"La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de solicitar a Administraciones e instituciones un listado de fallecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha levantado ríos de pólvora entre distintos agentes sociales, políticos y jurídicos.
Mientras el Partido Popular hablaba el martes de la inoportunidad de «reabrir viejas heridas» y las asociaciones judiciales y otros agentes jurídicos insisten en la inviabilidad del procedimiento penal iniciado en la Audiencia Nacional (la APM ha llegado a pedir a la Fiscalía que recurra la providencia del juez), tanto el Gobierno como parte del PSOE defendían ayer al magistrado de las críticas «injustas y desmedidas» que está recibiendo, y aseguraban que los familiares de los represaliados del bando republicano tienen derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos.
En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en declaraciones a Punto Radio que elaborar un censo con los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil no trata de reabrir heridas, sino de «cerrarlas» y señaló que no comprende cómo eso puede «molestar» a alguien. «Creo que es bastante sensato y hay que comprenderlo -argumentó-. No entiendo qué nos debe llevar a no facilitar que nietos o hijos sepan definitivamente dónde están enterrados sus padres».
Para Rubalbaca, que no opinó sobre la viabilidad de este procedimiento penal, garantizar a una persona «que los restos de sus seres queridos están definitivamente enterrados» significa «dar un derecho a las familias», para que puedan «empezar el duelo».
En el mismo sentido se pronunció el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien calificó de «barbaridad» que algunos dirigentes del PP hayan acusado al juez de prevaricación, «cuando lo único que están pretendiendo muchas asociaciones y muchas personas es saber dónde están enterrados sus seres queridos, no quieren ninguna otra contraprestación».
«A por el Nobel»
No comparte la opinión de sus compañeros de partido el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien, si bien defendió la idea de hacer un censo de desaparecidos, criticó a Garzón por querer ir «a por el Nobel». No es la primera crítica que en este sentido recibe Garzón, cuyas investigaciones sobre las dictaduras argentina y chilena fueron también muy discutidas en su momento.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura retó ayer a la Fiscalía a que recurra la providencia de Garzón, lo que posibilitaría, dijo, que un tribunal jerárquicamente superior se pronuncie sobre la correción «en términos jurídicos» de su decisión. (seleccionado de la web del diario español A.B.C del 04-09-08)
Mientras el Partido Popular hablaba el martes de la inoportunidad de «reabrir viejas heridas» y las asociaciones judiciales y otros agentes jurídicos insisten en la inviabilidad del procedimiento penal iniciado en la Audiencia Nacional (la APM ha llegado a pedir a la Fiscalía que recurra la providencia del juez), tanto el Gobierno como parte del PSOE defendían ayer al magistrado de las críticas «injustas y desmedidas» que está recibiendo, y aseguraban que los familiares de los represaliados del bando republicano tienen derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos.
En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en declaraciones a Punto Radio que elaborar un censo con los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil no trata de reabrir heridas, sino de «cerrarlas» y señaló que no comprende cómo eso puede «molestar» a alguien. «Creo que es bastante sensato y hay que comprenderlo -argumentó-. No entiendo qué nos debe llevar a no facilitar que nietos o hijos sepan definitivamente dónde están enterrados sus padres».
Para Rubalbaca, que no opinó sobre la viabilidad de este procedimiento penal, garantizar a una persona «que los restos de sus seres queridos están definitivamente enterrados» significa «dar un derecho a las familias», para que puedan «empezar el duelo».
En el mismo sentido se pronunció el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien calificó de «barbaridad» que algunos dirigentes del PP hayan acusado al juez de prevaricación, «cuando lo único que están pretendiendo muchas asociaciones y muchas personas es saber dónde están enterrados sus seres queridos, no quieren ninguna otra contraprestación».
«A por el Nobel»
No comparte la opinión de sus compañeros de partido el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien, si bien defendió la idea de hacer un censo de desaparecidos, criticó a Garzón por querer ir «a por el Nobel». No es la primera crítica que en este sentido recibe Garzón, cuyas investigaciones sobre las dictaduras argentina y chilena fueron también muy discutidas en su momento.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura retó ayer a la Fiscalía a que recurra la providencia de Garzón, lo que posibilitaría, dijo, que un tribunal jerárquicamente superior se pronuncie sobre la correción «en términos jurídicos» de su decisión. (seleccionado de la web del diario español A.B.C del 04-09-08)
No hay comentarios:
Publicar un comentario