España No Resarce a quien Atentó Como Terrorista Contra el Estado Español

España denegó una ayuda monetaria, contemplada en la Ley de Memoria Histórica, peticionada por familiares de un condenado a muerte en calidad de autor del homicidio en perjuicio de un oficial de la guardia Civil, evento ocurrido el 16 de agosto de 1975, en razón de que se lo reconoció como integrante de una banda armada, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. La Comisión de Evaluación, creada en función de lo preceptuado por la citada normal legal, resolvió que no correspondía otorgar la ayuda impetrada, por cuanto el terrorista estaba implicado en un acto calificado como tal, por lo que incurre en una "causa especial de denegación". No bien leímos el contenido de la noticia, lo primero que se nos ocurrió fue que en la Argentina, el Estado resolvió, a través de los representantes del pueblo, que se debe "indemnizar" a los familiares de los terroristas ... o sea el mundo al revés. Se determinó que el autor del homicidio, no había obrado "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos". Lo insólito es que estos representantes juraron defender la Constitución Nacional y las leyes que se dictaron en su consecuencia. Creemos que, alentando a quienes atentaron contra el Estado, no contribuye en absoluto, al sostenimiento de las instituciones. Atentar contra el Estado, es delito en cualquier país civilizado de la Tierra. Premiar a quien se alza contra las autoridades constitucionales es delirante. A menos que pensemos que en la Argentina, todos los terroristas actuaron "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos", aunque pensándolo bien, durante el gobierno constitucional encabezado por el general Juan D. Perón, hubo atentados, hubo terroristas que cercenaron vidas, y hubo libertades y derechos democráticos .... y ahora tenemos que pagarlos.... No entiendo nada ... Somos de tercera categoría. Al parecer cuanto mas bajo caemos, mas alta es la suma a pagar.

“La Comisión de Evaluación de la Ley de Memoria Histórica ha denegado las ayudas contempladas en la Ley de Memoria Histórica a la familia de José Luis Sánchez-Bravo Solla, condenado a muerte en un Consejo de Guerra en septiembre de 1975. En el escrito, se fundamenta la negativa en la "implicación" de Sánchez-Bravo Solla en la muerte de un teniente de la Guardia Civil en un acto de terrorismo atribuido al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

En una propuesta de resolución, se especifica que la condena a muerte de Sánchez-Bravo Solla se tramitó por Jurisdicción Militar y "se sustanció por el atentando" perpetrado por las FARP el 16 de agosto de 1975 contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.

En su escrito, la comisión de evaluación recuerda que en enero de 2001 el Ministerio del Interior concedió una indemnización a los familiares del guardia civil Pose Rodríguez, víctima de un atentado en el que estuvo "implicado" José Luis Sánchez-Bravo Solla como miembro del FRAP. En este sentido, la resolución señala como una "causa especial de denegación" la pertenencia a banda armada del "causante o beneficiario" de las ayudas de la Ley de Memoria Histórica.

La comisión de evaluación fundamenta la negativa a la concepción de las ayudas a Sánchez-Bravo Solla en el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica (aprobada en 2007), que reconoce el derecho a una indemnización de 135.000 euros para quienes fallecieron durante el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977 "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos".

"El fallecimiento del señor Sánchez-Bravo Solla -recoge el escrito- no guarda relación con una circunstancia de reivindicación y defensa de las libertades y derechos democráticos, sino con la ejecución de una pena capital impuesta al causante porque en el procedimiento sumarísimo se apreció su participación en el asesinato de un guardia civil".

La resolución asegura que el FRAP es un "grupo terrorista" a partir de un informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, elaborado el 14 de mayo de 2009, que refleja que esta agrupación "fue una organización revolucionaria que recurrió al terrorismo para lograr sus objetivos". "Estas circunstancias llevan a apreciar la concurrencia de pertenencia del causante a banda o grupo armado", asevera.

Este escrito pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido en el plazo de un mes o impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, conforme al artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (Seleccionado de la web del diario español El Mundo, del 16-06-2009)

Argentina Carece de Libertad de Expresión y de Prensa

Creemos oportuno, poner a consideración de nuestros lectores, un artículo extraído de una web venezolana, donde se hace referencia a un informe, relacionado con la Libertad de Prensa. Este informe, reviste fundamental importancia, habida cuenta el origen del mismo. Sin embargo, en nuestro país, la Argentina, nadie se tomó el trabajo de reproducirlo. El origen de tal omisión es que se critica entre otros países, a la Argentina. Se señala a los países que no gozan de Libertad de Prensa ni de Libertad de Expresión. Lo singular de esta nota, es que nos revela el procedimiento, común a un núcleo de países, donde a sus gobiernos, no les interesa respetar y hacer respetar la libertad citada. La detallada síntesis de los procedimientos arbitrarios que se usan, nos asombra e indigna. A pocos días del acto eleccionario, creemos que es valioso que la ciudadanía tome nota de la valoración que hicieron organismos internacionales muy respetados y reputados. Como en la Argentina, no se le dio la importancia que tiene, creemos que tal "detalle" es la mejor carta de presentación.

