En ocasión de celebrarse el juicio a los integrantes de las Juntas Militares, nuestra Justicia tuvo en consideración, entre otros elementos de convicción, lo que surgía de las conclusiones a las que arribaron diversas ONG, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos. Tal actitud contó con el total y absoluto beneplácito de quienes, en la Argentina, predican doctrinas radicalizadas de izquierda. Aceptaron como válidas, las conclusiones a las que ellas arribaron, con relación al gobierno militar de la Argentina. Pasado un tiempo, advertimos que estos "defensores", son activistas que se limitan a defender a sus compinches. Es decir, para ellos los únicos derechos humanos, que merecen su respeto son los de ellos y sus compinches. Prueba de ello, entre otros elementos convictivos de peso, es la actitud que reflejan ante la Cuba Comunista. El desprecio que demuestra hacia los DD.HH. el gobierno cubano, no es repudiado por sus partidarios en nuestro país, a pesar de que con tal actitud imitan la conducta que estos señores endilgan al gobierno militar. Esta inmoral actitud, demuestra a las claras que la de ellos, es una felonía. Se quejan cuando se violan los Derechos Humanos, de sus partidarios. Se regocijan cuando los destinatarios de la violación de tales Derechos, son sus enemigos. Este grupo, al menos en la Argentina, exalta el respeto a los Derechos Humanos. Suscriben cuanta convención o tratado los garantiza, pero su real actitud, no es de quienes defienden aquellos, sino es hipócrita y falsa. No tiene explicación que defiendan al dictador Fidel Castro, mientras atacaron oportunamente con inusitada crueldad, acá en su país, a quienes encabezaban el gobierno militar del Proceso, tildándolos de dictadores. Si fueran otros los que usan tal calificativo, no tendríamos nada que alegar, pero que esta gente se atreva a tildar a alguien de dictador, revela que ellos apoyan cualquier dictadura, con la condición de que el dictador sea un amigo ideológico. Está demás decir que la dictadura, venga de donde venga, es ínsitamente mala. Pero ellos, tienen una singular devoción por quienes ejercen un gobierno dictatorial, siempre que su ideología sea la comunista, como en el caso de Fidel Castro, del rojo Hugo Chávez y de sus otros compinches en los países de Latinoamérica, que son sus víctimas. Veamos lo que surge del Boletín de la organización Amnistía Internacional, con relación a las violacion a los derechos Humanos, cometidas en Cuba por integrantes del gobierno de Fidel Castro:
"Amnistía Internacional ha pedido hoy miércoles a las autoridades cubanas que revoquen las leyes que restringen la libertad de expresión, de reunión y de asociación y que liberen a todos los disidentes detenidos injustamente por las autoridades.
La organización ha pedido también al presidente Raúl Castro que permita la observación independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba por expertos de la ONU invitados a visitar el país, y que facilite la observación por parte de otros grupos de derechos humanos.
El llamamiento se hizo con antelación al séptimo aniversario de la detención de 75 disidentes cubanos, alrededor del 18 de marzo de 2003. De las personas detenidas entonces, 53 continúan privadas de libertad. Uno de los detenidos en marzo de 2003, Orlando Zapata Tamayo, murió el 22 de febrero de 2010 después de pasar varias semanas en huelga de hambre como medida de protesta por las condiciones de reclusión.
“Las leyes cubanas imponen límites inaceptables sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión –afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América–. Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos humanos.”
“El encarcelamiento prolongado de personas solamente por ejercer sus derechos de manera pacífica no sólo es una tragedia en sí mismo sino también un escollo para otras reformas, como el inicio del diálogo necesario para el levantamiento del embargo unilateral estadounidense contra Cuba”, afirmó Kerrie Howard.
Varios artículos de la Constitución y el Código Penal cubanos son tan imprecisos que en la práctica su interpretación actual vulnera libertades fundamentales.
El artículo 91 del Código Penal cubano dispone penas de 10 a 20 años de prisión o pena de muerte para quien, “en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.
