¿Qué está esperando la Fiscal General Viviane Morales y qué está esperando el Consejo Superior de la Judicatura para abrir sendas investigaciones en regla, minuciosas y exhaustivas, sobre las escandalosas andanzas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo?
¿Qué están esperando esos altos funcionarios para ordenar el decomiso y el examen de los computadores, archivos digitales y toda la documentación escrita que duerme en las oficinas de ese Colectivo de Abogados? ¿Están esperando que esas personas destruyan, trasladen u oculten esas pruebas?
¿Acaso no hay motivos suficientes para obrar con urgencia?
Los organismos del Estado deberían investigar, además, la nomina completa (no sólo la visible) y el origen de las finanzas del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR), pues esa oficina dispone no solo de abogados sino de gran liquidez y de una flota de vehículos blindados costosísima sin que se sepa de dónde viene todo eso.
En este asunto hay que obrar con agilidad. Las pruebas, como todo el mundo sabe, se pueden evaporar.
Esas dependencias también deberían abrir rápidamente una investigación sobre dos organismos no gubernamentales más, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, pues ellos se unieron al CAJAR para instaurar denuncia, e inducir en error, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de San José, Costa Rica, por los hechos de Mapiripán (15-20 de julio de 1997).
Tras rehusar el diálogo con la prensa, el CAJAR lanzó un comunicado en el que asegura que siempre ha actuado “de entera buena fe”, y que “si alguna de las víctimas mintió, las autoridades deben aclararlo”. ¿De quién se burla el CAJAR? Con esa frase ese “colectivo de abogados” trata de deslizar sobre su cliente, Mariela Contreras Cruz, la responsabilidad del fraude procesal. ¡Qué cinismo!
Mariela Contreras Cruz es testigo de cómo el CAJAR maniobró su versión para poder involucrar a altos militares en un proceso por los hechos de Mapiripán y para obtener la condena del Estado Colombiano en la controvertida Corte Interamericana de Derechos Humanos, y obtener enormes indemnizaciones en dólares.
Son hechos gravísimos que muestran cómo esa oficina, “de conocida filiación extremo-izquierdista”, como advirtió El Mundo, de Medellín, está comprometida en actuaciones muy obscuras. El CAJAR no busca que se haga justicia sino que se haga la justicia que él quiere que se haga.
La señora Contreras explicó cómo fue engañada. Dijo que “los abogados [del CAJAR] se aprovecharon de su ignorancia”. (El Espectador, 28 de octubre de 2011). Según ese diario, el colectivo le ocultó datos esenciales: “Yo no sabía nada de una demanda por una indemnización, yo creía que ellos buscaban a la gente, y eso era lo único que yo quería en ese momento”. “Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos”, agregó. Ella afirma que dijo lo mismo a la Fiscalía pero que ésta la desoyó.
En la audiencia del pasado lunes ante la Fiscalía en Bogotá, Mariela Contreras dijo que alguien en 1997 la había convencido de hacerse pasar por víctima de Mapiripán, a pesar de que ella vivía en otro lugar, en el corregimiento de Juan Rey, y de que su marido había sido asesinado por la guerrilla antes de esa masacre. Sus hijos tampoco habían “desaparecido”. Hugo Fernando y Hugo Armando, están vivos. El primero huyó de la guerrilla en 2008, y el segundo fue miembro de las Farc entre 1995 y 2008. La señora recibió 1.751 millones de pesos por decir esas mentiras. Según ella, alguien la llevó al Colectivo de abogados, allí habló con “un doctor Jaime”. Meses después la llevaron a declarar ante la CIDH. La Fiscal General aseguró que “nueve personas reportadas como muertas en Mapiripán están con vida o murieron en otras circunstancias”.
Otro punto capital es este: “Yo después de muchos trasegares [sic] lo traje a Bogotá y lo presenté ante el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y les dije aquí está mi hijo, ellos se mostraron sorprendidos. El doctor [Eduardo] Carreño [Wilches] habló con él y después de que yo le preguntara cuál era el paso a seguir, él (Carreño) me dijo que “dejáramos así”, contó Mariela Contreras a la prensa, antes de señalar que desconocía “el hecho de que tenía que ir a la Fiscalía”. ¿El CAJAR quiso ahogar ese escándalo? “No pienso volver al Colectivo”, concluyó la señora tras decir que tiene miedo de que alguien atente contra su vida o contra la de sus hijos.
Las revelaciones de Mariela Contreras Cruz confirman las sospechas que muchas personas tenían sobre el accionar del CAJAR. Muchos dicen que esa oficina es el brazo jurídico de la guerrilla. Esas denuncias no habían sido escuchadas por el poder judicial, ni han sido objeto de investigación. Ha llegado la hora de poner fin a ese estado de cosas.