"A mediados de mayo, los cuatro relatores para la libertad de expresión de la ONU, OEA, Europa (Organización para la Seguridad y Cooperación) y África (Comisión Africana de Derechos Humanos), nada menos, emitieron una declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones. En síntesis, reclamaron la vigencia de la libertad de expresión como condición imprescindible e ineludible para garantizar y legitimar los actos electorales. En otras palabras, los relatores dijeron que no se puede hablar de elecciones libres y democráticas si no hay libertad de prensa.

La noticia paso casi desapercibida. Sin embargo, el reclamo o advertencia de los relatores tiene hoy más vigencia que nunca, por cuanto, sobre todo en la región, se da por hecho que si hay elecciones, hay democracia. No importa cómo se llevaron a cabo. En qué contexto, quienes las controlaron y particularmente si los ciudadanos, los votantes, contaron con todas las posibilidades para saber qué y a quienes iban a votar, y a quiénes y para qué les iban a delegar su poder. ... desde siempre se ha sostenido con solida base jurídica, que una de las formas de fraude más efectiva y disimulada es el que se concreta en el tiempo previo a las elecciones. Esto es, a través del abuso de poder : persecuciones judiciales, fiscales o de las que sean necesarias a opositores ; uso sin límites del aparato del Estado; utilización de los dineros públicos favoreciendo con publicidad oficial a los medios amigos, destinando fondos a los dirigentes aliados y directamente entregando dinero o regalos a electores, en especial a los menos pudientes, y por supuesto, restringiendo la libertad de expresión mediante el ataque a la prensa y periodistas independiente, a los medios opositores y usando los medios públicos a gusto y gana a favor de los candidatos del poder.

Es precisamente sobre esto último que versa la declaración de los relatores. Ellos reclaman garantías para la pluralidad de los medios de comunicación y derogar las leyes que restrinjan indebidamente la libertad de expresión y las normas que atribuyen responsabilidad a los medios de comunicación por difundir declaraciones realizadas directamente por partidos políticos o candidatos.( Para casos concretos, Venezuela es un ejemplo bien ilustrativo).

Piden los altos funcionarios establecer sistema efectivos para prevenir amenazas y agresiones contra los medios. (Sobre este punto conviene profundizar con especialistas como Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, Uribe y Ortega).

También reclaman los relatores que se aprueben leyes que prohíban la asignación discriminatoria de la publicidad oficial basada en la opinión política. (Para más datos ver Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua).

Para los medios de comunicación públicos, es decir , los del Estado, los que en la práctica se manejan desde el gobierno de turno, los relatores dicen que deben estar obligados a informar el electorado, respetar reglas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio y asegurar el acceso equitativo a todos los partidos políticos y candidatos. (En este aspecto sería interesante un estudio comparativo sobre lo que pasa en Argentina, Venezuela, Nicaragua y todos aquellos países donde existen medios públicos)

Es una declaración que vale la pena difundir. Sería bueno, por ejemplo, que Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se la hiciera llegar al Secretario General de la organización. Quizás, el doctor Insulza, terminados los festejos por sus recientes éxitos, le podría echar una vichadita a ese documento y ya de paso, también a la Carta Democrática de la OEA. (Seleccionado de la web venezolana de Globovisión - 05-06-09).

Presupuestos Arbitrarios y Gobernantes Demagógicos, Como en la Argentina ...

En España, recordemos una vez mas, el oficialismo socialista P.S.O.E.), sostiene y aplica los mismos postulados que acá sostienen, nuestras autoridades económicas. Llama la atención al punto que el intríngulis es averiguar quién imita a quién. Hasta han confeccionado un presupuesto general que, como en la Argentina, es una sarta de mentiras y un alarde prodigioso de imaginación, elevado al morbo. Como dentro de pocos días, vamos a elegir nuestros representantes, es nuestro deseo que la nota adjunta, sirva como mínimo, para establecer comparaciones, en este caso no son odiosas, para de esta forma juzgar el accionar de nuestros funcionarios, sus falsedades y su discurso alejado sideralmente de la realidad. Indudablemente el conocido "ïndice Moreno", no debe ser un invento nuestro. Como los programas televisivos, indudablemente nuestras autoridades copian de otros países ya que, puestos de cabeza, no se les cae una sola idea en materia económica.

