El otrora juez Baltasar
Garzón, encontró en su momento nuevas evidencias, que vincularían al otrora
Jefe de Gobierno D. Felipe González, con
la banda terrorista G.A.L. En efecto, los medios dieron cuenta que el
juez encontró nuevas evidencias que vincularían a Felipe González con tal organización
de funesta fama. Tales “evidencias” determinaron que el entonces magistrado
solicitara al Tribunal Supremo, el procesamiento del ex jefe de gobierno español.
A título ilustrativo, para el gran público argentino, posiblemente esta circunstancia
nada dice y se trata de una noticia más sobre Garzón, el Juez Estrella o el
Superjuez, como quiera denominársele. Lo cierto es que en España, durante el gobierno de Felipillo
González, actuó la banda de delincuentes subversivos conocida como ETA.
La actividad de sus integrantes, nos recuerda la intervención que en la Década
del 70 tuvieron tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo, como Montoneros y
otras organizaciones delictivas de idéntico jaez. La magistratura española,
hasta la fecha, se resiste a llamar a las cosas por su nombre y es así que ha
calificado, en cuanta ocasión tuvo, el accionar de ellos como terrorismo. A
este delito se lo clasifica como delito común y, a pesar de ciertos intentos
por parte de los damnificados, consideran los jueces que no es factible, hasta
este momento, calificar los delitos cometidos por sus integrantes, como delitos
internacionales. Todo ello a pesar, a nuestro entender, que han
aprobado en forma “brillante” todas las “materias”
necesarias, exigidas como para poder calificar su accionar de aberrante y
adscribirlo al tipo internacional de delitos de lesa humanidad.
Ante la casi
imposibilidad de poner fin a la actividad criminal de ETA, resolvió España, por
medio de su entonces gobierno combatir a tal organización utilizando los medios que adoptó en nuestro país,
la conocida como Triple A, de triste
fama. Recordemos que en la
Argentina, el Estado facilitó la tarea de tal organización, haciendo la vista
gorda en cuanto a los actos delictivos de sus integrantes. Al decir del general Juan Domingo Perón, se trataba de una suerte de “Samatán”, también de triste fama en la región catalana.
Los GAL surgieron del riñón del poder, en el propio ministerio que se suponía
que le correspondía combatir el accionar de ETA y de otros delincuentes. Los
funcionarios que se ocupaban de la tarea de los GAL, se ocuparon también de ocultar al pueblo, la
actividad de sus integrantes. El Estado colaboró en tal tarea. Los
mismos que facilitaron la actividad de los GAL para esa época, fueron los que
años más tarde se “asombraban” y criticaban, los delitos cometidos por la
Triple A en la Argentina. Toda una hipocresía.
El magistrado Baltasar
Garzón, conocido defensor de los derechos humanos, al punto que algunos lo ven
como un ícono de la defensa de los mismos, cuando se enfrentó con Felipe González,
por cosas de la política, regresó a su juzgado y resolvió desempolvar la causa
seguida contra los GAL, con el resultado que da cuenta la nota periodística
que a renglón seguido transcribimos.
“El juez español Baltasar Garzón, que mantiene
procesado al ex dictador chileno Augusto Pinochet, ha pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie
sobre si el ex presidente del gobierno socialista, Felipe González, decidió la creación de la banda terrorista Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El
magistrado remitió el pasado jueves una exposición a la Sala Segunda del Alto
Tribunal en la que da cuenta de que en el sumario que instruye por el
"caso Oñederra", en el que se investiga la creación de la banda y de
cuatro asesinatos cometidos por sus miembros, existen indicios delictivos que
afectan a González y que, como éste tiene la condición de aforado, debe ser el
Supremo el que valore si esos indicios son suficientes o no para proceder
contra él. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció
que recurrirá la decisión del juez y recordó que el fiscal encargado del caso,
Pedro Rubira, el 7 de julio de 1998, ya pidió que se levantasen las medidas
cautelares contra los imputados y que no se procesase a nadie por entender que
en el sumario no existían pruebas suficientes. Esta postura, según Fungairiño,
permanece inalterable. Fuentes del Supremo señalaron que los magistrados de la
Sala Segunda se reunirán la próxima semana con carácter de urgencia para
resolver sobre la cuestión planteada.”
“El 5 de noviembre de 1996, la Sala Segunda del
Supremo, por seis votos contra cuatro, decidió no citar a declarar a Felipe
González como imputado en el "caso Marey" (un secuestro y primera
acción de los GAL) por considerar que no había suficientes elementos para
inculparlo. El caso Oñederra investiga "el surgimiento de la organización
terrorista" GAL en 1983, el asesinato del etarra Ramón Oñederra el 21 de
diciembre del mismo año, los asesinatos de los también etarras Angel Gurmindo y
Vicente Perurena --el 8 de febrero de 1984-- y el atentado que costó la vida al
ciudadano francés Christian Olaskoaga y graves heridas a su hermano Claude, el
18 de noviembre de 1984. Garzón menciona en su escrito que en la causa "se contienen
una serie de datos que directa o indirectamente están referidos al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno en ejercicio en 1983". Parte de ellos
fueron tenidos en cuenta por el Supremo cuando decidió que no eran suficientes
para abrir un procedimiento contra González. Aquellos datos se referían a las
declaraciones del secretario de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García
Damborenea, y el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, que implicaban a
Felipe González en la creación de los GAL. Después han aparecido
otros indicios que apuntan a González y que se concretan en los documentos del
Cesid desclasificados por el gobierno y, en especial, el llamado "Acta
fundacional de los GAL" de 6 de julio de 1983, otra nota de despacho, una
de 28 de setiembre de 1983 sobre el inicio de acciones violentas en el sur de
Francia, de forma inmediata, y otra que se corresponde con la nota anterior en
la que el director del centro, Emilio Alonso Manglano, anota: "Me lo
quedo, Pte. para el viernes".
