En la Argentina, se tiene sumo cuidado en reprimir a quien obstruye dolosamente la vía pública. Cuando el Estado pretenden sancionar penalmente a quienes han cometido un delito criminal, se dice que con este acto, se pretende "judicializar la protesta". Lo que obliga a tolerar que manifestantes, vayan por donde ellos resuelvan ir, molesten a terceros, destrocen comercios, y en fin, hagan lo que a ellos le venga en ganas. No hay manera de convencerlos que sus derechos terminan, donde comienzan los derechos de los otros. Al parecer, esta modalidad que el Estado Argentino ha adoptado, en tales circunstancias, es propia de este país, ya que en otros países no cunde este mal ejemplo de anomia total. Como en Venezuela el Tirano Rojo ya lleva una década de ejercicio dictatorial del poder, posiblemente si pasan unos años, nuestro Gobierno, irá adoptando las medidas que Chavez usa, sin que acá nadie lo critique. El pretexto de que si el Estado usa su fuerza legal, puede ocasionar muertes, dado por un Ministro del Interior, no es válido sino para los ingénuos o los demagógicamente interesados . En Venezuela, en la República Bolivariana, Casa Matriz, al parecer este pensamiento no es compartido por sus autoridades. Allí se aplican, como corresponde, las disposiciones penales pertinentes. Y a nadie se le ocurre ampararse en que no se debe "judicializar la protesta social". Este vulgar pretexto, no es tenido en consideración, en un país cuyo gobierno es amigo de nuestras mas altas autoridades. Los partidarios del dictador deberían tomar en cuenta lo que hace en Venezuela, y pensar que no sería extraño, que en la Argentina imiten al camarada Hugo Chávez, y que las primeras víctimas fueran ellos.
"La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, explicó que algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar" con el fin de "desestabilizar" el gobierno del presidente Hugo Chávez. "A quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno o atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento", dijo Ortega en un comunicado.
Miles de opositores venezolanos manifestaron el pasado sábado en Caracas para protestar por la nueva Ley de Educación, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas por fuerzas de seguridad, cuando al parecer algunos de los participantes intentaron romper el cordón policial que les impedía avanzar hacia la sede de la Asamblea Nacional.
Según Ortega, "dichas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", el cual establece penas de prisión de 12 a 24 años, rezó el comunicado.
"Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", advirtió.
Esta semana, 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que encabeza el opositor Antonio Ledezma, fueron apresados bajo cargos de "lesiones graves y resistencia a la autoridad" durante una protesta en contra de una ley, que aseguran, amenaza sus puestos de trabajo.
"Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública, con cuyas acciones (...) están atentando contra el gobierno constitucionalmente electo", manifestó Ortega.
El dirigente William Ojeda, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, denunció que "se está criminalizando el ejercicio de un derecho como lo es el protestar" y que se utiliza "el sistema de justicia como un instrumento de persecución política e ideológica". (AFP). (Seleccionado de la web colombiana de El Tiempo, del 29-08-09)
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