Reseña el artículo que hemos seleccionado: "Las mentiras del PSOE en cuanto a la situación económica no tienen efectos únicamente políticos. Es evidente que la manipulación de los datos y la tergiversación de los hechos han ayudado a los socialistas a obtener más votos de los que habrían merecido en los diversos comicios electorales. Sin embargo, la historia no termina ahí. Las consecuencias de la mentira no se restringen a su permanencia en el poder, sino que tarde o temprano terminan mostrando su cara más amarga.

Los Presupuestos Generales de 2009, aprobados después de la quiebra de todo el sistema financiero estadounidense (momento que Zapatero suele utilizar para datar el punto de inflexión a partir del cual ya nadie podía dudar y negar la crisis), estaban basados en la absolutamente irreal previsión de que la economía española crecería durante ese ejercicio un 1%. Dicho de otra manera, se asumía optimistamente que los ingresos tributarios apenas caerían un 0,1% y que las necesidades de emitir deuda pública para atender desembolsos extraordinarios no superarían los dos puntos porcentuales.

Obviamente, las crisis económicas se caracterizan justo por lo contrario: la recaudación fiscal se desploma, los gastos, especialmente los más ligados a la coyuntura (como el subsidio de desempleo), tienden a dispararse y, por tanto, las necesidades de endeudamiento explotan. Si el Gobierno hubiese abandonado sus mentiras y hubiese reconocido que España decrecería cerca de un 5% como, siendo optimistas, sucederá este año, tendría que haber aprobado ingentes recortes presupuestarios para cuadrar sus cuentas. No lo hizo así; propagó a los cuatro vientos la falacia de que los presupuestos estaban basados en un análisis realista de la economía y descartó cualquier imprescindible medida de austeridad. ...

La divergencia entre la cruda realidad de la crisis y las previsiones risueñas del Ejecutivo ha provocado una carestía de fondos en las arcas públicas, hasta el punto de que el Estado ya se está endeudando para atender gastos corrientes. ¿Y cómo es posible que nuestros gestores hayan errado tanto en el balance de la Administración Central? Pues simplemente por lo que ya hemos explicado: previsiones disparatadas sobre el crecimiento económico les llevaron a expectativas igualmente engañosas sobre la evolución de ingresos y gastos. Frente a la caída esperada de la recaudación de un 0,1%, hasta abril el IVA ya lo había hecho en un 33%, el IRPF en un 12% y Sociedades en un 28%. Y ante este hundimiento de los ingresos, ¿cómo se está comportando el gasto público? ¿Acaso, como sería deseable y de esperar en esta coyuntura, también se está reduciendo? No, aumenta en casi un 3%.

Que el PSOE ha tratado de engañarnos parece evidente a estas alturas; lo que ya no está tan claro, aunque las cifras así lo sugieren, es que se engañaran a sí mismos. En cualquier caso, no parecen dispuestos a rectificar: para 2010 afirman que la economía sólo decrecerá un 0,3% y para 2011 ya apuntan a una recuperación del 1,8%. Si ahora no hay dinero, espere a dentro de unos años. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital, del 13-06-09)

Quema de Conventos ... y de Blibliotecas y Aulas ...

La Guerra Civil en España. no se inició de la noche a la mañana, sino que, en virtud del inmoral accionar de ciertos políticos, se fue creando un clima favorable a la violencia que conspiró, al principio, contra la paz social, para luego tomar incremento hasta desembocar en el citado conflicto. A pesar de las décadas transcurridas, en España no se ponen de acuerdo todavía quien fue el Bueno y quien fue el Malo de esta película. Como advertimos, en casos similares, no está demás que tomemos ejemplo de lo que ocurrió allí hace alrededor de 70 años. Nos permitirá establecer con precisión lo que está bien hechoy lo que está mal, para no repetir los errores que condujeron a esta catástrofe. ¿Lo podremos hacer?

"La mayoría de la gente tiene hoy la imagen de la República proyectada por una historiografía muy politizada: un régimen de izquierdas llegado con la misión de solucionar una serie de problemas ancestrales nacidos de la incuria y los privilegios de la derecha. ..."

