En ocasión de proceder la
señora presidente, a la apertura de sesiones del año legislativo, se encontraba
en un palco del recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, entre
otros, el que fuera juez de España D. Baltasar Garzón, al parecer invitado por
nuestras autoridades oficiales a fin de presenciar la ceremonia. Al observar
que, al lado del mismo se encontraba Hebe Pastore de Bonafini, y otras damas
con un pañuelo blanco en la cabeza, no pude menos que advertir que nos encontrábamos ante una insólita situación. ¿Qué
hacía este conocido ex juez español? Estaba entre las Madres de Plaza de Mayo,
ya que al parecer lo ligan lazos con esta conocida entidad, pública defensora
de los derechos humanos. No todos conocen que la labor de ellas ha encontrado
eco en quien fuera magistrado. Y tampoco conocen que otro de los amigos de
doña Hebe, además del distinguido
paladín de los derechos humanos, es el ciudadano
español Jesús María Lariz Iriondo. Quien
también se encuentra ligado a Baltasar Garzón, pero no por lazos de amistad,
como en el caso de doña Hebe, sino que el citado ex juez resolvió procesarlo oportunamente ante
su Juzgado.
Lariz Iriondo con la madre de todos los argentinos
A Jesús María Lariz Iriondo se le acusó
de ser el presunto responsable de un atentado
cometido en Eibar en 1984 contra un vehículo de la Policía Nacional en
el que resultaron heridas dos personas. Entre sus antecedentes, facilitados por
el entonces juez Baltasar Garzón, podemos encontrar que se encontraba imputado
por los siguientes eventos: 8 de diciembre de 1982, colocación de una bomba en
el Banco Santander de Azcotia –
España; 9 de enero de 1983, colocación
de una bomba en el Banco Guipuzcoano de Deva –España; 11 de junio de
1983 colocación de una bomba en el Banco Santander de Vergara- España; 15 de
agosto de 1983, colocación de una bomba en el Banco Vizcaya de Métrico- España y el último hecho que se le
imputó en el pedido de extradición, que data del 9 de octubre de 1984, fue constituir
con otros cuatro etarras un comando
terrorista para secuestrar a punta de pistola a un ciudadano español y hacerse de su vehículo con el objeto de llevar a cabo un atentado
con bombas a un coche policial,
provocando heridas de consideración a dos auxiliares de policía, su conductor y
logrando la destrucción total del rodado
estatal. Fue requerido por Garzón, quien a la sazón libró solicitud de
extradición. La Argentina, habida cuenta la violación de los derechos humanos
que se le imputaba a este integrante de la organización terrorista ETA, no
respondió a las expectativas del entonces juez Baltasar Garzón. Luego de las
consabidas idas y vueltas, fue denegado el pedido y, en la actualidad el
imputado, este personaje siniestro, se encuentra gozando de su libertad en
nuestro país. Recordamos que, en ocasión de pronunciarse el juzgado pertinente,
en el pedido de Garzón, en
la primera fila se abrazaban la titular de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini; el actor Norman Briski y el escritor Osvaldo Bayer. Los
festejos llegaron hasta la avenida Comodoro Py, donde se habían congregado
alrededor de 200 manifestantes de la agrupación Quebracho y de los grupos
piqueteros Movimiento de Unidad Popular y Tendencia Clasista 29 de Mayo. Nuestra Corte Suprema de Justicia, que alardea de defender
irrestrictamente los de los derechos humanos de todos, no accedió al pedido por
considerar que el terrorismo no siempre es delito de lesa humanidad. El Máximo Tribunal
usó ese argumento para rechazar el pedido de España para la extradición del
Lariz Iriondo, presunto miembro de ETA. El gobierno español presentó quejas. Una presentación absolutamente inane. Sintetizando: el absurdo es contemplar, nada menos que al defensor de los derechos humanos por antonomasia al Dr. Garzón, acompañando a una persona que tiene, entre sus amigos, nada menos que a un terrorista. A un personaje buscado por la justicia española, por ser activista e integrar una organización terrorista, enumerada como tal por la O.N.U.
"El
Tribunal considera que en el derecho internacional no existe un desarrollo
progresivo suficiente que permita concluir que todos y cada uno de los actos
que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como 'actos de
terrorismo' puedan reputarse, tan sólo por esa circunstancia delitos de lesa
humanidad", consigna el fallo de la Corte. Al parecer el Tribunal hace a un lado lo que surge de la aplicación del derecho penal internacional consuetudinario y de las obligaciones de los Estados, consignadas en Tratados internacionales que ha rubricado la Argentina. La Corte consideró el asesinato
del matrimonio Prats como un crimen de lesa humanidad y, consecuentemente,
sostuvo que la acción penal no ha prescripto por el paso del tiempo. Así las
cosas, confirmó la condena a reclusión perpetua que pesa sobre Arancibia. En cambio, al analizar el proceso a Lariz Iriondo la Corte dijo que el delito
ha prescripto porque los hechos atribuidos al supuesto miembro de la ETA no
pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.
Lo mas trascendente de todo es que el pronunciamiento de primera instancia, que denegó la extradición del etarra, sostuvo que existía una fuerte presunción de que en España, de accederse a lo pedido por el juez Garzón, Lariz Iriondo sería torturado. Recordemos que el juez español que solicitó la extradición de este imputado, constituye toda una garantía en materia de derechos humanos, al menos en materia de militares imputados, cuando se trata de librar rogatorias requiriendo su extradición. Lo contradictorio es que los atribuidos a ellos, los militares, no prescriben, pero los que se imputan a estos terroristas, demuestran la ecuanimidad de la izquierda, cuando se trata de derechos humanos. Lo curioso de este especial caso es que el juez federal que esta semana denegó la petición de extradición a España de Jesús María Lariz Iriondo, recomendó en su fallo que si, finalmente, el presunto etarra es entregado a su país de nacimiento por la Corte Suprema, se le pida al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que «no se le cubran los ojos con vendas y la cabeza con una capucha». De igual modo, según el magistrado argentino, tienen que «garantizar la integridad física y psíquica» del detenido.
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