Con arreglo al artículo 72, “[se] considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”, y el artículo 75.1 dispone que cualquier agente podrá hacer una advertencia oficial sobre dicha “peligrosidad”. Es posible declarar sumariamente el estado peligroso predelictivo, y también hacer una advertencia oficial a alguien por asociarse con una “persona peligrosa”.
La organización ha pedido también al presidente Raúl Castro que permita la observación independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba por expertos de la ONU invitados a visitar el país, y que facilite la observación por parte de otros grupos de derechos humanos.
El llamamiento se hizo con antelación al séptimo aniversario de la detención de 75 disidentes cubanos, alrededor del 18 de marzo de 2003. De las personas detenidas entonces, 53 continúan privadas de libertad. Uno de los detenidos en marzo de 2003, Orlando Zapata Tamayo, murió el 22 de febrero de 2010 después de pasar varias semanas en huelga de hambre como medida de protesta por las condiciones de reclusión.
“Las leyes cubanas imponen límites inaceptables sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión –afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América–. Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos humanos.”
“El encarcelamiento prolongado de personas solamente por ejercer sus derechos de manera pacífica no sólo es una tragedia en sí mismo sino también un escollo para otras reformas, como el inicio del diálogo necesario para el levantamiento del embargo unilateral estadounidense contra Cuba”, afirmó Kerrie Howard.
Varios artículos de la Constitución y el Código Penal cubanos son tan imprecisos que en la práctica su interpretación actual vulnera libertades fundamentales.
El artículo 91 del Código Penal cubano dispone penas de 10 a 20 años de prisión o pena de muerte para quien, “en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.
Con arreglo al artículo 72, “[se] considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”, y el artículo 75.1 dispone que cualquier agente podrá hacer una advertencia oficial sobre dicha “peligrosidad”. Es posible declarar sumariamente el estado peligroso predelictivo, y también hacer una advertencia oficial a alguien por asociarse con una “persona peligrosa”.
(N.de R: en Cuba es legal detener a un ciudadano, por el "delito" conocido en la Argentina, de "Portación de Cara")
La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba dispone penas de entre 7 y 15 años por entregar información a Estados Unidos susceptible de ser utilizada para reforzar las medidas anticubanas, como el bloqueo económico estadounidense. La legislación prohíbe asimismo acumular, reproducir o difundir “material de carácter subversivo” del gobierno estadounidense, y propone penas de hasta cinco años de cárcel por colaborar con emisoras de radio o televisión o publicaciones que se considere que favorecen la política estadounidense. (N.de R: esta norma penal vigente en Cuba, es similar a una que regía durante el criticado proceso Militar. Al parecer para esta gente, la misma norma penal es buena o mala según su origen. No hemos oído a nunguna ONG argentina efectuar críticas a Cuba, por violación a los DD.HH.)
La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba dispone penas de entre 7 y 15 años por entregar información a Estados Unidos susceptible de ser utilizada para reforzar las medidas anticubanas, como el bloqueo económico estadounidense. La legislación prohíbe asimismo acumular, reproducir o difundir “material de carácter subversivo” del gobierno estadounidense, y propone penas de hasta cinco años de cárcel por colaborar con emisoras de radio o televisión o publicaciones que se considere que favorecen la política estadounidense. (N.de R: esta norma penal vigente en Cuba, es similar a una que regía durante el criticado proceso Militar. Al parecer para esta gente, la misma norma penal es buena o mala según su origen. No hemos oído a nunguna ONG argentina efectuar críticas a Cuba, por violación a los DD.HH.)
Las ONG locales tienen enormes dificultades para informar sobre las violaciones de derechos humanos debido a las restricciones de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de circulación. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos independientes no tienen autorización para visitar la isla.”.
( N. de R.: Los mismos que, durante el regimen militar, recibieron a las distintas delegaciones que visitaron a la Argentina, provenientes del exterior, a fin de verificar si acá se violaban los Derechos Humanos o no, nada dicen cuando se enteran que en Cuba, sencillamente se les niega el ingreso a la Isla.) (Seleccionado del boletín de Amnesty International del 17-03-2010)
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