Dr.Salvador Allende Gossens
"El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue
citado a las 12 horas para "analizar la situación política y legal que
afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del
Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un
proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en
su discurso de
presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo
actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo
largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al
contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta
Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que
digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la
historia, porque el Congreso no
puede seguir silenciando la grave situación
porque atraviesa Chile y tiene que hacer un
enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las
resoluciones del Congreso Nacional,
por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos
reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los
ciudadanos, a los medios de
comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las
personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este
cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política
superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio
Orrego V., Para una paz estable entre los chilenos, edición privada del autor,
1974).
El diputado Orrego
afirmó también que el Presidente Salvador
Allende no estaba
respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su
elección. Este listado de derechos individuales
había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo
eligiera con sus votos como presidente,
pues el candidato socialista sólo había obtenido
el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el
Congreso podía elegir a la primera magistratura a cualesquiera de las dos
primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este
Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The Chilean
Revolution: Conversations with Allende, 1971). (...)
La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan
Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio
del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado
Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer uso de un
arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas
automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su
partido. Exasperado por este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para hablar de la guerra civil". Ese era el
clima que se vivía en Chile ese día de agosto.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo
hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan desconocer la hora del
almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo,
comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras
un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de
Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el
diputado comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de
Acuerdo, fuerzas extranjeras
invadirían de inmediato el
país.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez
hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y
declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las
21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho
de la página: "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA
QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".
El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio.
El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis
Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara
respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La
Nación.
El Acuerdo, aprobado
por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones
concretas a la Constitución y las leyes,
entre las cuales destacaban amparar grupos
armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema totalitario", es decir, una
dictadura comunista.
Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido
aprobado por todos los diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder
indiscutido era el Presidente del Senado y ex Presidente de la República
Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese
mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a
Salvador Allende en el Congreso Pleno.
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es
"el ejercicio del poder más allá de la ley". Cuando surge ese tirano,
es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de
su poder, es decir, se ha "rebelado" ("re-bellare",
proviene del latín "bellum" que significa guerra).
La esencia del
Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es
la acusación que se le hace al Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se
había rebelado contra la Constitución y,
por lo tanto, convertido en un "tirano".
El Acuerdo de la
Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra
la Tiranía". Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de
la siguiente manera:
a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las
conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de
Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado ("un gobierno que
se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición"),
y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto
popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas
incorporado a la Constitución Política".
b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una
acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones
concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del
artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los
artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en
los artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de
acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de
Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura.
c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el
Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y
14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas
de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y
almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el
cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior,
al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un
almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica
del país.
d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros
de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner "inmediato término" a estas
graves violaciones a la Constitución.
El 23 de agosto un
mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre
dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.
El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al
país. En ella sostenía: "En el día de
anteayer, los diputados de
oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que
adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que
lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección
política del Presidente de la República es
promover el golpe de Estado".
Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del
cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso
la Cámara realiza un "llamado" a la intervención de los ministros
militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino
estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.
En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la
Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores
en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente
imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera
las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo
de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente
Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de
1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual
mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un
gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una
amplia mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a
un tercio de los senadores.
Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho
que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino
ilegal pues "tras la expresión 'Estado de Derecho' se esconde una
situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que
nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se
realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una
sociedad capitalista".
Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro
de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del
derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".
El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de
esta manera: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio
Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó
que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó que los
parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía
ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y
con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después
de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que
estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajo –del cual guardo el
original— transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva
del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en
que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto,
en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al
Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara
de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad"
(Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo
redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco
Bulnes, y que él mismo participó en una reunión para este efecto. Ello es
coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del
texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron
parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el
cual fue siendo enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la
búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación
unánime de los diputados de ambos partidos.
¿Cómo se explica que un
Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma
Constitución y las mismas leyes que le permitieron
alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente
consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La respuesta está en que una revolución
comunista-socialista, que busca
establecer lo que su misma doctrina ha denominado "la dictadura del
proletariado", por definición
no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república
democrática.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente
democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la
aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y
otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la
democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una
mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la
Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues
todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.
Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente
que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una
reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o
incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección
de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes,
pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como
implacable, que concebía a la violencia como "la partera de la
historia".
Son claves para
comprender el origen de la ruptura democrática los
dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido
Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra
estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".
Pero fue en su Congreso
de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre
el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115
delegados, y hubo además "delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath
socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.
La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma
del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del
Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como
instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva
a la lucha armada. La política del
frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de
la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y
armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista
de Chile, 1997).
El ideólogo del Partido
Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende,
Clodomiro Almeyda, especuló sobre la
forma en que terminaría este proceso:
"La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase
superior de la lucha política, cuando el proceso
vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me
inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más
rápido y agudo" (Revista Punto
Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño
del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular,
que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más
destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el
mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y
el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo
occidental.
Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la
cual el gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en
contra de Estados Unidos y la Europa democrática.
Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la
superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile, en un discurso
en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras reunirse
con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai
Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de
vista" con los dirigentes comunistas.
Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953,
uno de los oradores principales fue el socialista Salvador Allende.
Es ilustrativo
recordar también el increíble homenaje a
Stalin del importante dirigente
comunista chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria
eterna en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el amado conductor de los trabajadores del
mundo, el más grande, profundo y noble
amigo de la humanidad... Ha muerto el padre y el
jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como
Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa a su pueblo…
Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos marchan
por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la
felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).
En la década del
60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar
la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los
males sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio Véliz,
historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a
Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía
aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición
chilena... No cabe ninguna duda que el
gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
Allende, siendo
presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la
violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido
idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo
tiempo.
En último término, los
dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución
comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó
en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del
Che Guevara, quien llamaba a
crear "múltiples Vietnam" en América Latina.
Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble
objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la
violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada
pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como
para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en
estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para
crear un mundo mejor. Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente
Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta
años.
Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez y
responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria,
y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo —y a las consecuencias-- de la violencia política.
En este contexto, es
estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la
victoria, porque de haber sido
así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie
generalizada. Una de nuestras
consignas era hacer de la
cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los
militares, después a los
opositores, y luego a los
compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo" (Jorge Masetti, El
Furor y el Delirio, 1999). (Seleccionado de http://www.elcato.org/como-allende-destruyo-la-democracia-en-chile- por José Piñera)