España No Resarce a quien Atentó Como Terrorista Contra el Estado Español

España denegó una ayuda monetaria, contemplada en la Ley de Memoria Histórica, peticionada por familiares de un condenado a muerte en calidad de autor del homicidio en perjuicio de un oficial de la guardia Civil, evento ocurrido el 16 de agosto de 1975, en razón de que se lo reconoció como integrante de una banda armada, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. La Comisión de Evaluación, creada en función de lo preceptuado por la citada normal legal, resolvió que no correspondía otorgar la ayuda impetrada, por cuanto el terrorista estaba implicado en un acto calificado como tal, por lo que incurre en una "causa especial de denegación". No bien leímos el contenido de la noticia, lo primero que se nos ocurrió fue que en la Argentina, el Estado resolvió, a través de los representantes del pueblo, que se debe "indemnizar" a los familiares de los terroristas ... o sea el mundo al revés. Se determinó que el autor del homicidio, no había obrado "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos". Lo insólito es que estos representantes juraron defender la Constitución Nacional y las leyes que se dictaron en su consecuencia. Creemos que, alentando a quienes atentaron contra el Estado, no contribuye en absoluto, al sostenimiento de las instituciones. Atentar contra el Estado, es delito en cualquier país civilizado de la Tierra. Premiar a quien se alza contra las autoridades constitucionales es delirante. A menos que pensemos que en la Argentina, todos los terroristas actuaron "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos", aunque pensándolo bien, durante el gobierno constitucional encabezado por el general Juan D. Perón, hubo atentados, hubo terroristas que cercenaron vidas, y hubo libertades y derechos democráticos .... y ahora tenemos que pagarlos.... No entiendo nada ... Somos de tercera categoría. Al parecer cuanto mas bajo caemos, mas alta es la suma a pagar.

“La Comisión de Evaluación de la Ley de Memoria Histórica ha denegado las ayudas contempladas en la Ley de Memoria Histórica a la familia de José Luis Sánchez-Bravo Solla, condenado a muerte en un Consejo de Guerra en septiembre de 1975. En el escrito, se fundamenta la negativa en la "implicación" de Sánchez-Bravo Solla en la muerte de un teniente de la Guardia Civil en un acto de terrorismo atribuido al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

En una propuesta de resolución, se especifica que la condena a muerte de Sánchez-Bravo Solla se tramitó por Jurisdicción Militar y "se sustanció por el atentando" perpetrado por las FARP el 16 de agosto de 1975 contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.

En su escrito, la comisión de evaluación recuerda que en enero de 2001 el Ministerio del Interior concedió una indemnización a los familiares del guardia civil Pose Rodríguez, víctima de un atentado en el que estuvo "implicado" José Luis Sánchez-Bravo Solla como miembro del FRAP. En este sentido, la resolución señala como una "causa especial de denegación" la pertenencia a banda armada del "causante o beneficiario" de las ayudas de la Ley de Memoria Histórica.

La comisión de evaluación fundamenta la negativa a la concepción de las ayudas a Sánchez-Bravo Solla en el artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica (aprobada en 2007), que reconoce el derecho a una indemnización de 135.000 euros para quienes fallecieron durante el periodo transcurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977 "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos".

"El fallecimiento del señor Sánchez-Bravo Solla -recoge el escrito- no guarda relación con una circunstancia de reivindicación y defensa de las libertades y derechos democráticos, sino con la ejecución de una pena capital impuesta al causante porque en el procedimiento sumarísimo se apreció su participación en el asesinato de un guardia civil".

La resolución asegura que el FRAP es un "grupo terrorista" a partir de un informe de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, elaborado el 14 de mayo de 2009, que refleja que esta agrupación "fue una organización revolucionaria que recurrió al terrorismo para lograr sus objetivos". "Estas circunstancias llevan a apreciar la concurrencia de pertenencia del causante a banda o grupo armado", asevera.