“El juez entiende que los meros documentos del
Cesid, aislados, serían suficientes para elevar el escrito al Supremo, pero que
"unidos a los que en su momento se tuvieron formalmente en cuenta, estos
nuevos datos pueden motivar un punto de vista diverso o confirmar el adoptado,
rechazando la eficacia de los nuevos elementos. En todo caso, unos y otros sólo
pueden y deben ser valorados por el único órgano judicial autorizado para ello,
la Sala Segunda del Supremo". "Si no se tomara esta decisión --dice
Garzón--, tales aspectos quedarían permanentemente sin resolver", al no
poder la Audiencia Nacional pronunciarse sobre los mismos ni partir de ellos y
mucho menos rechazarlos, a no ser que fueran absolutamente incongruentes, cosa
que no sucede en este caso al hallarse incorporados a documentos oficiales, con
registro en un archivo público, con custodia gubernamental y amparados por la
legislación de secretos oficiales". Garzón señala en su escrito que en
este momento tienen pendiente decidir sobre si procesa a algunos imputados,
como el ex director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, y el que fuera jefe de
su Agrupación Operativa, el coronel Juan Alberto Perote, pero que no puede pronunciarse hasta que el
Supremo valore "la eventual implicación del entonces presidente del
gobierno, o por el contrario éste es ajeno a la trama delictiva que se pone en
marcha entre julio y setiembre de 1983, desde el seno de las instituciones del
Estado". La causa no puede avanzar, dice el juez, "hasta
tanto no se fije el límite de responsabilidad, desde arriba".
“Tras conocer el auto de procesamiento de Garzón,
Felipe González declaró que "no tengo la menor idea del auto. No lo sé (si
las resoluciones judiciales han influido en las decisiones políticas y
viceversa). Una
vez oí al juez Garzón en el Tribunal Supremo hace muy poco tiempo en que afirmaba,
prácticamente textual, refiriéndose a otros jueces de la Audiencia Nacional que
en sus conversaciones decían que había que acabar con el sistema político corrupto y
con el felipismo, y que ésa era su misión en la vida. Lo decía el
juez Garzón como testigo bajo juramento en el Tribunal Supremo, no hace todavía
dos meses. Es la declaración más confirmatoria y con más credibilidad de
aquella vieja teoría de la conspiración de hace unos años. Y no lo decía
refiriéndose a periodistas o políticos sino que se refería a jueces. Y no lo
digo yo. Lo que a mí no me falta es memoria".
"No tengo ninguna información y no puedo
pronunciarme al respecto. El único recuerdo que tengo es que a la mañana
siguiente de las elecciones catalanas el señor De Grandes (portavoz parlamentario
del PP) anunció algo de eso como una especie de amenaza velada, y yo le
contesté el 28 de octubre que siempre me he tomado en serio las amenazas de la
derecha, pero que no voy a cambiar de actitud y seguiré haciendo lo que debo
hacer. A lo mejor él sabía algo. No estoy haciendo nada más que valorar esa
declaración política. Lo demás, como no lo sé, pues no logro estar
preocupado".
“González agregó que "la verdad es que tengo
la impresión de que proceden de papeles del Cesid (el auto de Garzón). Pueden
ser valoraciones de carácter judicial. Creo que en la desclasificación de estos
papeles a que se refiere el asunto está dentro del 'caso Marey' (primera acción
del terrorista de Estado de los GAL, con el secuestro del ciudadano francés
Segundo Marey). Pues probablemente hace un año que se pudiera haber pedido,
cuando se dictó la sentencia de aquel caso. No sé por qué se pide en este
momento y para qué, o si se basa en alguna intencionalidad que no conozco. La
única referencia que tengo es una declaración política amenazante. Y esto sí me
parece extraño a la transición política española, que se ha basado
fundamentalmente en la superación del rencor. Cuando se hacen estas
declaraciones amenazantes desde la política, uno se acuerda de la vieja derecha
de siempre, de la vieja derecha que amenazaba y cumplía sus amenazas. Pero en
absoluto va a cambiar mi vida y mi actividad. Seguiré haciendo exactamente lo
que hago. Y no creo que haya que entrar en esta dinámica y yo no lo voy a
hacer", concluyó el ex presidente.”
“Ramón Oñederra, alias Kattu, fue la primera
víctima mortal de los GAL. El 19 de diciembre de 1983, hacia las siete y media
de la tarde, fue tiroteado por tres individuos en el bar Caiette, de Bayona
(Francia), en el que trabajaba como camarero. Según amigos suyos, temía por su
vida tras haber recibido amenazas varios meses antes”. (Seleccionado de la web argentina
del diario Página 12, un artículo de José
Yoldi. Corresponsal en Madrid).
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