En buena hora la Fiscalía, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, han hecho saber que toman en serio las declaraciones de Mariela Contreras y que obrarán en consecuencia. Esguerra estimó que en el caso de Mapiripán hubo “fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir”. ¿Qué dirá la sala penal de la CSJ? No basta, pues, con suspender los pagos a los familiares de las víctimas e investigar a los presuntos falsos reclamantes.
Saber si hubo 6 o 49 muertos en esa infame incursión de los paramilitares es importante, desde luego, pero no es lo esencial. Lo esencial en este momento es saber por qué una oficina de abogados de Bogotá manipuló el testimonio de una persona humilde y por qué ésta aceptó jugar un papel en esa ilícita operación judicial que terminó en la detención hace 12 años, y en la condena a 40 años de cárcel, de un general de la República, el general (r.) Jaime Uscátegui.
Este siempre clamó su inocencia. Fue absuelto en 2007 después de dos años de investigaciones, pero fue condenado de nuevo en 2009, por insistencia del CAJAR. Uscátegui declaró a RCN (26 de octubre de 2011) que el Mono Jojoy fue quien ordenó que se “maximizaran los hechos de esa masacre” y que al colectivo de abogados “le fue útil no verificar el número de víctimas pues del hecho sólo se encontraron tres cadáveres y las fotos que aparecen en los medios de comunicación de un grupo de cadáveres no corresponden a ese caso”.
En cambio, el coronel Hernán Orozco, quien permitió que las dos avionetas de los paramilitares aterrizaran en una base militar, está libre. Semana lo resumió así: “A pesar de que la Fiscalía ordenó capturar a Orozco el 30 de julio de 2003, no ha ido a la cárcel. Tras declarar contra el general Uscátegui (sostuvo que envió a la Brigada un fax para avisar la llegada de los paras en vísperas de la masacre) el coronel solicitó medidas de protección. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así logró salir a Estados Unidos en enero de 2003, cuando ya estaba sindicado por Mapiripán.”
Debe haber una respuesta a esta pregunta: Si hubo mentiras sobre el número de víctimas de Mapiripán, sobre la “desaparición” y “muerte” de unas personas que después reaparecieron, ¿también hubo mentiras y otras falsedades sobre la responsabilidad del general Uscátegui? ¿Por qué de eso nadie habla? La reducción de la pena concedida en días pasados a Uscátegui no basta: hay que revisar totalmente su proceso.
Debemos saber por qué el coronel Hernán Orozco, condenado a 40 años de cárcel por omisión ante la masacre de Mapiripán, resultó libre en Miami gracias a las intrigas del CAJAR. ¿Compró él con nuevas mentiras esa libertad, a cambio de trasladar a Uscátegui toda la culpa?
Importa saber cómo va a hacer el Estado colombiano para obtener reparación por la condena injusta de que fue objeto en la CIDH y cómo va a hacer para recuperar el dinero que tuvo que desembolsar por un proceso en el que los testigos y los acusadores mintieron.
No sería bueno bajar la guardia y acatar aquello de que el CAJAR devolverá la plata que recibió indebidamente y que con esa devolución todo queda arreglado, como parece ser el punto de vista de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior colombiano. Esa devolución debe ser hecha. Pero es indispensable saber en qué otros procesos los del CAJAR utilizaron otras víctimas falsas, otros testigos falsos y en qué otros procesos las indemnizaciones fueron indebidas.
Es evidente que no estamos ante un hecho aislado. ¿No impulsó el colectivo de abogados varios falsos testigos en el proceso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y en el proceso del general Jesús Armando Arias Cabrales? ¿No es verdad que el CAJAR lleva los casos de los generales Rito Alejo del Rio e Iván Ramírez y del coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¿No es cierto que en todos esos expedientes aparecen falsos testimonios y versiones inverosímiles que tienen el respaldo del CAJAR?
¿No fue el CAJAR quien montó un clima de linchamiento contra el coronel Plazas Vega y quien rompió todas las reglas de la deontología judicial para obtener que lo condenaran a 30 años de prisión a pesar de que ninguna prueba contra él es válida?
El CAJAR interviene de manera vehemente en varios procesos, sobre todo en aquellos donde está en juego la libertad (y hasta la vida) de decenas de militares colombianos y de altas personalidades del Estado.
¿No fue el CAJAR parte civil con Iván Cepeda en la lunática demanda instaurada contra el presidente Álvaro Uribe Vélez en la comisión de acusaciones de la Cámara? ¿No fue el CAJAR quien lanzó contra el presidente Álvaro Uribe Vélez una denuncia ante la Corte Penal Internacional por “traición a la patria”?
El CAJAR está haciendo esas maromas desde hace años. El CAJAR decide, y no sólo en el caso de Mapiripán, cuáles son los hechos que deben ser trabajados por la instrucción y por el juez. El designa quiénes son los culpables, escoge la sanción que debe caerles y, finalmente, cobra unos jugosos dividendos. Y qué importa si los hechos no son hechos sino invenciones, y qué importa si los culpables no son los que son y qué importa si las pruebas que disculpan a éstos no son valoradas, y qué importa si los recursos de los abogados no son oídos y sí sofocados por una cierta jauría manipulada, y qué importa si los inocentes son tratados como no-humanos, y qué importa si los justiciables son condenados por actos que no cometieron y qué importa si las familias de éstos quedan moralmente demolidas para siempre.