Este escrito pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido en el plazo de un mes o impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, conforme al artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (Seleccionado de la web del diario español El Mundo, del 16-06-2009)

Apareció el Terrorismo de Estado en Bolivia

Vemos, no sin cierta dosis de asombro, que en Bolivia, actúa el denominado por la Argentina Terrorismo de Estado. Se estarían repitiendo en la hermana república, los actos oportunamente condenados por el gobierno de la Argentina, constituyentes de violación de los Derechos Humanos. Tales actos no merecieron absolutamente ninguna condena de nuestro gobierno. Creemos que el prudente silencio al respecto, persistirá ya que Evo Morales "es un amigo".

Lamentablemente no podemos menos que concluir de tal forma puesto que noticias que llegan de allí, indican que grupos armados integrados por funcionarios estatales, encapuchados, se han llevado a ciudadanos, sin exhibir orden escrita de autoridad competente. La noticia, en la Argentina, no ha merecido el trato que debiera dispensársele. En efecto, en numerosas ocasiones los organismos defensores de los derechos humanos, hicieron notar su defensa inclaudicable de ellos. Pero, al parecer, esta defensa es de cabotaje y se limita, en el ámbito de nuestro país, al selecto grupo constituído por subversivos o amigos de ellos. Como el gobierno de Bolivia es simpatizante de la subversión, amigo de Fidel Castro y admirador de Hugo Chávez, se comprende la actitud inane, de tales organismos. Por otra parte, no podemos dejar de lado que, al parecer, cuando es un amigo quien comete Terrorismo de Estado, rigen todas las excusas absolutorias existentes y por inventar.

Refiere la web española del diario Libertad Digital: “La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), ha respaldado al vicario apostólico de Pando, el obispo Luis Morgan Casey, en su condena de las violaciones a las libertades fundamentales cometidas por militares encapuchados que en horas de la madrugada detuvieron a doce personas en el departamento de Pando. Según informó la prensa, once personas fueron apresadas en Cobija (Pando), en la madrugada para llevarlas a La Paz, acusadas de la muerte de quince simpatizantes del Gobierno durante los enfrentamientos del 11 de septiembre del año pasado."
(Zenit/ReL) "Las detenciones fueron realizadas por los militares, en plena madrugada, y sin presentar órdenes judiciales. Entre los detenidos hay dos periodistas y autoridades de Porvenir.
Ante estos hechos, la CEB recordó el 18 de febrero que en Bolivia rige "un estado de derecho y normas legales correspondientes" que asegura "los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos".
En ese sentido, el episcopado pidió al Ministerio Público "precautelar la integridad de los detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de responsabilidades".
Los obispos recordaron que "la reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamiento".
El episcopado expresó su solidaridad "con los familiares de las personas detenidas y auguramos que la paz y tranquilidad retornen finalmente a este departamento".
Por su parte, el vicario apostólico de Pando, monseñor Casey, expresó su indignación y protesta por las detenciones y señaló que de acuerdo a los relatos de familiares y medios de comunicación, las detenciones se realizaron con violencia, atropellando las libertades y derechos fundamentales de las personas.
"Las acciones de efectivos militares con el rostro cubierto y fuertemente armados, la hora del operativo, el allanamiento de domicilios, la violencia física contra los detenidos y sus familias y las agresiones a menores inocentes hacen aún más deplorables dichos actos", expresó.
Monseñor Casey recordó que "no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos", por lo que exigió "respetar la integridad física y psicológica de los detenidos" e informar a las familias y a la opinión pública "el lugar y situación en la que se encuentran".
"La Iglesia Católica denuncia estos actos por considerarlos ofensivos para todo ser humano y para Dios mismo. La dignidad humana es sagrada porque las personas somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya", señaló”.. (Seleccionado de la web española de Libertad Digital del 26-02-09) .

El pasar por alto la noticia que antecede, es un equivalente al criticado "Algo habrán hecho ..." conocido en la Argentina en los años 70.