“Una investigación del Ministerio
de Defensa alertó sobre "irregularidades" en la compra directa de las
baterías del ARA San Juan, según la copia de esas actuaciones que llegaron con
carácter secreto a tres despachos oficiales, y a las que accedió LA NACION. La
información coincide con una auditoría de la Sindicatura General (Sigen), que
también cuestionó el procedimiento.
La investigación, desarrollada
por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría
incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media
vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de
suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se
habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.
"La información colectada
resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no
se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el
personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas
ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal
AG", precisaron los investigadores de Defensa.
Esos mismos investigadores
alertaron del tema en 2015 a funcionarios del kirchnerismo. Y también que lo
mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz.
Consultados por LA NACION, desde el Gobierno indicaron que están revisando
"todos los procesos dentro de la Armada" y que se abrirá una
investigación interna "profunda", pero que ahora la prioridad es
hallar el submarino, recuperar a todos sus tripulantes y, luego, peritar el San
Juan para determinar "qué pasó y las consecuentes responsabilidades".
La investigación interna a la que
accedió LA NACION no fue la única que reportó sobre "irregularidades"
de la Armada en la reparación del submarino ARA San Juan. La Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Defensa también redactó varios informes. Y
la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16,
en mayo de 2016, que tampoco es de acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA
NACION de informantes de la Sindicatura.
En el caso de la Sigen, sus
técnicos expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y
presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras
permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de
garantía".
Eso mismo, detectó la Sigen,
ocurrió con los motores: "La
pérdida de la garantía de los motores derivó en la necesidad de efectuar la
contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el plazo de
garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para puesta en
marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes garantías
técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de 314 días
de demora".
Todos esos informes reservados
podrían ayudar ahora a la Justicia a determinar qué pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza federal con asiento en
Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Cinar-Tandanor, donde se
desarrolló la reparación de media vida, que preserve toda su documentación.
Los informes secretos cuyas copias obtuvo LA
NACION, sin embargo, no se encuentran en ese complejo, sino en el Ministerio de
Defensa. Y alertan sobre "irregularidades detectadas"
dentro de la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares
y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías
"a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único
proveedor solvente".
En el caso de la investigación interna, cuyo
informe comenzó a circular dentro del Ministerio de Defensa en 2015 y continuó
en circulación con la actual gestión, también detectó que "los remitos que
se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con
el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la
suma parcial de 1.312.214 euros".
Según verificó LA NACION, además,
varios de los
funcionarios de la Armada que participaron en las contrataciones cuestionadas
también habían participado en la contratación de Ferrostaal para adquirir una
planta propulsora para la Fragata Libertad, que derivó en una
investigación penal que quedó en manos del entonces juez federal Norberto
Oyarbide.
Por su parte, los investigadores
también detectaron que los procesos de la Armada tanto para el submarino San Juan
como para los ARA Santa Cruz y ARA Salta y la Fragata Libertad registraron
varios puntos en común:
En las cuatro obras se contrataron las
mismas empresas: Hawker y Ferrostaal;
En las cuatro contrataciones, además, se
descartaron propuestas efectuadas por otras empresas;
En esos procesos se retrasaron las
notificaciones a otras empresas que podían competir con los datos sobre las
condiciones para presentar sus ofertas;
En esos procesos también se aceleraron los
pasos administrativos, -sin cumplir con los
requisitos y plazos- para adjudicar las
contrataciones y firmar los contratos;
Se habrían adulterado ciertos tramos del expediente administrativo para
darle visos de legalidad a la decisión que ya había sido tomada;
Se omitió analizar la razonabilidad de los
montos que cotizaron las dos empresas proveedoras;
Después de la adjudicación, notificaron tarde o
no notificaron a la principal empresa rival, lo que complicó que interpusiera
impugnaciones.
El informe interno también recomendó a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de
los responsables. Para eso aconsejó alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una
denuncia penal contra oficiales y funcionarios
de la Armada, "incluso contemplando la
conexidad que en principio presentarían esos
sucesos en relación con otros casos similares
cuyas investigaciones se encuentran en trámite ante
la justicia federal". Eso no ocurrió.” FUENTE: La Nación.