Lo que el CAJAR logró hacer con el caso de Mapiripán funcionó perfectamente durante seis u ocho años, pues la maquinaria ya estaba aceitada y los métodos habían sido ya probados. El CAJAR es una filosofía, es un conjunto de mañas solapadas, de técnicas arteras, de métodos inconfesables. Es un estilo de trabajo. En otras palabras: es un modus operandi.
¿Quién puede descartar que en los próximos meses una nueva masacre de las Bacrim, o de narco-guerrilleros, sea aprovechada, como hacían antes con los crímenes de las AUC y hasta de la guerrilla, para castigar injustamente al Estado, a la fuerza pública y a altos mandos, con el subterfugio de la “omisión”?
Esa maquinaria desbocada hay que pararla. Pues ella es productora de calamidades para el país. Es una amenaza contra el debido proceso, contra el sistema político y las libertades. Decenas de ciudadanos y parlamentarios honestos, de héroes militares y de soldados anónimos han sido echados a la cárcel y condenados gracias a falsos testimonios. El país ha sido humillado, el presupuesto nacional ha sido desfalcado. ¿Qué cosa es eso de tener que sacar sumas enormes en dólares de la Defensa nacional para pagar condenas que estaban viciadas, pues los hechos en que éstas se basaban habían sido manipulados?
Por haber representado a las “víctimas” de la Masacre de Mapiripán, el CAJAR se embolsilló, en 2005, según la nueva Defensoría Militar, más de 15 mil millones de pesos, de los cuales le dio a la señora Mariela Contreras y a su familia mil millones y medio. Algunos diarios aseguran que el Estado colombiano sólo ha pagado 5.200 millones de pesos por eso.
En todo caso, eso es sólo una parte de lo que el CAJAR ha recibido como reparaciones. El Estado que él no se cansa de difamar y de mostrar como impulsor de una “política de terror” contra la población civil, contra los “movimientos sociales” y contra las simpáticas guerrillas revolucionarias, paga sin protestar. Algunas veces los miles de millones de dólares no llegan siquiera a las víctimas, sino a otros, como en el caso de Mariela Contreras Cruz, quien no es víctima sino de las guerrillas.
¿En que otro país suceden absurdidades de ese alcance? ¿Qué otro Estado se deja esquilmar de esa manera?
En el más recóndito inicio del desquicio actual de la justicia en Colombia, en la base de la dictadura de los jueces, que la sociedad y los dos otros poderes públicos sufren, está también el Colectivo de Abogados. No es que queramos hacer de esa extraña oficina un fantasma irresistible. El problema es que ramificaciones de esa maquinaria aparecen en numerosos pleitos, lugares y asuntos como en la falsa teoría del “siglo de los jueces”, y en la historia que algunos pretender escribir sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. ¿Sería razonable decir que, además, el CAJAR es completamente ajeno a uso y abuso de la técnica de los “falsos positivos”?
Hay que revisar por eso todos los procesos donde ese siniestro bufete ha metido la mano.
Colombia necesita tener una justicia eficiente y respetuosa de los códigos, de las normas de procedimiento penal y de los principios éticos. Los juicios “populares” actuales, Farc-fascistas, con testigos comprados o suplantados, con investigadores tan politizados como ineptos, con oficinas que logran imponer sus criterios y sus falsas pruebas en sectores claves del aparato judicial, y que consiguen sacar del país a delincuentes a cambio de revelaciones fantásticas, son una amenaza colosal contra el Derecho, son un atentado permanente contra la paz y el orden público.
¿La hora del fin ha sonado para esos colectivos? En Estados Unidos, en todo caso, acaba de ocurrir algo que muestra que las ramificaciones del CAJAR comienzan a perder plumas. La empresa Drummond descubrió que las acusaciones de Terry Collingsworth, abogado de los familiares de tres sindicalistas colombianos asesinados en 2001, apoyado por el CAJAR, tenían como fin favorecer los intereses de la petrolera Llanos Oil Co. Por esa razón, la Drummond demandó esta semana ante una Corte de Alabama a Collingsworth. Según El Tiempo (26 de octubre de 2011) Collingsworth “no sólo enlodó el nombre de la empresa al sugerir que Drummond había entregado fondos a los grupos paramilitares responsables de la muerte de los sindicalistas sino que tenía una ‘relación financiera’ con una compañía holandesa de hidrocarburos que intentó impedir la venta del carbón de Drummond a empresas generadoras de energía en el país”. En otras palabras: en los Estados Unidos, como en Colombia, los derechos humanos, para ciertos avivatos, son únicamente palancas para llenarse los bolsillos.
Fuente: HACER
