Salvador Allende dejó la nación destruída

Continuamos la publicación de la excelente nota, relacionada con el derrocamiento del presidente Salvador Allende, publicada el día de ayer. Adviértase que la situación en la hermana República de Chile, para esa época, era sino similar, muy parecida a la que vivimos en estos momentos en la Argentina. Por cierto que salvando las distancias.Pero lo que podemos señalar, es que su enfrentamiento con las autoridades del Poder Judicial, la demagogia que impregnaba sus actos y el reconocimiento, anterior, coetáneo y posterior que detrás de cada accionar de Allende estaba el Partido comunista, nos ilustra sobre la actitud de Cuba, acompañando las revoluciones armadas en países latinoamericanos, con dinero y con armas, destinadas a derrocar gobiernos democráticos. Nos es imposible poder comprender como las autoridades de posteriores gobiernos democráticos, no hesitan en rendir homenaje, cual Héroe de la Patria, a quien conspiraron para derribar a gobiernos constitucionales  En el caso de Allende, subió bajo las normas de la democracia y una vez en el poder, se dedicó a destruir a la institución que había posibilitado tal accionar. Una locura. 

"La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su confusión acerca del Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación". 

Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:"En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia". 

Nos recuerda la actitud del Poder Ejecutivo, en el caso Clarín, y sus manifiestos deseos de actuar conforme le sea beneficioso políticamente. 

"Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial. A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial. 

A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno. 

Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (James Whelan, Desde las Cenizas). 

Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" Nº 600, Belgrado, abril de 1975). 

 

Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. 

El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962). 

El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total. 

Fracasados los gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967). 

Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista. Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. 

Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.  Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de éste al Acuerdo. 

Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política más importante de América Latina". 

Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba. En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana".(...) 

El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió-- denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos". 

En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares"; "El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida".