como hemos visto.
Los hechos corroborarían las intenciones. Como primera medida de fondo, el nuevo poder redujo sensiblemente, con una "revisión de actas", la representación parlamentaria de las derechas. Así, la mayoría conseguida de forma dudosa por las izquierdas en febrero se arrogaba tiránicamente el papel de juez y parte para despojar a la CEDA de numerosos puestos de diputados. La CEDA, indignada, se ausentó de las Cortes para no legitimar tal desafuero, siendo acompañada de una salva de amenazantes acusaciones de golpismo. No sólo debía resignarse al despojo, sino legitimarlo con su presencia, en una clásica política de trágala. Mutilada todavía más, de esta forma, la oposición en las Cortes, la mayoría izquierdista se hizo simplemente arrolladora."
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