Fueron los políticos derechistas Alcalá-Zamora y Maura quienes unieron a los republicanos y los impulsaron a tomar el poder, y lo hicieron con el fin no de cumplir supuestas "misiones", sino de instaurar una democracia normal, con posibilidad de alternancia entre derechas e izquierdas y solución de los problemas según dictase el voto mayoritario. La iniciativa de dichos dos políticos tuvo otro doble efecto de alcance: debilitó a los monárquicos y calmó la desconfianza de gran parte de la opinión pública ante los conocidos mesianismos republicanos. Gracias a ello la República "advino" entre el entusiasmo de unos, la confianza de otros y sin ninguna oposición significativa (salvo la de los comunistas, muy pocos por entonces).

Maura y Alcalá-Zamora conocían el mesianismo y las manías antirreligiosas de las izquierdas, pero creían poder neutralizarlas mediante el establecimiento de unas libertades generales, elecciones libres y la participación activa de las derechas en el proceso republicano. Y había otro hecho alentador: el PSOE constituía, con gran diferencia, la fuerza más potente, organizada y disciplinada del nuevo régimen, tanto en la izquierda como en la derecha. Debía esa ventaja, como hemos observado, a su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera.

(N.de R.: aunque parezca mentira, aunque Vds. no puedan creerlo: el actual P.S.O.E. colaboró con una dictadura. En la actualidad, "lo olvidaron" y pretenden dar lecciones de moral y de democracia.).

Pues bien, bajo la dictadura los socialistas habían renunciado en la práctica a sus violentos extremismos anteriores, inclinándose por la moderación socialdemócrata. Lógicamente, esa tendencia debía acentuarse en la República, un régimen más afín a sus aspiraciones, convirtiendo al PSOE en un decisivo factor de equilibrio.

Esas expectativas razonables iban a recibir enseguida un tremendo golpe: la llamada "quema de conventos". El 11 de mayo, antes de un mes desde la ocupación del poder por los republicanos, las turbas izquierdistas comenzaron en Madrid una oleada de incendios de edificios religiosos, tras un frustrado intento de asaltar el diario monárquico ABC.

Típicamente, la agresión comenzó fabricando un incidente por la supuesta emisión de la Marcha Real desde un piso de monárquicos (algo perfectamente legítimo, si realmente ocurrió), y difundiendo bulos sobre el imaginario asesinato de un trabajador por el marqués de Luca de Tena. Métodos usados desde las matanzas de frailes del siglo XIX, so pretexto de que envenenaban las fuentes públicas.

Todo indica que, como el 13 de abril, los incendiarios salieron del Ateneo, convertido desde meses atrás en centro de agitación republicano con fuerte influencia masónica.

Los incendios cundieron los días siguientes por Andalucía y Levante, dejando un balance final de unos cien edificios destruidos, incluyendo iglesias, varias de gran valor histórico y artístico, centros de enseñanza como la escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros, donde se habían formado profesionalmente miles de trabajadores, o el colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros; escuelas salesianas, laboratorios, etc. Ardieron bibliotecas como la de la calle de la Flor, una de las más importantes de España, con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón, colecciones únicas de revistas, etcétera; o la del Instituto Católico de Artes e Industrias, con 20.000 volúmenes y obras únicas en España, más el irrecuperable archivo del paleógrafo García Villada, producto de una vida de investigación. Quedaron reducidas a cenizas cuadros y esculturas de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano, etcétera, así como artesonados, sillerías de coro, portadas y fachadas de gran antigüedad y belleza… Un desastre casi inconcebible.

Pero lo más revelador fue la reacción del Gobierno y de las izquierdas. Azaña paralizó en seco cualquier intento de frenar los disturbios, arguyendo: "Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano". Alcalá-Zamora, jefe del Gobierno provisional, escribe con amargura en sus memorias: "La furiosa actitud de Azaña planteó, con el motín y el crimen ya en la calle, la más inicua y vergonzosa crisis de que haya memoria". Pero omite su propia actitud contemporizante y amedrentada, reseñada en cambio por Maura. A los pocos días, en una reacción final muy desmesurada cuando el mal estaba hecho, el Gobierno declaró el estado de excepción y movilizó al Ejército, cesando instantáneamente los desmanes. Unas pocas compañías de la Guardia Civil habrían bastado para impedirlos.

Las izquierdas en general justificaron las tropelías atribuyéndolas "al pueblo", y culpando a las derechas por haber "provocado a los trabajadores". El Socialista amenazaba: "Si de algo han pecado los representantes de la revolución victoriosa es de excesivas contemplaciones con los vencidos" (no habían vencido a nadie, los monárquicos les habían regalado el poder).Viejo talante, que identificaba al pueblo con unas turbas de delincuentes y, lógicamente, a las mismas izquierdas con semejante "pueblo". Aún más graves que los incendios resultó esta clara inclinación de las izquierdas a vulnerar la ley y amparar las violencias so pretexto de un pretendido carácter popular.