Efectivamente, el entonces maleable juez Oyarbide, por obra y gracia
del azar, representado por la Oficina de Sorteos del Tribual Superior pertinente,
resultó desinsaculado para intervenir en tales eventos. Mediante una
interpretación errónea, dolosa o no, de la denuncia pertinente, este magistrado
habría archivado la causa. Se imputaron, en la ocasión, estafa y malversación
de caudales públicos.
La que fuera ministra de Defensa en esa época, defendió lo actuado.
Como es lógico ya que corría con la responsabilidad penal y administrativa de tales
eventos, en caso de haber ocurrido.
Expresó ella que el A.R.A. San Juan, tuvo inversión y se lo puso a cero
entre los años 2009 y 2011”. Según
informes que me han llegado, de manos de un amigo, quien
concretó la denuncia sobre supuestas irregularidades en los astilleros de la
Armada Nacional, fue José Gómez,
destinado entre 2004 y 2008 a los Astilleros Domecq García, precisamente donde se efectuaron las reparaciones de los
submarinos San Juan y Salta.
No se advierte que, en forma urgente, se hayan ordenado medidas
cautelares para impedir que alguien deforme la realidad, en lo que se relaciona
con el submarino SALTA ya que, de hacerlo, adelantaríamos tiempo. La
intervención de la OA no hace nada más que revivir el deseo de muchos de que se
rehabilite en la misma forma con que funcionó en sus mejores épocas, a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. El evento del San Juan nos
permite avizorar que, tarde o mas temprano se tropezará con el obstáculo de que
la política sucia, ha metido sus narices en el entuerto. La Oficina
Anticorrupción es un engendro que vio la luz ante la pertinaz insistencia de
Menem a fin de obstaculizar cualquier investigación que impidiera su labor
delincuencial en la función pública. Al punto de colocar durante su mandato, en
el “freezer” a aquella Fiscalía
Nacional.
Sucesivos gobiernos fueron aumentando su declinación natural, al
colocar en su dirección máxima, a personas que no reunían los requisitos que le
sobraban a un Sadi Massue, para poner un ejemplo. De regresar ese organismo, al
funcionamiento idóneo del pasado, nadie podría impugnar las decisiones que esta
Fiscalía adopte, tildándolas de mendaces, parciales o de ausencia de
objetividad. Por cierto que esta ocasión
se presta al “reciclaje” legislativo y actualizado de tal organismo, de tal
suerte que sea eficaz y eficiente como para encarar la investigación de
eventos, como en el caso del desastre de la Estación Once, el de los
submarinos, y otros similares, causados por la herencia corrupta que hemos
recibidos y que el gobierno actual, se ha cuidado de publicitar que la recibía
a título de inventario, haciendo conocer a quienes votamos cual es la verdadera
situación.
Caso contrario se debe hacer cargo in totum de las futuras muertes que
eventualmente seguirán ocurriendo.
Recuerde el Poder Ejecutivo que la corrupción ha sido elevada a una
tipificación penal que reconoce rango supra legal (Confr,. C.N.) y los autores
deben ser equiparados, según la Carta Magna,
a los traidores a la Patria con lo que nos señalan que es una exigencia
nacional que las causas penales donde se
investigan tales delitos, deben extremar su eficiencia a fin de impedir
que caigamos en la falta de tutela judicial y en la fácil impunidad por el
transcurso del tiempo.
No olvidar que nuestro país, ha rubricado sendos acuerdo
internacionales que lo obligan al respeto irrestricto de sus clausulas, las que
sin duda tienen una categoría superior a cualquier norma legal nacional,
incluyendo al propio código penal, que es una ley más.
