El actual ministro de Defensa del Brasil D. Pascual Jobin, defendió la vigencia de la actual ley de amnistía, que beneficia tanto a los subversivos como a los militares que participaron en los eventos revolucionarios de la etapa que nace en 1964 hasta 1985. Aseguró que iniciativas, tales como la que promueven estos grupos, sólo están movidas por la revancha. Seleccionamos esta nota, dado que, al parecer, en el brasil existe algo que impide que las cosas se traten como en la Argentina. Por cierto, Brasil mas que duplica el producto bruto interno de la Argentina. La cuestión, la tiene que resolver el Supremo Tribunal, quien aun no se ha pronunciado. Descartamos que su resolución va a acompañar la medida de amnistía y olvido. En el Brasil, la historia se deja para los historiadores y no se lucra con la memoria de quienes ya no están. Creemos que la maniobra de los intereses subalternos no prosperará. Todo el mundo se dió cuenta que están intentando "defender" una causa noble, mediante la utilización de la Justicia y sus instituciones, para un fin obsceno. Como el Presidente Lula fué detenido durante el régimen militar, al parecer está lejos del revanchismo indigno. Su reacción cauta, medida y digna de un estadista que se precia, se encuentra lejos de la ambigua actitud de otro presidente, quien pretende convencernos de haber sido partícipe de una lucha que no lo ha tenido por protagonista. Lula exhibe una moderación que lo distingue entre sus pares. Lejos del odio, considera que primero está Brasil, su patria. Nos recuerda esa famosa frase: primero la Patria, luego el Movimiento y después los hombres.
"En una sorprendente declaración para un ministro de un gobierno que se hace llamar como progresista, Nelson Jobim, afirmó que una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha. ¿Será que ignora que según convenios internacionales la violación de los derechos huamanos son crímenes que no prescriben?
El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, aseguró que las iniciativas destinadas a procesar a los acusados de torturas durante la última dictadura militar solo están movidas por "la revancha" y no tienen ningún soporte jurídico.
"Una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha", dijo el ministro a la Agencia Brasil (oficial), en relación a un debate que se ha instalado en el país en relación a los crímenes cometidos por el régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985.
El año pasado, la Orden de Abogados solicitó al Supremo Tribunal Federal una revisión de una Ley de Amnistía que fue dictada en 1979, que benefició a los opositores de la dictadura e incluso a los torturadores del régimen.
La demanda, que aún tramita en el Supremo, pide que sea hecha una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía y en especial sobre "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
La Orden de Abogados, que cuenta con respaldo de los organismos de derechos humanos, sostiene que los señalados constituyen crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, no prescriben y deben ser juzgados.
Jobim, que fue presidente del Supremo Tribunal Federal, rebatió esa opinión y dijo que "los tratados internacionales no valen más que la Constitución brasileña", que solo considera imprescriptibles "los delitos de racismo", apuntó.
El ministro también diferenció el proceso brasileño de los que han vivido otros países suramericanos que también sufrieron cruentas dictaduras.
"No se puede comparar con Argentina y Uruguay. En Brasil hubo en 1979 un acuerdo político y una Ley de Amnistía que fue aprobada por el Congreso Nacional", sostuvo Jobim.
También declaró que "hay países suramericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro" y dijo que, en el caso de Brasil, él desea que "las energías sean volcadas al futuro".
La opinión de Jobim coincide con la del actual presidente del Supremo, Gilmar Mendes, quien también se ha manifestado en contra de juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.
Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía solo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a estar preso en tiempos de la dictadura, tampoco es favorable a revisar la Ley de Amnistía.
En septiembre pasado, Lula sentó posición en la polémica y afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en vez de "hablar de quién practicó agresiones".
En opinión del presidente, "los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido".
Vale destacar que en el año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) introdujo una demanda ante la Corte Interamericana contra Brasil, por el caso de la desaparición de 70 personas durante una campaña represiva estatal entre 1972 y 1975.
Ese mismo año, la CIDH falló sobre una demanda en este caso y pidió al Estado brasileño determinar responsabilidades criminales por los desaparecidos, encontrar los restos para darles sepultura y tomar medidas para que la Ley de Amnistía no obstaculizara los procesos penales." ( Blog Viejoblues, un espacio libre )
El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, aseguró que las iniciativas destinadas a procesar a los acusados de torturas durante la última dictadura militar solo están movidas por "la revancha" y no tienen ningún soporte jurídico.
"Una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha", dijo el ministro a la Agencia Brasil (oficial), en relación a un debate que se ha instalado en el país en relación a los crímenes cometidos por el régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985.
El año pasado, la Orden de Abogados solicitó al Supremo Tribunal Federal una revisión de una Ley de Amnistía que fue dictada en 1979, que benefició a los opositores de la dictadura e incluso a los torturadores del régimen.
La demanda, que aún tramita en el Supremo, pide que sea hecha una "interpretación más clara" de la Ley de Amnistía y en especial sobre "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores".
La Orden de Abogados, que cuenta con respaldo de los organismos de derechos humanos, sostiene que los señalados constituyen crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, no prescriben y deben ser juzgados.
Jobim, que fue presidente del Supremo Tribunal Federal, rebatió esa opinión y dijo que "los tratados internacionales no valen más que la Constitución brasileña", que solo considera imprescriptibles "los delitos de racismo", apuntó.
El ministro también diferenció el proceso brasileño de los que han vivido otros países suramericanos que también sufrieron cruentas dictaduras.
"No se puede comparar con Argentina y Uruguay. En Brasil hubo en 1979 un acuerdo político y una Ley de Amnistía que fue aprobada por el Congreso Nacional", sostuvo Jobim.
También declaró que "hay países suramericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro" y dijo que, en el caso de Brasil, él desea que "las energías sean volcadas al futuro".
La opinión de Jobim coincide con la del actual presidente del Supremo, Gilmar Mendes, quien también se ha manifestado en contra de juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.
Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía solo produciría "inestabilidad institucional" en el país.
El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a estar preso en tiempos de la dictadura, tampoco es favorable a revisar la Ley de Amnistía.
En septiembre pasado, Lula sentó posición en la polémica y afirmó que "la mejor venganza contra la dictadura" es "darle visibilidad" a sus víctimas, en vez de "hablar de quién practicó agresiones".
En opinión del presidente, "los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido".
Vale destacar que en el año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) introdujo una demanda ante la Corte Interamericana contra Brasil, por el caso de la desaparición de 70 personas durante una campaña represiva estatal entre 1972 y 1975.
Ese mismo año, la CIDH falló sobre una demanda en este caso y pidió al Estado brasileño determinar responsabilidades criminales por los desaparecidos, encontrar los restos para darles sepultura y tomar medidas para que la Ley de Amnistía no obstaculizara los procesos penales." ( Blog Viejoblues, un espacio libre )
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