La Justicia argentina solicitó la extradición de un exmarino, que revistaba en la Base Naval Almirante Zar, donde ocurrió la conocida como "Masacre de Trelew", y el que se encuentra imputado por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. La Justicia de los EE.UU. consideró que la Argentina no había probado suficientemente lo afirmado en el petitorio. Allí se le enrostra al imputado prófugo la participación en la comisión de un homicidio doloso, con el resultado de múltiples damnificados. Consideró el juez que las probanzas adjuntadas, podían ser calificadas como frágiles, inclinándose por aceptar que se trataba no de un mero acto jurisdiccional, sino de una perseción política. Señala la web de Terra: "Un juez de Estados Unidos rechazó hoy la solicitud de extradición del ex militar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar en una matanza de guerrilleros perpetrada en 1972.
El magistrado Robert Dubé dictaminó que las declaraciones de tres personas presentadas por el Gobierno argentino 'no son creíbles', que las pruebas de la defensa de Bravo tienen una probable causa y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen 'delitos políticos'.
Dubé, en su decisión de 21 páginas, dijo también que Bravo fue absuelto tras una investigación efectuada en Argentina.
'Esta solicitud de extradición es denegada y esta corte no emitirá un certificado de extradición a la Secretaria de Estado recomendando que Roberto Guillermo Bravo sea extraditado a Argentina', decidió el juez.
El fallo judicial fue emitido después de que el pasado 29 de septiembre, la defensa del ex militar presentara una moción en la que alegó que el Gobierno argentino carecía de pruebas suficientes para pedir la extradición de su cliente.
También reiteró que la masacre ocurrió tras un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros que trataban de escapar.
El caso se ventiló en un tribunal de Miami donde Bravo, quien tiene la nacionalidad estadounidense, y su abogado Neal Sonnett batallaron por meses contra la solicitud de extradición.
En la última audiencia a mediados de septiembre, el juez escuchó dos testigos de la defensa, el abogado constitucionalista argentino Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.
También admitió 22 pruebas entre las que figuraban informes de la justicia de Argentina sobre la llamada 'masacre de Trelew' e informaciones de prensa sobre las acciones 'terroristas' de los grupos guerrilleros los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Solari, quien conoció de cerca la masacre y el proceso de la dictadura militar de ese momento, dijo que consideraba que el proceso iniciado en contra de Bravo era una 'persecución política contra los militares de Trelew'.
El jurista arguyó que la persona que ordenó el arresto de los militares en 2006 era el director de la oficina de Derechos Humanos del Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y fue abogado defensor de los sobrevivientes de Trelew y de las familias de los fallecidos.
Solari también dijo que Bravo no podía ser juzgado al estar amparado por una ley de Amnistía del 24 de mayo de 1973 que 'hasta el momento está vigente' y aclaró que las amnistías que fueron derogadas son las correspondientes a 1974 y 1982.
Con el decreto 425, agregó, de igual forma fueron absueltos de 'toda responsabilidad' los militares por el hecho de Trelew.
Pero los fiscales dijeron que en la actualidad hay varios ex militares en Argentina que afrontan la justicia por el mismo caso, a lo que Solari respondió que ello se debía a una 'persecución política'.
Los hechos sucedieron en la base naval Almirante Zar de Trelew, a 1.436 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal.
Los insurgentes tomaron el aeropuerto de Trelew, donde fuerzas militares detuvieron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.
El magistrado Robert Dubé dictaminó que las declaraciones de tres personas presentadas por el Gobierno argentino 'no son creíbles', que las pruebas de la defensa de Bravo tienen una probable causa y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen 'delitos políticos'.
Dubé, en su decisión de 21 páginas, dijo también que Bravo fue absuelto tras una investigación efectuada en Argentina.
'Esta solicitud de extradición es denegada y esta corte no emitirá un certificado de extradición a la Secretaria de Estado recomendando que Roberto Guillermo Bravo sea extraditado a Argentina', decidió el juez.
El fallo judicial fue emitido después de que el pasado 29 de septiembre, la defensa del ex militar presentara una moción en la que alegó que el Gobierno argentino carecía de pruebas suficientes para pedir la extradición de su cliente.
También reiteró que la masacre ocurrió tras un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros que trataban de escapar.
El caso se ventiló en un tribunal de Miami donde Bravo, quien tiene la nacionalidad estadounidense, y su abogado Neal Sonnett batallaron por meses contra la solicitud de extradición.
En la última audiencia a mediados de septiembre, el juez escuchó dos testigos de la defensa, el abogado constitucionalista argentino Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.
También admitió 22 pruebas entre las que figuraban informes de la justicia de Argentina sobre la llamada 'masacre de Trelew' e informaciones de prensa sobre las acciones 'terroristas' de los grupos guerrilleros los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Solari, quien conoció de cerca la masacre y el proceso de la dictadura militar de ese momento, dijo que consideraba que el proceso iniciado en contra de Bravo era una 'persecución política contra los militares de Trelew'.
El jurista arguyó que la persona que ordenó el arresto de los militares en 2006 era el director de la oficina de Derechos Humanos del Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y fue abogado defensor de los sobrevivientes de Trelew y de las familias de los fallecidos.
Solari también dijo que Bravo no podía ser juzgado al estar amparado por una ley de Amnistía del 24 de mayo de 1973 que 'hasta el momento está vigente' y aclaró que las amnistías que fueron derogadas son las correspondientes a 1974 y 1982.
Con el decreto 425, agregó, de igual forma fueron absueltos de 'toda responsabilidad' los militares por el hecho de Trelew.
Pero los fiscales dijeron que en la actualidad hay varios ex militares en Argentina que afrontan la justicia por el mismo caso, a lo que Solari respondió que ello se debía a una 'persecución política'.
Los hechos sucedieron en la base naval Almirante Zar de Trelew, a 1.436 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal.
Los insurgentes tomaron el aeropuerto de Trelew, donde fuerzas militares detuvieron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.
( N.de R. : este grupo se apoderó de un avión, con el que se dirigió hacia la vecina República de Chile. Lo que extraña es que nunca el Ministerio Público haya imputado a este grupo, la comisión de un delito internacional, ya que apoderarse de una aeronave, como lo hicieron los prófugos, se encuentra tipificado por la Organización de las Naciones Unidas y es dudoso que pudieran haber sido amnistiados por el Congreso Nacional. Confr.el "Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves" , adoptado por la Conferencia de La Haya del 16 de diciembre de 1970.". En el art.1º de este Convenio, se determina como delito internacional el accionar citado, obligando a los Estados Parte, entre ellos, nuestro país, a penar severamente a quien se apoderare ilícitamente de una aeronave. Al parecer solamente puede imputarse delito internacional a un ciudadano que lleve uniforme.).
Los detenidos fueron llevados a la base naval donde 16 murieron y los restantes sufrieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas, según las autoridades argentinas.
Bravo, un ex teniente de navío de 68 años, fue detenido en Miami en febrero pasado y está en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares.
El ex militar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.(...). (Seleccionado de la web: http://noticias.terra.es/2010/mundo/1103/actualidad/un-juez-de-eeuu-niega-la-extradicion-de-un-ex-militar-argentino-00.aspx)
Los detenidos fueron llevados a la base naval donde 16 murieron y los restantes sufrieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas, según las autoridades argentinas.
Bravo, un ex teniente de navío de 68 años, fue detenido en Miami en febrero pasado y está en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares.
El ex militar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.(...). (Seleccionado de la web: http://noticias.terra.es/2010/mundo/1103/actualidad/un-juez-de-eeuu-niega-la-extradicion-de-un-ex-militar-argentino-00.aspx)
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