Siguiendo con la denuncia de José Gómez, quien tuvo la osadía de
enfrentarse contra la mafia que ostentaba el primer puesto, en esta suerte de
regata delictiva, se procedió ante la entidad de tales eventos que se
denunciaban, a confeccionar un sumario administrativo que, por lo que veremos,
de sumario sólo ostentaba el nombre, ya que evidentemente fue una figura legal,
tomada prestada, para aumentar la impunidad eventual. En el 2007, luego de
diversas trámites, al parecer totalmente destinados a ganar tiempo, se concretó
la denuncia penal, que tuvo la “suerte” de recalar en un juez “amigo” del
poder. La denuncia criminal tuvo, entre otros imputados, al almirante Godoy
jefe de la Armada, a otros oficiales de
dicha arma y también a civiles, como no podía ser de otra forma, dadas las
característica de los eventos criminosos
que se denunciaban.
Tales eventos, evidentemente, necesitaban de la “colaboración” criminal
de funcionarios civiles que ostentaban cargos de jerarquía y que, al parecer,
habrían mirado hacia otro lado. Sin pensar que se estaba concibiendo a la
criatura que mas tarde se encargaría de quitar la vida a nuestros 44 HEROES,
sí, con MAYUSCULA.
Como expresamos, la denuncia fue archivada. Procesalmente no
correspondería que siguiera actuando la juez federal de Caleta Olivia quien
debería inhibirse para seguir conociendo en este tema tan espinoso, ya que no es
ilógico admitir que estaríamos frente a una asociación ilícita cuyas cabezas se
encontraban en las altura de la pirámide jerárquica, traspasando los uniformados.
Y la denuncia primitiva, maguer el destino irregular que habría tenido, recayó
en el juzgado federal a cuya cabeza estaba el juez Oyarbide. Es evidente que
hay que ir al inicio de todo ésto y no sólo a las consecuencias irreparables, ya
que ningún magistrado puede conocer un evento penal de estas características sino
tiene a la vista, para su valoración, la totalidad de los elementos probatorios
pertinentes. Obrar de otra forma es contra la praxis investigativa.
Las acciones como éstas, reconocen un común denominador, puesto que son
investigadas en diversas ocasiones y por diversos juzgados, al punto que,
valoradas en forma aislada, podrían eventualmente confundir a un magistrado mas
o menos inoperante dándole argumentos no
a un indolente sino también a un “amigo” del poder. Es la pequeña puerta que se
utiliza generalmente para facilitar la fuga del dolo, entre los meandros de la
pertinaz burocracia.
En el caso de la denuncia de las irregularidades, que se habrían
concretado, en el “service” integral que tuvo como destinatario al submarino
A.R.A. San Juan, se adoptó una medida ejemplificadora.
Alguna almita sencilla, casta y
pura derivará de tal afirmación, que se llegó a lo mas alto y que las sanciones
penales y de orden administrativo, fueron ejemplo para que nadie mas ose
apartarse de las normas y observar conductas reñidas no solo con la moral sino
con la ley. No olvidemos que no estamos en Suiza. Estamos en el país conocido
como “Cleptolandia”: quien resultó gravemente sancionado, como ejemplo para
aleccionar a quien ose imitarlo en un futuro posible, fue el propio
denunciante. Efectivamente José O. Gómez, a quien la justicia debería oír
perentoriamente, antes de que sea “suicidado”, fue lisa y llanamente destituido
y dado de baja de la Armada Nacional por denunciar “hechos gravísimos de
corrupción durante la gestión de Nilda Garré. Luego de 27 años de servicio en
esa institución, con un promedio de 9,75 acusándosele de insubordinación, por
lo que incluso perdió su retiro (Dra. V. Villarruel, 23/11/17).
Si existiera la FNIAd. Si la ley
orgánica de ella, fuera la que le otorgó la ley que permitió su maravilloso y
eficaz funcionamiento, seguramente este organismo estaría ya, ahora mismo,
labrando actuaciones preventivas, recibiendo declaraciones antes de que los
testigos se “suiciden” colectivamente, y la eficacia brillaría por, sus fueron,
en aras de una efectiva anticorrupción.
La ley actual, pone en funcionamiento la OA en forma muy, pero muy
lenta, al punto que cuando se llega al meollo del asunto, la gente ni se acuerda
de que se estaba hablando.
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