La Iglesia y los católicos protestaron, pero sin violencia. Ello no aplacaría a las izquierdas, que lo interpretaron como signo de flojera y mantuvieron su agresividad. Contra toda evidencia, siguieron acusándolos de violentos e intolerantes, manifestando al mismo tiempo burla y desprecio hacia ellos y sosteniendo, con sorna contradictoria, que la misma Iglesia había provocado adrede los disturbios, para desprestigiar a la República.

Pero la casi increíble mansedumbre de la reacción derechista, debida en parte a su desorganización, no impidió que en aquel momento se abriese una grieta profunda en la opinión pública. Quienes desconfiaban del nuevo régimen vieron confirmados sus temores, y muchos que lo habían recibido con tranquilidad, incluso con alborozo, mostraron su preocupación. Entre ellos Ortega. Empezaron también las conspiraciones monárquicas en el Ejército, aunque tan irrelevantes como las republicanas anteriores.

No cabe exagerar las consecuencias políticas, bien descritas, tardíamente, por Alcalá-Zamora: los incendios crearon a la República "enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de Holanda. Se envenenó la relación entre los partidos". Calla otro efecto, oculto pero no menos trascendental: su pusilánime gestión de la crisis al frente del Gobierno le hizo perder el liderazgo moral y político de la derecha, y esa frustración le llevaría a sabotear a los nuevos líderes de Acción Popular, con efectos finalmente trágicos.

En cuanto a Maura, ministro de Gobernación, había intentado atajar a tiempo los desmanes, sin conseguirlo, por la oposición de Azaña y las izquierdas y la indecisión de Alcalá-Zamora. A partir de entonces, "dejé prácticamente de ser ministro de un Gobierno para pasar a ser cabo de vara o loquero mayor de un manicomio suelto y desbordado", empeñado en "la lucha a brazo partido con las bandas de insensatos que estaban hiriendo de muerte a un régimen recién nacido, régimen que les había devuelto las libertades y derechos".

Cualquier historiador de mediana solvencia ha de dar a estos hechos su importancia política y psicológica, pero no suele ser así. Beevor los menciona muy de pasada, tergiversándolos y sin entrar en detalles:

"Estos disturbios obligaron finalmente al gobierno provisional a decretar la ley marcial y reprimir con dureza a los revoltosos. Pero la derecha no olvidaría nunca la frase que se atribuyó a Azaña de que todas las iglesias de España no valían la vida de un solo republicano".

Por algo el grupo Prisa y Santos Juliá han promocionado con tanto fervor el libro de Beevor. Todavía lo empeora Javier Redondo en la historia publicada por El Mundo:

"La tensión se extiende por toda España y el Gobierno es censurado por monárquicos y católicos por su debilidad. En la mañana del día 11 los disturbios se recrudecen y la ira popular se concentra contra la Iglesia y particularmente contra los jesuitas. Arden varios conventos, iglesias y centros religiosos".

Redondo llama "ira popular" a las tropelías de grupos de criminales, identificando (es tradición, como hemos visto) al pueblo con la delincuencia. Bennassar, más drástico, simplemente ignora el crucial episodio, refiriéndose meramente a la "indiferencia" de Azaña ante los incendios. Desde luego, queda muy en cuestión su aserto de un Azaña dedicado a "gobernar con la razón". Otros, incluso de derecha, atribuyen a la Iglesia una "reacción excesiva"…

Ninguno observa la reacción pacífica de los católicos ante agresión tan brutal y premonitoria, ni la crisis abierta en la opinión pública, ni las consecuencias políticas generales. Tengo la impresión de que estas omisiones encajan con el presupuesto de que, en definitiva, las izquierdas tenían cierto derecho a sus violencias, pues venían a resolver grandes problemas del país y la Iglesia constituía un obstáculo a sus bellos proyectos. Esos historiadores simpatizan, más o menos claramente, con los mesianismos de entonces y, de un modo u otro, hacen suya la democrática advertencia del periódico izquierdista La Época a las derechas: "Callen y aguanten. La vida es así. Y hay que aceptarla como es".

Tampoco menciona casi ninguno de esos historiadores la gran cantidad de libros y bienes culturales e históricos quemados por tan "populares" delincuentes, amparados de hecho por el Gobierno; acaso porque esa realidad suscita dudas sobre el mito de unos republicanos muy intelectuales y decididos elevar el nivel cultural de la población. Quede ese tema para otro artículo. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital, de un artículo del historiador D.Pío Moa)